Polémica por los impuestos: la paradoja de una propuesta oficial y las advertencias sobre el actual sistema fiscal

Los porcentajes prácticamente coinciden. El 84% de los responsables de impuestos en empresas medianas y grandes del país que participaron de una encuesta consideran que en 2023 subirá la presión fiscal. Y el 82% de esos mismos referentes dicen que las firmas para las cuales trabajan tienen saldos a favor por tributos provinciales, algo que inmoviliza fondos que podrían estar volcados a sus actividades.

La magnitud de lo que debe pagarse para cumplir con las obligaciones fiscales y la complejidad de los esquemas recaudatorios del Estado en sus diferentes niveles, con los efectos negativos que este último rasgo genera, son grandes temas que, desde hace años, aparecen como ejes de preocupación en las empresas. Los datos consignados en primer párrafo son parte de los resultados de la encuesta anual de impuestos de la consultora KPMG, que confirma una mirada pesimista que persiste desde hace, por lo menos, cinco años.

Siempre según lo expresado por el grupo de 58 CFO y especialistas impositivos de firmas participantes de la encuesta –que se hizo entre fines de noviembre y principios de enero–, un efecto concreto de las percepciones sobre el esquema tributario se ve, de manera contundente, en las decisiones de inversión.

Con esas afirmaciones de quienes gestionan la actividad privada en la Argentina chocan de frente con las declaraciones hechas por el nuevo jefe de asesores presidenciales, Antonio Aracre, quien, en una entrevista con LA NACION, señaló, en referencia a la necesidad de recursos para afrontar las erogaciones del Estado: “Hasta tanto crezcamos y la base imponible sea lo suficientemente alta para que la recaudación sustente ese gasto, ¿no tendremos que buscar algún nuevo tributo?”.

Las declaraciones del funcionario, en todo caso, dan sustento a la consideración de ocho de cada diez consultados, que dijeron, tal como se consignó en el primer párrafo, que es esperable para este año un incremento de la presión tributaria.

El informe de resultados del relevamiento de KPMG consigna que solo 3,6% de las empresas desarrolló un plan de inversiones en 2022 y que el 50% desinvirtió y señaló, como el motivo, al marco fiscal. Para 2023, el 64% sostuvo que mantendrá sus inversiones en el país, y el 30% dijo que la intención es reducirla.

No todo parece ser igual, de todas formas, cuando se miran diferentes segmentos de la actividad. Ante una pregunta sobre medidas de incentivos fiscales que muestren ser útiles, el mayor reconocimiento fue para las políticas destinadas a la economía del conocimiento: el 57% de los entrevistados identificó políticas de promoción para ese sector, que, de hecho, tiene una ley propia y que abarca el desarrollo del software, las producciones audiovisuales, la biotecnología y varios servicios profesionales, entre otros rubros.

Y, al tiempo que pocos dijeron percibir políticas impositivas de promoción para la industria o para actividades relacionadas con la exportación, casi ninguno de los encuestados reconoció medidas que incentiven la inclusión financiera de la población, una meta que contribuiría a enfrentar uno de los principales problemas que tiene la Argentina tanto en el plano fiscal como en el social: la muy elevada incidencia de la economía informal.

El impacto en los precios

En línea con esa última conclusión, la carga fiscal sobre los débitos y créditos bancarios –más conocida como el impuesto al cheque–, es una de las tres más elegidas por los responsables de los tributos en las compañías, cuando se les pide identificar cuáles son las que impactan con mayor fuerza en la formación de precios de los bienes y servicios. En la edición más reciente de la encuesta, el 52% de las respuestas apuntó a Ingreso Brutos como el gravamen con mayor impacto. Ganancias (20%) y el impuesto a los débitos y créditos bancarios (9%) fueron los otros dos más votados.

Ingresos Brutos es un impuesto provincial que está considerado, desde hace años, altamente distorsivo por sus efectos sobre la inflación y la actividad. Hay al menos tres razones para esa calificación negativa. Una es la forma en que se aplica, porque alcanza a todas las etapas de la producción y comercialización de un bien –incluso, a servicios vinculados, como los financieros–, con lo cual la carga se va calculando sobre valores que ya tienen incluido el impuesto que se agregó en etapas previas del proceso. Otra razón es su base imponible, que no contempla los ingresos de forma neta. La tercera cuestión está en sus efectos regresivos, porque, por su impacto en los precios, perjudica en mayor medida a los sectores que destinan al consumo un mayor porcentaje del ingreso; es decir, a los de menores recursos.

A todo ello se suma la existencia de muchos regímenes de recaudación, con esquemas de retenciones y percepciones que generan mayores gastos de gestión y saldos a favor de las empresas. Según el informe de KPMG, la generalización de la inmovilización de recursos que implican esos saldos “es altamente perjudicial”. Para muchas firmas, se sostiene, es una de los principales problemas en materia tributaria.

En 2017, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se habían comprometido, al firmar un pacto fiscal (suscripto por todas las jurisdicciones, con excepción de San Luis), a emprender un camino de reducción de alícuotas de Ingresos Brutos, que incluía la eliminación de las cargas en algunos casos, y que debía finalizar en 2022. El acuerdo fue anulado tras la llegada de Alberto Fernández a la presidencia. Y un nuevo pacto dejó habilitados incrementos muy significativos de la presión fiscal.

“Ingresos Brutos nunca queda estable, siempre hay suba de alícuotas o creación de regímenes de retención y percepción, y 2022 no fue la excepción”, afirma Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos de KPMG. Incluso, recuerda, en el tiempo en que rigió el pacto del gobierno de Mauricio Macri hubo subas de alícuotas. Fue así porque, en la primera etapa de vigencia del acuerdo (la única en que rigió, de hecho), algunas jurisdicciones tenían alícuotas más bajas que las que comprometidas y, por tanto, hubo margen para aumentarlas.

En comparación con ediciones anteriores, la encuesta más reciente mostró una caída del porcentaje de quienes consideran que Ingresos Brutos es el tributo con más influencia en los precios y, como contrapartida, subió en las respuestas la participación de un impuesto nacional, Ganancias. Según Quiroga Lafargue, esa percepción puede deberse al hecho de que, si bien se permite ahora un ajuste por inflación para determinar el impuesto a las ganancias, la actualización no resulta ni integral ni suficiente. Y el contexto es el de una economía en la que la variación del índice de precios se aceleró y cerró 2022 en un 94,8%.

De todas maneras, el analista señala que Ingresos Brutos sigue liderando el mencionado ranking, al tiempo que el 98% de los encuetados cree que hay poco o ningún interés de las provincias para atraer inversiones con incentivos tributarios. Advierte, además, que la presión fiscal provincial impacta en la existencia de limitaciones “en la oferta de bienes y servicios para los residentes”, porque hay empresas que deciden restringir su operación en determinadas jurisdicciones. Y señala que resulta “bastante improbable el éxito de una reforma fiscal con foco en la productividad y el desarrollo, si no se hace una readecuación de Ingresos Brutos”.

Qué iniciativas políticas se reclaman

A las complejidades que muestra esa carga de carácter provincial se suma que, tanto en ese nivel como en el nacional, y según consideran nueve de cada diez encuestados, las normas tributarias son publicadas sin que previamente se hagan estudios y se logren consensos con cámaras empresariales para una implementación adecuada. Eso es relevante porque, según destaca Quiroga Lafargue, la previsibilidad queda ubicada en el primer puesto, cuando los referentes de impuestos son consultados respecto de qué iniciativas de políticas fiscales serían positivas para promover la inversión.

“Lo más votado por los encuestados no implica necesariamente una rebaja impositiva, sino tener al menos un horizonte de previsibilidad, con 10 años sin aumentos de gravámenes nacionales y provinciales”, indica el informe. Lo segundo más elegido es reducir las alícuotas de Ingresos Brutos; lo tercero, disminuir las cargas patronales en las contrataciones laborales; lo cuarto, que se permita considerar el impuesto a los movimientos bancarios como pagos a cuenta de IVA y Ganancias, y en quinto lugar aparece la necesidad de contar “con una mayor objetividad de las autoridades fiscales provinciales y de la justicia provincial” en la materia.

Puestos a calificar del 1 al 10 el grado de objetividad de un grupo de organismos e instituciones, los encuestados le dieron la mejor nota, aunque baja, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con 6,64 puntos, en promedio. Le siguieron el Tribunal Fiscal de la Nación (6,09), la AFIP (5,25) y la AGIP, el organismo de recaudación de la Ciudad de Buenos Aires (5,18). Más abajo quedaron la Justicia provincial (4,7) y la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, ARBA (4,07).