Yahoo Finanzas Alertan alza en tarifas de energía pese a medidas e intervención de Gobierno Petro
El Comité Intergremial del Atlántico le solicitó al Gobierno Nacional dejar sin efecto la Resolución No. 40116 del Ministerio de Minas y Energía y la Resolución No.101042 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y, en su lugar, aplicar medidas que logren una mayor eficiencia en la generación, transmisión, distribución y comercialización que se reflejen en las tarifas de energía.
Asimismo, la organización pidió concretar decisiones que lleven a un mejor diseño del mercado de este insumo básico para la productividad de las empresas, el bienestar de los hogares y el desarrollo económico del país.
Vale mencionar que, a la fecha, no hay una decisión definitiva por parte del Gobierno Nacional o la CREG sobre la intervención de los precios de energía en bolsa de Colombia. Sin embargo, los gremios se adelantan con las alertas para evitar que las facturas de la luz se puedan disparar.
Las solicitudes del Comité Intergremial del Atlántico se basan en las estas consideraciones:
Las tarifas de energía eléctrica subirán aún más a partir de mayo como consecuencia de la Resolución No. 40116 del Ministerio de Minas que obliga a las termoeléctricas a hacer despachos forzados y fija nuevas reglas para el despacho de las hidroeléctricas.
Para el Comité, esa medida ocasiona incrementos en el costo de las restricciones a través de las cuales se distribuye el costo de la generación forzada del parque termoeléctrico.
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“El aumento del costo del componente de Restricciones impacta el Costo Unitario que, en los primeros dos días de la aplicación de esta resolución, subió de $8 por kilovatio hora a $256 por kilovatio hora”, detalló la organización.
Y a lo anterior, según el Intergremial, se sumarán los pagos de los saldos de deuda que tienen los usuarios con los comercializadores por la llamada opción tarifaria; las alzas derivadas de tener una oferta de energía menor a las necesidades de la demanda del mercado; y los incrementos por el castigo establecido por el Gobierno Nacional para quienes excedan sus consumos.
Aunque las medidas del Gobierno han ayudado a bajar -de manera artificial- el precio de la energía en bolsa, el impacto de ese hecho será superado en exceso por el incremento del costo de las restricciones aplicadas a la generación.
Para la entidad, esto no tendrá efecto alguno en el propósito de superar las amenazas de racionamiento por el bajo del nivel que aún presentan los embalses.
“Al inducir a una inadecuada valoración de los recursos energéticos se aumenta de manera relevante el riesgo de racionamiento, y se pone a cargo del usuario final un sobrecosto en su factura. Son las hidroeléctricas las que deben asumir los costos que les permitan guardar agua y recuperar los embalses”, precisó el Comité Intergremial del Atlántico.
La intervención del mercado hecha por el Gobierno premia las ineficiencias de aquellas hidroeléctricas que no hicieron una adecuada gestión de sus embalses y se comprometieron a entregas que no podían cumplir, y de las comercializadoras que no se cubrieron con contratos bilaterales.
Para la agremiación, los más afectados serán los compradores mediante la modalidad de contratos, en un mercado en el cual el 85 % de la energía se comercializa bajo este esquema, porque ahora tendrán que pagar la generación forzada con restricciones; y los consumidores en general.
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Decisiones como la adoptadas por el Ministerio de Minas y Energía invalidan el positivo efecto del Cargo por Confiabilidad, que está hecho para situaciones como las derivadas de las actuales condiciones climáticas.
“Además del Cargo por Confiabilidad, que pagamos los usuarios para que las térmicas operen a su máxima capacidad y atiendan la demanda de energía que no pueden suplir las hidroeléctricas, ahora el Gobierno nos aplica sobrecostos en las facturas de energía con el mismo propósito, lo que significa un doble pago por ese concepto”, alertaron.
Con las primeras lluvias de los últimos días y el cambio de tendencia en la disminución de los embalses, las hidroeléctricas bajaron el valor de sus ofertas logrando que cayera el precio de la energía en bolsa de más de $1.000 a $239.
“Como consecuencia de ello las hidroeléctricas compran en bolsa a un menor precio la energía que necesitan ellas mismas para atender sus obligaciones contractuales de entregas, aumentando sus ganancias mientras llenan los embalses, y se incrementa de manera desproporcionada el costo de las restricciones a toda la demanda de energía”, destacó el Comité.
La Resolución No. 40116 del Ministerio de Minas y Energía también afecta a los autogeneradores que contribuyen con sus excedentes y son remunerados con el precio de bolsa.
Para la organización, con la caída de tales precios no les resulta rentable generar excedentes de energía para venderlas al mercado y contribuir a reducir el riesgo de apagones.
Y estima que el sector industrial será fuertemente impactado con mayores costos de energía, obstaculizando así su recuperación en medio de una coyuntura económica difícil.
La Resolución No. 101042 de la CREG introduce incrementos tarifarios sustanciales que castigan el exceso en el consumo de energía, con tarifas incrementadas hasta un 130 % para los estratos del uno al tres, 150 % para los estratos del cuatro al seis y 200 % para el sector comercial e industrial.
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“Esta medida puede resultar contraproducente para el dinamismo económico de la Región Caribe, una zona con una creciente demanda energética, exacerbada por el alza de las temperaturas, situación que afecta directamente a las actividades de sectores vitales como el turismo, comercial e inmobiliario”, relató el Intergremial.
Desde la entidad se asegura que las tarifas incrementadas podrían reprimir la recuperación y expansión económica, imponiendo costos adicionales en los momentos de pico de consumo.
“Esto no solo desatiende las variaciones estacionales del consumo energético en la región, sino que eleva el riesgo de acentuar la disparidad en los costos de energía a en el territorio nacional. Esto plantea serias inquietudes sobre la equidad y sostenibilidad de las operaciones empresariales frente a este nuevo esquema tarifario”, concluyó la agremiación del Atlántico.
