“Resulta impostergable”: una empresa controlada por el Estado mostró la crítica situación de las empresas que distribuyen gas por el congelamiento tarifario

El Gobierno ya puso en marcha la segmentación de tarifas con el objetivo de disminuir los subsidios al sector, que en el acumulado del año ya suman $1,6 billones (US$9000 millones). Se trata de un incremento nominal de 72% con relación al mismo período de 2021, según los datos oficiales del Ministerio de Economía.

Sin embargo, los incrementos tarifarios derivados de la segmentación no son los únicos que habrá el año próximo, ya que el Gobierno también debe definir cuál será la actualización que tendrán los ingresos de las empresas distribuidoras y transportistas de gas y electricidad, cuyo servicio también se ve reflejado en las boletas. Entre estas compañías se encuentran Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS, que solicitaron aumentos de sus ingresos de hasta 187%, derivado del atraso tarifario de los últimos tres años.

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Las boletas de gas están compuestas por cuatro elementos: el costo de producir e importar el gas en sí, que explica entre el 55% y el 37% del valor final de la factura (dependiendo si el usuario es de ingresos altos y paga el costo total, o si es de ingresos medios y recibe subsidio); el del transporte a los centros de consumo, que representa entre el 8% y 15%; el de la distribución a los hogares y emisión de la factura, que significa entre 13% y 24%, y los impuestos municipales, provinciales y nacionales, con un peso de 24%.

De los cuatro segmentos, el Gobierno anunció este año la segmentación de tarifas para disminuir los subsidios sobre el gas, para que los hogares paguen más por el costo promedio de producirlo e importarlo.

El servicio de distribución y transporte no tiene subsidios del Estado. Las empresas se financian con las tarifas que les aprueba el ente nacional regulador del gas (Enargas). El próximo 4 de enero se realizará una audiencia pública para definir los nuevos aumentos para transportistas y distribuidoras, y las empresas debieron presentar informes de su estado de situación. Cada una advierte que “resulta impostergable” actualizar los ingresos, luego de que este año se aprobara una suba del 40% en marzo (cuando la inflación acumulada ya supera el 85%) y 26% en 2021, cuando la inflación fue 50,9%. En 2020 directamente no hubo aumentos.

“Considerando la inflación sostenida de público conocimiento y los consecuentes incrementos de los costos que debe afrontar mi representada para una operación segura y confiable de los activos bajo la licencia, que han sido muy superiores a los previstos al momento de otorgar los ajustes tarifarios de junio 2021 y marzo 2022 (Resoluciones ENRG 151/21 y 69/22), se hace imprescindible para esta Distribuidora requerir a Ud. una urgente adecuación tarifaria transitoria de su margen de distribución que contemple esta situación”, planteó en su informe Metrogas, distribuidora cuyo accionista principal es YPF, la petrolera bajo control estatal.

Metrogas es la distribuidora más grande del país . En la documentación presentada ante el Enargas, admite una ruptura en la cadena de pagos, ya que, ante una actualización de sus ingresos muy por debajo de la inflación en los últimos años, le debe $24.798 millones a YPF y a la empresa estatal Enarsa, que, adicionando sus intereses, alcanza la suma de $46.723 millones.

La distribuidora, además, advierte que también se ve afectada en su capital de trabajo por los “atrasos del Estado Nacional en el pago de los subsidios implementados por la Resolución MINEM 508/17 [el programa de estímulos a la producción que había lanzado el exministro de Energía Juan José Aranguren], verificándose en los últimos meses una mayor demora en el pago del concepto mencionado, que a noviembre de 2022 asciende a $1027 millones”.

Finalmente, señala que entre febrero 2019 y fin de año se le debe un ajuste de sus ingresos de 257%, que surge de la diferencia entre el índice de precios mayoristas y los aumentos otorgados en los últimos cuatro años. “Este aumento resulta necesario para que la empresa pueda afrontar sus necesidades operativas y financieras durante el próximo año”, indicó.

Camuzzi Gas Pampeana, la distribuidora que brinda servicio a La Plata, entre otras localidades, indicó que la falta de actualización de sus ingresos significó, según su informe, una nueva postergación de inversiones y un incremento de deuda con los productores de hidrocarburos de $3899 millones.

“Esta distribuidora puso de manifiesto la necesidad IMPERIOSA (sic) de contar con una Asistencia Económica Transitoria, de manera de garantizar la sostenibilidad de su flujo de fondos a fin de poder mantener la cadena de pagos con los productores de gas”, dijo Camuzzi, que propuso un incremento promedio de la tarifa de transición de sus ingresos de 187%.

Además, pidió que haya un nuevo incremento de la tarifa de distribución cada tres meses, ajustada por el índice de precios internos al por mayor. “De no efectuarse estos ajustes, con costos crecientes y tarifas fijas, se volverá a romper la cadena de pagos con los proveedores de gas”, agregó.

Naturgy también enfatizó en el atraso para actualizar sus ingresos entre febrero de 2019 y diciembre de 2022, cuando en el mismo período, el salario mínimo vital y móvil (SMVM) subió 448%, y pidió un ajuste de 189%, que equivale a una suba final en tarifas de 60%.

Las empresas transportistas, TGN y TGS, por su parte, pidieron aumentos de tarifas de 148% y de 125%, respectivamente, para el año 2023. “No estamos pidiendo toda la inflación desde el congelamiento de la tarifa, en abril 2019, que es 349,2%. Con el 148% estamos pidiendo menos de la mitad de la inflación acumulada (es decir, de lo que nos correspondería). En los primeros nueve meses de 2022, pese al incremento del 60% otorgado en marzo de este año, tuvimos una pérdida operativa de $2981,38 millones”, dijeron en TGN.

Críticas al Enargas

Las distribuidoras resaltaron en sus informes que, mientras el Enargas autorizó aumentos de tarifas para las empresas muy por debajo de la inflación, cuando tuvo que actualizar las tasas de fiscalización y control, que son los ingresos del ente, aplicó subas incluso por arriba del índice de precios.

“Como otro elemento de comparación sobre el incremento de los costos de servicios públicos, la tasa de fiscalización y control del Enargas tuvo un incremento del 31% en 2020, del 90% en 2021 y del 113% en 2022. Se recuerda que, para el mismo lapso, el incremento del margen de distribución ha sido del 26% en junio de 2021 y del 40% en marzo de 2022, poniendo de relieve la gran pérdida de poder de compra y, por lo tanto, el deterioro en todos los indicadores económicos y financieros de la compañía, hecho que como ya hemos expresado en numerosas ocasiones, requiere de una urgente e importante recomposición, exclusivamente para el mantenimiento de los niveles de prestación del servicio y de su cadena de pagos a todos sus proveedores y empleados”, indicó Naturgy.

Camuzzi, por su parte, directamente publicó el gráfico que muestra cómo la tasa de fiscalización y control creció por encima del IPC y de la tarifa de distribución. “Para igualar la tarifa de distribución a la tasa de fiscalización y control en estos cuatro años, resultaría necesario un incremento de la tarifa de distribución del 221% ”, señaló.

Y agregó: “En 2018, el importe pagado en concepto de Tasa de Fiscalización y Control representó el 1,7% del margen bruto anual de la compañía, en tanto en 2022 dicho porcentaje aumentó al 3,9%”.