La ex TGLT sufre fallo adverso en la justicia de Nueva York

A pesar de haber modificado su razón social de TGLT a GCDI, una de las principales desarrolladoras inmobiliarias de la Argentina sigue sufriendo situaciones conflictivas a partir de sus operaciones.

En este caso, se trata de un fallo parcialmente adverso en una causa en su contra iniciada en la corte del Distrito Sur de Nueva York, por no haber cumplido con el pago de los intereses de una serie de Obligaciones Negociables (ON) que lanzó en agosto del 2017 y que vencen en el mismo mes del 2027.

La investigación fue iniciada en los tribunales de esa ciudad norteamericana tras una denuncia presentada por la Merking Family Foundation (MFF) y Tennembaum Living Trust (TLT), que realizaron la denuncia contra la desarrolladora y The Bank of New York Mellon.

La ex TGLT, en la mira de la justicia por una serie de obligaciones negociables

Ambas entidades fundamentaron el reclamo mediante un escrito presentando en el tribunal y en el que alegan que el 18 de agosto del 2020 deberían haber cobrado u$s900.000 por intereses sobre esas ON, pero que finalmente no recibieron porque el directorio de TGLT entendió que no era lo que correspondía, ya que los títulos habían sido convertidos en acciones.

A través de una carta enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa informó sobre el estado de la causa que involucra las ON convertibles con vencimiento el 3 de agosto de 2027 y que fueron emitidas en el marco del contrato de Indenture de la misma fecha y su enmienda del abril de 2019.

Al respecto, los abogados de GCDI explican que, como paso procesal previo al dictado de la sentencia, el tribunal interviniente "ha emitido sus determinaciones sobre los hechos y el derecho aplicable ("Finding of Fact and Conclusions of Law"), concluyendo que los demandantes continúan siendo propietarios de las ON convertibles y que por causa de ello corresponde el pago de intereses desde que se llevó a cabo su conversión obligatoria en acciones". Adicionalmente, el tribunal rechazó el pedido de pago de honorarios requerido por los fondos a la vez que el tribunal ordenó a las partes que presenten antes del 31 de julio próximo una propuesta de sentencia consistente con las citadas determinaciones o una carta conjunta que identifique cualquier cuestión adicional en disputa que impida el dictado de una sentencia.

GCDI es dueña de importantes emprendimientos como el edificio Astor ubicado en San Telmo.

En este sentido, desde GCDI aclaran que no comparten las conclusiones judiciales y que aguardarán el dictado de la sentencia antes de definir junto a sus asesores legales en Nueva York los próximos pasos procesales a adoptar.

GCDI contra la justicia de Nueva York: antecedentes del fallo

En el 2018, TLT había comprado ONs por u$s15 millones, mientras que MMF llegó a los u$s3 millones y, de acuerdo al contrato de emisión original, el 18 de agosto del 2020 deberían haber recibido u$s750.000 y u$s150.000 respectivamente.

Pero la ex TGLT modificó los términos del acuerdo basado en la necesidad que tuvo la desarrolladora de iniciar un proceso de reestructuración de una deuda por u$s150 millones en ON que logró culminar en diciembre del 2020.

Un año después de presentada la demanda, el juez de Nueva York, John P. Cronan había desestimado una presentación de la sociedad en un fallo parcialmente contrario, ya que además decidió dejar sin efecto la pretensión de los demandantes por la cual afirmaban que, al enmendar la emisión original, la empresa violó el acuerdo por entender el contrato de fideicomiso no se aplica ya que las ON convertibles se emitieron a través de una colocación privada, y no por medio de una oferta pública.

Además, determinó que el umbral de conversión obligatorio no era en sí mismo un término esencial del contrato original, rechazando de esta manera las afirmaciones de los demandantes de que, al enmendar el umbral de conversión obligatorio, el contrato suplementario había afectado términos esenciales contenidos en el acuerdo original.

Sin embargo, lejos de dar por finalizada la investigación, el magistrado norteamericano entendió que se mantenían las condiciones para continuar con la causa.

La compañía también tiene desarrollos inmobiliariios en Uruguay.

Cronan consideró que los demandantes habían alegado "con verosimilitud" que esa determinación debe ser objeto de mayor análisis, a través de la continuación del juicio a ese respecto.

Para los fondos, el contrato establecía que las ON podían ser convertidas compulsivamente en acciones solo en caso de una oferta pública inicial (IPO, por su sigla inglesa) en los Estados Unidos.

Pero una asamblea de tenedores convocada por la empresa para iniciar el proceso de reestructuración de su deuda modificó los términos de la "oferta pública inicial" por la de un "umbral de oferta pública calificada".

En este sentido, los denunciantes cuestionaron la falta de participación de esa asamblea y advirtieron no haber dado el consentimiento para los cambios del contrato inicial.

También aseguraron que las modificaciones los privaron "ilegalmente" de sus derechos en virtud de normas que garantizan a los titulares de ON "del derecho a recibir el pago del principal y los intereses en la forma y el momento en que se adeuden y a entablar una demanda para la ejecución de dicho pago, y disponen además que dichos derechos no pueden verse menoscabados sin el consentimiento de ningún titular afectado".

La ex TGLT enfrenta varias demandas

La denuncia no es la única que acumula la ex TGLT en los últimos años. En julio del 2020, la CNV abrió un sumario a partir de un inusual movimiento de acciones de la sociedad que, en solamente cuatro días, pasaron de un volumen promedio de 500.000 papeles a cinco millones, llevando el precio de $3,50 que costaban el 21 de julio de ese año, a un pico de $12,95, para colocarse por estas horas en torno a los $6,40, equivalentes a 0,05 centavos de dólar, según el precio actual del Contado con Liqui (CCL).

Federico Well dejó de presidir la compañía, se llevó 30 millones en acciones y luego demandó a la exTGLT por salarios pendientes.

Incluso, durante los meses de mayo, junio y julio el volumen de su acción aumentó de manera notoria con respecto a los meses anteriores. Semejante cambio, hizo que la CNV abriera una investigación con el objetivo de descartar sospechas sobre la operatoria.

No era la primera vez que los papeles de TGLT despertaban sospechas y dudas entre los operadores bursátiles y los accionistas del mercado local. Algo similar ocurrió en febrero del 2020, cuando cerró un canje por el cual pasó de 80 millones de acciones a 925 millones de acciones ordinarias que mayoritariamente fue suscripto por sus acreedores que, en gran parte eran los mismos accionistas mayoritarios como IRSA o el New York Mellon Bank, entre otros.

En el caso del grupo que lidera Eduardo Elsztain, actualmente controla cerca del 30% el capital de TGLT, luego de haber canjeado 24 millones de acciones Clase A de un dólar cada una por 218 millones de acciones ordinarias a relación de una acción Clase A por 9,09 acciones ordinarias.

Para concretar esta operación, IRSA aportó el terreno denominado Maltería Hudson que había comprado en el 2018 por u$s8 millones y que, en el marco de este canje de acciones, fue cotizado en u$s24 millones.

En el caso del New York Mellon, controla el 60% del total, pero se trata de un banco que representa a otro grupo de inversores o accionistas no identificados. El resto de los papeles quedaron en manos de otros accionistas y en formato de ADS que cotizan en los Estados Unidos.

A partir de estos cambios, Federico Weill dejó de presidir la compañía y se quedó con un premio consuelo de 30 millones de acciones. Y tras haber sido el principal accionista de la ex TGLT, en la actualidad no parece estar involucrado ya en la operatoria de la compañía.

Pero pasado un año de su alejamiento, presentó una demanda laboral por $288,3 millones, en concepto de despido y cobro de salarios pendientes contra la propia desarrolladora que creó en el 2005 con el objetivo de canalizar fondos especulativos y que en el 2018 cerró la compa de la constructora Caputo, por u$s130 millones y que pertenecía a la familia de Nicolás Caputo, amigo íntimo y socio político del ex presidente Mauricio Macri.