¿A qué se refiere la solicitud de privilegio ejecutivo presentada por Trump con respecto al 6 de enero?

WASHINGTON — La facultad del expresidente Donald Trump de mantener en secreto información de su Casa Blanca se convirtió en un tema central esta semana en la investigación que está realizando el Congreso sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero por parte de sus partidarios, lo cual destacó aspectos legales que no han sido probados acerca del privilegio ejecutivo.

El lunes, Trump demandó al presidente de la comisión de la Cámara de Representantes a cargo de la investigación sobre el 6 de enero y al director de los Archivos Nacionales y Administración de Documentos, en un intento por impedir que el Congreso acceda a los documentos de la Casa Blanca que podrían delatar sus acciones y mensajes antes y durante la revuelta. El martes, esta comisión especial votó para proponer acusar de desacato al tribunal a Steve Bannon, asesor externo de Trump, por desobedecer una orden de comparecencia.

Este es un desglose de la problemática.

¿Qué es el privilegio ejecutivo?

Es una facultad constitucional que solicitan los presidentes para impedir que los otros dos poderes del gobierno tengan acceso a cierta información interna del poder ejecutivo, sobre todo mensajes confidenciales en los que participa el presidente o que intercambian sus altos asesores.

Aunque la Constitución no menciona esta facultad de secretismo, la Corte Suprema la ha reconocido como algo implícito en la carta fundacional. La idea es que el temor a una futura divulgación de la información podría perjudicar la capacidad de los presidentes para llevar a cabo sus deberes constitucionales al desalentar la honestidad de los debates y las recomendaciones que reciben.

Una solicitud válida del privilegio ejecutivo puede ser un fundamento jurídico legítimo para desobedecer una orden de comparecencia del Congreso que tenga como fin proporcionar documentos o prestar testimonio.

¿Es válida la solicitud de privilegio ejecutivo presentada por Trump?

Es posible que no lo sepamos durante mucho tiempo, si es que acaso llegamos a saberlo.

No es clara la línea constitucional entre la facultad de secretismo de un presidente y la autoridad del Congreso para investigar; además, hay pocos lineamientos de parte de la Corte Suprema. Históricamente, estas controversias se han resuelto a través de acuerdos, no mediante fallos judiciales.

No obstante, Trump ha seguido la estrategia de no cooperar y usar la lentitud del litigio y las apelaciones para dejar correr el reloj. Si la Corte Suprema no emite un fallo antes de las elecciones intermedias de 2022 y los republicanos vuelven a controlar la Cámara Baja, es muy probable que la nueva mayoría republicana deseche cualquier juicio civil antes de que haya una respuesta definitiva.

Incluso en ese caso, es probable que continúe cualquier proceso penal entablado por el Departamento de Justicia de Joe Biden. Por separado, los demócratas de la Cámara de Representantes han introducido una ley en respuesta a la presidencia de Trump que, entre muchas otras cosas, aceleraría las demandas para hacer cumplir las órdenes de comparecencia del Congreso para obtener información del poder ejecutivo.

¿El privilegio ejecutivo es una facultad absoluta?

No. Ni siquiera una solicitud legítima de privilegio ejecutivo puede imperar siempre en el tribunal si existen consideraciones constitucionales que se contrapongan.

Por ejemplo, durante el escándalo de Watergate en 1974, la Corte Suprema hizo cumplir la orden de que el presidente Richard Nixon entregara las grabaciones de sus conversaciones en el Despacho Oval y rechazó su solicitud de un “privilegio presidencial absoluto e irrestricto de inmunidad ante procesos judiciales bajo cualquier circunstancia”. Los jueces dictaminaron que, en ese caso, la necesidad judicial de usar las cintas como evidencia en un juicio penal superaba el interés público de Nixon en la confidencialidad, sobre todo debido a que el asunto no tenía que ver con secretos militares ni diplomáticos.

¿Los expresidentes pueden apelar al privilegio ejecutivo?

Sí, pero es posible que los tribunales muestren menos deferencia a su solicitud que a la de un presidente actual.

En un caso de 1977 que impugnaba una ley relacionada con el control de los expedientes de la Casa Blanca del entonces gobierno de Nixon, la Corte Suprema dijo que Nixon podía solicitar privilegio ejecutivo a pesar de haber dejado el cargo.

“Rechazamos el argumento de que solo un presidente en funciones pueda invocar esa solicitud y sostenemos que el solicitante, como expresidente, también puede hacerla valer”, escribió la Corte.

¿Y qué sucede si el presidente actual está en desacuerdo?

Los jueces tomarán en consideración ese desacuerdo cuando evalúen la solidez de la solicitud del expresidente.

En el caso de 1977, en el que se impugnó la ley sobre el control de los expedientes de la Casa Blanca en el mandato de Nixon, la Corte Suprema señaló que sus sucesores —Gerald Ford, en una etapa inicial del caso, y Jimmy Carter al final— no respaldaron su solicitud. Además, a pesar de decir que se le permitió a Nixon hacer valer el privilegio ejecutivo como expresidente, la Corte falló en su contra.

No obstante, la Corte también insinuó que tal vez Nixon podría impedir la publicación de algunos de sus documentos en el futuro. Sin embargo, Nixon nunca intentó hacerlo y no ha habido ningún caso en la Corte Suprema sobre el acceso a información específica que conlleve algún desacuerdo entre un presidente actual y un predecesor relacionado con el privilegio ejecutivo.

¿Biden respalda la invocación que hace Trump a ese privilegio?

No. El presidente Joe Biden se ha negado a hacer valer el privilegio ejecutivo para impedir que se divulguen los materiales de su predecesor vinculados con el 6 de enero, más bien dio órdenes a los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de facilitárselos al Congreso 30 días después de notificar a Trump, salvo que haya alguna disposición de la Corte en contra.

También este mes, la abogada de la Casa Blanca, Dana Remus, le dijo en una carta al director de los Archivos Nacionales y Administración de Documentos que Biden decidió que, bajo estas circunstancias (la necesidad de que se dé “una explicación completa” sobre el “intento sin precedentes de impedir la transferencia pacífica del poder” con el fin de “garantizar que jamás vuelva a suceder nada parecido”), el hecho de no facilitarles esos documentos al Congreso ni a la población no contribuía al bien público.

“La protección constitucional del privilegio ejecutivo no debe usarse para ocultar, ni del Congreso ni de la población, información que muestre un intento claro y evidente de desvirtuar la Constitución misma”, escribió Remus.

¿El privilegio ejecutivo ampara a Steve Bannon?

No se sabe. Si algún hecho de desacato se convierte en un procedimiento judicial en contra de Bannon, se plantearía el nuevo problema jurídico de si se puede extender la solicitud de privilegio ejecutivo, o hasta qué punto, a los mensajes entre un presidente y un asesor informal externo al gobierno.

Aunque Trump les dijo a sus excolaboradores que no cooperaran con la comisión a cargo de la investigación del 6 de enero porque era confidencial la información que requerían los legisladores, Bannon había renunciado a su puesto anterior en la Casa Blanca, o había sido despedido, en agosto de 2017. Puesto que Bannon no pertenecía al poder ejecutivo en el momento de sus comunicaciones con Trump, acerca de las cuales el Congreso desea obtener información, su caso plantea un cariz para el cual no existen muchos precedentes determinantes.

¿Qué es el desacato al Congreso o al tribunal?

Es una sanción que se impone a quienes desobedecen las órdenes de comparecencia o las órdenes judiciales de proporcionar documentos o prestar testimonios, y que puede devenir en encarcelamiento.

En el caso de los testigos citados a comparecer ante el Congreso, los legisladores pueden hacer valer esos requerimientos al acusar de desacato a las personas citadas que se resisten. Para llevarlo a cabo, primero debe votar el comité investigador que emitió el citatorio para proponer acusar a esa persona de desacato al Congreso y, posteriormente, toda la Cámara vota si hacerlo o no.

El Congreso también podría presentar sus propias demandas contra las personas que desobedecen sus órdenes de comparecencia y pedirles a los jueces que les ordenen acatar las órdenes de comparecencia. Si el testigo desobedece las órdenes judiciales, los jueces pueden acusarlo de desacato al tribunal.

¿Qué castigo recibe una persona acusada de desacato?

Por sí sola, una acusación de desacato al Congreso no implica sanciones que vayan más allá del daño a la reputación, pero después el Congreso puede referir esos hechos al Departamento de Justicia y solicitar cargos de naturaleza penal por desacato. Si el poder ejecutivo acepta proseguir con el caso y los fiscales consiguen una condena, el acto de desobedecer una orden de comparecencia del Congreso es un delito menor que se castiga con una multa de hasta 1000 dólares y un periodo de hasta doce meses en la cárcel.

Además, si el Congreso interpone una demanda y convence a algún juez de ordenarle a un testigo obedecer la orden de comparecencia —y el testigo no logra revocar esa orden con una apelación— una acusación judicial de desacato al tribunal también podría dar origen a una multa, el encarcelamiento o ambas cosas.

¿El privilegio ejecutivo puede proteger a alguien de una acusación de desacato?

Sí. Puede eximir a un testigo renuente de la obligación legal a obedecer una orden de comparecencia.

Si los tribunales apoyaran una solicitud de privilegio ejecutivo sobre la información que requiere el Congreso, ese hecho anularía la orden de comparecencia y cualquier consecuencia derivada de desobedecerla.

© 2021 The New York Times Company