Si Trump gana, sus aliados quieren abogados que le den la bendición a una agenda más radical

Los aliados cercanos del expresidente Donald Trump se preparan para llenar el nuevo gobierno con una camada más agresiva de abogados de derecha y deshacerse de los conservadores tradicionales que, en su opinión, obstaculizaron sus planes en su primer mandato.

Los aliados han estado preparando listas de abogados que consideran adecuados por su ideología y temperamento para prestar servicios durante el segundo mandato de Trump. Su objetivo es reducir las probabilidades de que abogados de designación política le pongan trabas a un programa más radical en la Casa Blanca, como ocurrió en algunas ocasiones mientras Trump ostentó el cargo, con objeciones a su deseo de establecer algunas políticas migratorias más estrictas o tener un mayor control personal sobre el Departamento de Justicia, entre otras cosas.

Ahora que los aliados de Trump se sienten más confiados de la victoria en las elecciones del próximo otoño, varios grupos externos en los que trabajan antiguos funcionarios de Trump que se espera ocupen cargos de alto nivel jerárquico si gana, han emprendido acciones de personal en paralelo. Al principio del mandato de Trump, su administración aprovechó el apoyo de la influyente red jurídica conservadora Sociedad Federalista, cuyos miembros cubrieron posiciones legales clave asignadas por el poder ejecutivo y cuyo líder ayudó a seleccionar sus nominaciones judiciales. Pero en un sorprendente giro, los aliados de Trump están construyendo nuevas vías de reclutamiento independientes de la Sociedad Federalista.

Estos diálogos secretos fueron descritos por siete personas enteradas de la planeación, la mayoría de las cuales hablaron de conversaciones privadas con la condición de permanecer en el anonimato. Además, The New York Times entrevistó a antiguos abogados de alto rango del gobierno de Trump y otros aliados que han permanecido cerca del expresidente y es probable que colaboren en un segundo mandato.

Las entrevistas revelan un rompimiento significativo con el movimiento conservador. Los principales aliados de Trump ahora consideran que las élites legales del partido, incluso los líderes con una identidad conservadora aparentemente impecable, no están en sintonía con su movimiento.

“La Sociedad Federalista no sabe qué hora es”, señaló Russell Vought, antiguo funcionario de alto rango en la administración de Trump que encabeza a un grupo de expertos con lazos estrechos con el expresidente. Indicó que muchos abogados conservadores de élite habían titubeado demasiado cuando, desde su perspectiva, está en juego la supervivencia de la nación.

Estos comentarios quizá sorprendan a quienes catalogan a la Sociedad Federalista como una agrupación conservadora rígida. Pero el distanciamiento de este grupo refleja la constante evolución del Partido Republicano en la era de Trump y el empeño de quienes se encuentran ahora en su círculo cercano para prepararse a tomar el control del gobierno de una manera nunca antes vista en la historia presidencial moderna.

Dos de los aliados que encabezan esta presión son Stephen Miller, antiguo asesor sénior de Trump, y John McEntee, otro colaborador de confianza a quien en 2020 el entonces presidente le otorgó facultades para librar a su gobierno de designaciones políticas percibidas como desleales o entorpecedoras.

Los grupos sin fines de lucro en los que participan deben abstenerse, por ley, de apoyar a un candidato y ninguno de sus proyectos actuales tiene vínculos explícitos con Trump. Pero Miller y McEntee tienen todavía relaciones cercanas con el expresidente y se espera que este escuche sus recomendaciones de tener un segundo mandato.

El propio Trump, que por el momento se ocupa de varios casos en materia penal y civil en su contra, parece no estar involucrado en estas acciones. Pero dejó claro durante su tiempo en la presidencia que le enfurecían muchos de los abogados que trabajaban para él, pues se quejaba de que eran “débiles” y “tontos”.

Para cuando finalizó su mandato, los abogados que designó al principio de su administración habían hecho enfadar a la Casa Blanca por haber resaltado problemas legales en torno a distintas propuestas de políticas. Pero Trump reservó su peor furia para los funcionarios del área jurídica de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia que en general se opusieron a sus acciones para anular las elecciones de 2020, según varias personas que hablaron con él. En busca de otros abogados que le dijeran lo que quería oír, Trump recurrió a un grupo de abogados externos, muchos de los cuales fueron acusados formalmente en Georgia más adelante.

Las personas cercanas al expresidente afirman que buscan un tipo distinto de abogado, comprometido con su ideología de “Estados Unidos primero” y dispuesto a correr el riesgo personal y profesional de que lo asocien con Trump. Quieren abogados en las agencias federales y en la Casa Blanca dispuestos a utilizar teorías que abogados más establecidos rechazarían para promover su causa. Esta nueva manera de pensar se ajusta a la declaración de Trump sobre la “batalla final” que está librando contra “enemigos” malignos que viven en un “Estado profundo” dentro del gobierno y están decididos a destruir a Estados Unidos.

En el gobierno de Trump había unos cuantos abogados así, pero en general los superaban en número y jerarquía conservadores más tradicionales especializados en el área jurídica, que en muchos casos los bloquearon. Para quienes fueron a trabajar para Trump, pero quedaron decepcionados, la insistencia en instalar sistemáticamente a personas fieles a Trump que quizá consideren que la ley es maleable durante un segundo mandato de Trump ha sido causa de alarma.

John Mitnick fue designado por Trump abogado general del Departamento de Seguridad Nacional en 2018. Sin embargo, fue despedido en 2019 durante una purga amplia de líderes de la agencia (a los que había instalado Trump) y lo remplazó uno de los aliados de Miller.

Mitnick predijo que “ningún abogado calificado con integridad querrá fungir como designado político” en un segundo mandato de Trump y que, por el contrario, el “personal estaría integrado predominantemente por oportunistas dispuestos a aprobar cualquier propuesta de Trump y sus principales asesores en la Casa Blanca”.

Una unión tensa

Cuando Trump le arrebató la nominación presidencial republicana en 2016 a la vieja guardia del partido, no se sabía a ciencia cierta si los conservadores sociales se presentarían a las elecciones generales a votar por un neoyorquino casado en tres ocasiones que había cultivado una reputación de vividor y en alguna ocasión se describió como “muy proelección”. Pero Trump obtuvo su apoyo, en esencia, gracias a un acuerdo con los conservadores del campo jurídico: se comprometió a cubrir vacantes de la Corte Suprema con personas de una lista de candidatos preparada por un pequeño número de incondicionales del movimiento.

En este grupo que ayudó a moldear al poder judicial estaban Leonard Leo (quien se podría considerar el personaje más poderoso del movimiento legal conservador y uno de los líderes de la Sociedad Federalista) y Don McGahn, el abogado general para la campaña de Trump en 2016 y primer abogado de la Casa Blanca. Con un lugar que ya había quedado abierto tras la muerte del magistrado Antonin Scalia, la estrategia funcionó: las encuestas de salida mostraron que los electores preocupados por los tribunales ayudaron a garantizar la cerrada victoria de Trump.

Además del líder republicano del Senado, Mitch McConnell de Kentucky, Leo y McGahn (y más adelante Pat Cipollone, el segundo abogado de Trump en la Casa Blanca) crearon una línea de ensamblado para transformar a los abogados de estilo de la Sociedad Federalista en jueces de tribunales de apelaciones y de la Corte Suprema.

No obstante, la unión entre Trump y la élite jurídica conservadora podría sufrir más tensión de lo que pareció en algunas ocasiones. A medida que avanzó su presidencia, Trump comenzó a atacar y hacer a un lado a muchos de los abogados que lo rodeaban. Incluso a Leo.

Un portavoz de Trump no respondió a varias solicitudes de comentarios.

En un comunicado, Leo señaló: “No tengo nada que decir acerca de sus proyectos actuales, pero estoy agradecido de que el presidente Trump haya transformado la Corte Suprema y el poder judicial federal en su primer mandato”.

En busca de abogados con la consigna ‘Estados Unidos primero’

Miller ha permanecido cerca de Trump y se espera que desempeñe un papel todavía más importante en el diseño de la política pública si Trump vuelve a la presidencia.

En su tiempo fuera del servicio público, Miller se ha dedicado a dirigir una fundación interesada en demandar al gobierno de Biden y reclutar a una nueva generación de abogados fieles a la consigna “Estados Unidos primero”, algunos provenientes de las oficinas del fiscal y el procurador general de Texas y otros estados bajo control de los republicanos. En general, los republicanos partidarios del proyecto “Estados Unidos primero” se oponen a la inmigración legal e ilegal, tienen una postura proteccionista con respecto al comercio y desconfían de las alianzas internacionales y las intervenciones militares en el extranjero.

Un abogado del primer periodo de Trump en el poder que es muy probable que trabaje con él si logra un segundo mandato es Mark Paoletta, quien fungió como abogado general en la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por su sigla en inglés) y trabajó estrechamente con Vought, director de la agencia. El equipo de la OMB se consideraba una isla de facilitadores dentro de una rama ejecutiva que, según creían, de inmediato le decía a Trump que sus ideas eran inalcanzables o ilícitas.

Juntos, Vought y Paoletta concibieron la idea de que Trump declarara una emergencia nacional e invocara facultades especiales para gastar en un muro fronterizo más dinero de los contribuyentes del que el Congreso estaba dispuesto a incautar.

Paoletta también estaba convencido de que Trump podría haber ejercido mayor control personal sobre el Departamento de Justicia, aunque Paoletta indicó en una entrevista que no estaba de acuerdo en que se empleara el dominio de la presidencia sobre la aplicación de las leyes federales para ajustar cuentas partidistas y personales. En su opinión, así como la de otros abogados que muy probablemente estén dispuestos a colaborar con Trump en un nuevo gobierno, la autoridad de la Casa Blanca para darle instrucciones al Departamento de Justicia es adecuado según la llamada teoría ejecutiva unitaria. Según esta teoría, los presidentes pueden darle órdenes directas a toda la burocracia federal y son inconstitucionales las burbujas de facultades independientes para la toma de decisiones.

“Creo que un presidente no necesita mantenerse tan al margen del Departamento de Justicia”, comentó Paoletta, y añadió: “No es una agencia independiente y él es el jefe del poder ejecutivo. El presidente tiene todo el derecho de ordenarle al Departamento de Justicia que evalúe elementos que son prioritarios en sus políticas y otros asuntos de importancia nacional”.

Trump no se distingue por su consideración de la filosofía legal. No obstante, ha unido fuerzas con abogados que tienen una perspectiva muy amplia del poder presidencial.

En su campaña de 2024, Trump ha prometido “designar a un fiscal realmente especial para ir tras” el presidente Joe Biden y su familia, totalmente en contra de la norma aplicada después de Watergate sobre la independencia del Departamento de Justicia. Más que cualquier declaración sobre política legal incluida en el sitio web de su campaña, quizá el desquite podría considerarse la filosofía rectora de Trump para obtener un segundo mandato.

‘Creatividad legal’

Cuando quiso anular las elecciones de 2020, Trump no quedó satisfecho con sus abogados del gobierno, ni siquiera su segundo abogado de la Casa Blanca, Cipollone, quien en general se opuso a sus acciones a fin de trastocar los resultados. Trump recurrió a un grupo diferente de abogados externos.

Algunos de esos abogados fueron Rudy Giuliani, John Eastman, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis y Sidney Powell, a quienes posteriormente se les dictaron acusaciones formales en Georgia como parte de un juicio de asociación delictiva que acusó al expresidente y a 18 de sus aliados de conspirar para invalidar su derrota en las elecciones de 2020. Powell, Chesebro y Ellis se declararon culpables.

Trump también estaba furioso porque los jueces que colocó en la Corte Suprema se negaron a corresponder a su apoyo con alguna intervención en las elecciones de 2020. Como Trump criticó a los tribunales, se dice que Leo con la Sociedad Federalista les dijo a algunos colegas que estaba decepcionado de que la retórica del expresidente hubiera hecho parecer “transaccional” el registro de su designación judicial, con el propósito de promover los intereses personales de Trump y no con una misión filosófica más general.

Del mismo modo, Trump se distanció de su fiscal general, William Barr, quien se negó a decir falsamente que el Departamento de Justicia tenía pruebas de fraude electoral generalizado. Después de que Barr renunció, el segundo al mando y su sucesor, Jeffrey Rosen, también se negó a respaldar con el poder del departamento las acusaciones de Trump. Entonces, Trump consideró la idea de designar fiscal general interino a Jeffrey Clark, funcionario que estaba dispuesto a presentar argumentos sobre un supuesto fraude electoral.

Clark es otro de los acusados en el caso de Georgia, pero mantiene buenas relaciones con Trump y se ha reunido con el expresidente en sus clubes privados. Durante el verano, en el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, Clark asistió a un evento para recaudar fondos para quienes fueron encarcelados por causar los disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Lo más seguro es que se considere a Clark para un puesto de alto rango en el Departamento de Justicia si Trump logra un segundo mandato, dependiendo del resultado de sus conflictos legales. Escribió un análisis constitucional titulado “The U. S. Justice Department Is Not Independent” (El Departamento de Justicia no es independiente) que podría considerarse un mapa intelectual para que el presidente tenga control directo de los cuerpos policiales federales.

Se negó a hacer comentarios. En un pódcast conservador del año pasado, Clark afirmó que “tiempos extraordinarios requieren creatividad legal extraordinaria y reactiva”.

c.2023 The New York Times Company