Restaurantes de California reúnen firmas para impugnar la nueva ley laboral de comida rápida

Una coalición de empresas restauranteras anunció el lunes que reunió suficientes firmas para impugnar una nueva ley de California que crearía un concejo laboral respaldado por el Estado para fijar los salarios y las condiciones de trabajo en el sector de la comida rápida.

Save Local Restaurants, una coalición que se opone a la ley, dijo que presentó más de un millón de firmas para posponer la ley e incluir un referendo en la boleta electoral de noviembre de 2024.

Los condados tendrán ahora ocho días hábiles para proporcionar un recuento a la oficina del secretario de Estado. Los oponentes necesitan unas 623,000 firmas válidas.

Si el total a nivel estatal alcanza la cantidad requerida, los condados tendrán 30 días hábiles para verificar las firmas a través de un muestreo aleatorio. Un número suficiente de firmas válidas permitiría incluir una pregunta en la boleta electoral de 2024 en la que se preguntaría a los electores si la ley debe entrar en vigor.

También pudiera dar lugar a una costosa batalla entre los sindicatos y la industria de la comida rápida, con un gasto de cientos de millones de dólares. Save Local Restaurants recaudó más de $13.7 millones entre enero y septiembre pasados. Marcas corporativas como Starbucks, Chipotle y McDonald’s han aportado $2 millones cada una.

La ley, conocida como FAST Recovery Act, crearía un concejo laboral, el primero del país, para fijar los salarios y las normas laborales de los trabajadores de la comida rápida. La normativa del concejo aplicaría a todas las cadenas de restaurantes con al menos 100 locales en Estados Unidos y pudiera fijar en $22 la hora el salario mínimo de los trabajadores de la comida rápida para el año próximo.

La ley entraría en vigor el 1º de enero, después de que el gobernador Gavin Newsom la promulgara el pasado septiembre. Pero un día después, los oponentes presentaron un referendo para detener la formación del concejo. Argumentan que la ley provocaría un aumento de los precios de los alimentos y nuevas cargas reglamentarias para los propietarios de franquicias.

“La Ley FAST tendría un enorme impacto en los californianos, y claramente los votantes quieren opinar sobre si debe mantenerse... no es de extrañar que más de un millón de californianos hayan expresado sus preocupaciones en relación con la legislación”, dijo la coalición en un comunicado.

Los partidarios afirman que la ley daría voz a los trabajadores en la regulación de un sector de la economía estatal que emplea a más de medio millón de personas.

Service Employees International Union, que ha estado apoyando a los trabajadores de comida rápida, dijo que las empresas están “tratando de silenciar las voces de medio millón de trabajadores afroamericanos y latinos para aumentar sus ganancias multimillonarias”.

“Es aborrecible que estas corporaciones ya hayan gastado millones de dólares en un intento de engañar deliberadamente a los electores de California y acabar con el progreso que los trabajadores de la comida rápida han ganado”, dijo la presidenta del SEIU, Mary Kay Henry, en un comunicado. “El proceso de referendo de California ha sido completamente tomado por las corporaciones que piensan que pueden comprar el derecho a anular las leyes que no les gustan y eximirse de la rendición de cuentas”.

SEIU presentó denuncias ante la Fiscalía General y la Secretaría de Estado de California en octubre. El sindicato alegó que la coalición violó las normas electorales estatales y engañó “deliberadamente” para que se firmara la petición de referendo. En videos grabados por los organizadores del SEIU, se oye a los encargados de recolectar firmas decir falsamente a la gente que, al firmar la petición, ayudarán a aumentar el salario mínimo a $22 la hora para los trabajadores.