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Securitas admitió pago de coimas millonarias por contratos en organismos públicos

La empresa de seguridad privada Securitas admitió en la Justicia haber pagado coimas millonarias a funcionarios entre 2014 y 2018 para hacerse con contratos de servicios de vigilancia en distintos organismos públicos nacionales, empresas estatales y hasta dependencias del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, Tucumán y CABA.

En el expediente que lleva adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ya hubo más de 50 allanamientos en todo el país y se detuvieron a nueve personas.

La investigación comenzó en 2020 cuando la empresa decidió denunciar a sus propios exdirectivos porque "abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban", consignaron en la presentación judicial, según reveló el diario La Nación.

Fuentes judiciales citadas por el mismo medio detallaron que los pagos indebidos que aceptó Securitas fueron desde el 2014 al 2018, es decir, durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, aunque se investigan episodios desde el 2012.

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La lista de organismos donde la empresa admitió el pago de coimas incluye al Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), el SENASA, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También, en la empresa estatal de aguas AYSA.

Entre los casos de coimas denunciadas se mencionan dependencias provinciales, como la empresa energía ENERSA, de Entre Ríos, la Policía de la Provincia de Tucumán, y la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada de Buenos Aires o la Policía Bonaerense -ambos casos, durante la gobernación de María Eugenia Vidal-.

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En el expediente ya hubo más de 50 allanamientos en todo el país y se detuvieron a nueve personas.

Por qué la autodenuncia y cómo y para qué se pagaban las coimas

En el momento de la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en Estocolmo, Suecia.

Actualmente, la filial local ha sido adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especializado en mercados emergentes. Fuentes familiarizadas con la investigación afirmaron que la nueva gestión no tiene relación con los "pagos indebidos".

Las conclusiones presentadas por los representantes de la empresa ante la Justicia fueron el resultado de una investigación interna iniciada por Securitas AB tras una denuncia de una ex empleada dentro del llamado "programa de integridad" de la firma.

Los detenidos por la Justicia, hasta el momento, ocuparon todos cargos gerenciales en la empresa, pero ya no están vinculados a ella.

Los pagos detectados tienen múltiples formatos y van desde erogaciones de 20 mil pesos mensuales hasta pagos por 42 millones de pesos. Incluso, la empresa de seguridad privada recurrió a empresas fantasma para disimular algunas erogaciones (como en el caso de ENERSA o el SENASA). Los sellos de goma simulaban supuestas consultorías facturadas para ocultar las coimas.

Los pagos ilegales apuntaron, en su mayoría, a dos cuestiones: la primera, intentar renovar, mantener o acceder a contratos públicos. La segunda, a agilizar trámites, como el caso de habilitaciones en el que se menciona a los "Registros de Guardias de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia", el Registro de la Propiedad Automotor de la PBA o el Provincial de Armas. También hubo casos más particulares: pagos para agilizar cuestiones claves para la actividad, como la obtención de certificados para que los agentes puedan portar armas o para contar con policías de respaldo en alguna vigilancia puntual.