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Transportista de oro de Miami se declara culpable en caso de lavado de dinero en Sudamérica y el Caribe

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El propietario de una empresa de transporte acusado de desempeñar un papel de apoyo en un plan de contrabando de oro que abarcaba a Sudamérica, el Caribe y el sur de la Florida se declaró culpable el lunes de presentar documentos aduaneros falsos que ocultaban el verdadero origen del oro, que se importaba a través del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Jesús Gabriel Rodríguez Jr., presidente ejecutivo de la empresa de camiones blindados Transvalue Inc. con sede en Doral, admitió como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad que ayudó a importar a Estados Unidos miles de kilos de oro valorados en $140 millones desde Curazao, a sabiendas de que la documentación aduanera representaba falsamente su origen. Los registros mostraban de forma falsa que el oro se enviaba desde las Islas Caimán para que pareciera que no procedía de Curazao, que es conocido como centro de comercio ilícito de oro extraído en Sudamérica, incluida la cercana Venezuela. Revelar que el oro se enviaba realmente a través de Curazao es una infracción de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.

Al declararse culpable, Rodríguez enfrenta dos años de prisión en lugar de los 20 años que le correspondían por la acusación anterior de confabulación para lavar dinero. Pero Rodríguez, de 45 años, podría ser condenado a menos tiempo el 4 de abril ante el juez federal de distrito Darrin Gayle porque aceptó su responsabilidad y acordó cooperar con las autoridades, según los términos del acuerdo alcanzado entre el abogado defensor Michael R. Band y el fiscal Walter Norkin.

Rodríguez también aceptó renunciar a $267,817 como parte de su acuerdo. La cantidad representa el aumento de valor de su empresa de transporte de carga y sus ingresos personales por los delitos, según los registros judiciales.

El fiscal federal Tony González dijo que Rodríguez era uno de los “participantes clave” en el amplio caso de lavado de dinero, que se dio a conocer hace casi cinco años con el arresto de tres intermediarios del área de Miami acusados de importar ilegalmente oro de Perú y otros países sudamericanos por valor de $3,600 millones. Rodríguez podría ser el último acusado en ser procesado en ese caso, que puso en la mira a Miami como una de las principales capitales de importación de oro y a la devastación por la extracción del metal en la selva tropical en Sudamérica. El caso, por su amplitud geográfica y complejidad financiera, supuso una investigación conjunta de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la DEA, el FBI y el IRS.

“Los ejecutivos de empresas que facilitan el lavado de dinero mientras supuestamente importan mercancías legales en las fases de transporte y aduana de Estados Unidos no pueden esconderse detrás de su condición de propietarios de negocios legítimos”, dijo González en un comunicado. “Como todos los que participan en estas estafas ilegales, serán acusados”.

Estafas de contrabando

Tras su arresto en junio pasado, Rodríguez fue acusado de participar en una fase del contrabando internacional al ayudar a coordinar millones de dólares en envíos de oro realizados para lavar dinero en efectivo vinculado con actividades penales, dijeron los fiscales federales en Miami.

Según una declaración jurada de la denuncia penal, Rodríguez usó su experiencia y sus contactos para orquestar la importación de miles de kilos de oro de origen ilícito que fueron enviados por avión a Estados Unidos desde Curazao entre marzo de 2015 y septiembre de 2016. Curazao, una isla caribeña frente a la costa de Venezuela que forma parte del Reino de los Países Bajos, no tiene minas de oro.

Rodríguez fue acusado de confabularse con vendedores de oro en el Caribe, aunque el oro era “probablemente extraído ilegalmente y contrabandeado desde Venezuela”, según la denuncia. Otras posibles fuentes son Perú y Colombia, países ricos en oro pero plagados de corrupción en el comercio de metales preciosos, según las autoridades estadounidenses.

La empresa de transporte de Rodríguez trasladaba los cargamentos de oro desde el Aeropuerto Internacional de Miami hasta NTR Metals, una empresa de importación de metales preciosos con sede en Doral que estaba en el centro del enorme caso de lavado de dinero en metales preciosos.

Las autoridades federales afirman que NTR Metals, que tenía una pequeña refinería en Doral y una importante instalación de procesamiento en Ohio, no debía comprar oro de Curazao como parte de su política contra el lavado de dinero. El país insular se utiliza habitualmente como punto de transbordo para el oro extraído ilegalmente en Sudamérica y sacado de ahí, según las autoridades.

Rodríguez, presidente ejecutivo de Transvalue, ayudó a un círculo de conspiradores a eludir la política de NTR Metals contra el lavado de dinero y a pasar el oro por las aduanas estadounidenses, trabajando para ocultar el origen ilegal del oro y sus conexiones con Curazao, según la denuncia penal que sirvió de base para su arresto.

La denuncia acusaba a Rodríguez de dirigir los envíos de oro a través de diferentes países antes de que llegaran a su destino final en Miami. Los cargamentos de oro se enviaban de Curazao a Miami, luego iban a las Islas Caimán y volvían a Miami. De este modo, el país exportador de oro aparecía falsamente como las Islas Caimán.

Los compradores del oro eran coconfabulados en el sur de la Florida y América Latina que ganaban comisiones al conseguir oro para NTR Metals. Los tres principales intermediarios de la empresa fueron los primeros acusados en el caso de lavado de dinero en 2017. Se declararon culpables y cumplieron varios años de prisión.

Los tres principales intermediarios de NTR Metals, que cooperaron con las autoridades, dijeron que Rodríguez “era consciente de que el oro que llegaba a Miami ... no se originaba en las Islas Caimán”, según la denuncia.

NTR Metals era propiedad de la empresa matriz Elemetal, de Dallas, que se declaró culpable de no mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero y pagó una multa de $15 millones al gobierno estadounidense. La mayor parte del oro importado por NTR Metals se extraía ilegalmente en Perú y se introducía de contrabando en ese país o se desviaba a través de otras naciones sudamericanas, como Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile, según los registros judiciales y las autoridades.

Además de NTR Metals y su empresa matriz, las autoridades también acusaron a un exportador de oro peruano, a tres de sus socios y a un agente de aduanas en Lima, todos acusados de falsificar documentos y pagar sobornos a funcionarios para trasladar cargamentos del metal precioso a Miami.

En América Latina, los delincuentes ven la extracción y el comercio de metales preciosos como un negocio lucrativo en crecimiento, cuidadosamente escondido de los consumidores estadounidenses que no tienen idea de dónde proviene o de que se están violando las leyes, informó el Miami Herald en una serie de 2018, “Oro sucio, dinero limpio”. Los narcotraficantes, que controlan a los mineros en la selva amazónica, han aprovechado el comercio de oro porque el metal precioso es difícil de rastrear y resulta ideal para el lavado de dinero.

La demanda de oro en Estados Unidos es tan fuerte como la de la cocaína. NTR Metals, por ejemplo, era la filial de una importante refinería de oro estadounidense que suministraba a Apple y a otras 67 empresas de la lista Fortune 500, así como a Tiffany & Co., según un análisis del Herald con información de declaraciones corporativas. Estas empresas alegaron que mantenían sólidos programas contra el lavado de dinero y que no habían cometido ninguna infracción.

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