Condenan a Argentina a pagar al menos US$8.400 millones en caso por YPF

(Bloomberg) -- Argentina fue condenada a pagar al menos US$8.400 millones en concepto de daños y perjuicios y US$7.600 millones en intereses en un juicio en Estados Unidos por la expropiación en 2012 de la petrolera estatal YPF SA, un duro golpe en un momento en que la situación financiera del país latinoamericano es cada vez más precaria.

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La jueza de distrito estadounidense Loretta Preska en Manhattan estableció el viernes una fórmula para la indemnización a las entidades respaldadas por el financiador de litigios Burford Capital. En un principio, la sentencia establecía que el Gobierno argentino tenía el control de YPF desde abril de 2012, pero que debía aplicarse una tasa de interés previa al fallo del 8% a partir de mayo de 2023. La segunda fecha se corrigió posteriormente a mayo de 2012, con lo que casi se duplicó el monto de la indemnización a US$16.000 millones.

Traducido por Paulina Munita.

Una vocera del Gobierno dijo que Argentina buscará apelar la decisión del tribunal. La apelación probablemente retrasará el pago durante meses o incluso años, pero también podría complicar los esfuerzos del país por regresar a los mercados mundiales de deuda.

Burford, que adquirió el derecho a presentar las demandas por US$16,6 millones en 2015, ha dicho que cobraría la mayor parte de la indemnización. Las acciones de la empresa, que cotiza en Londres, subían alrededor de un 12% a media mañana en Nueva York. Burford declinó hacer comentarios sobre la decisión el viernes.

La sentencia ofrece cierta reivindicación del modelo de negocio de la empresa. Los principales financiadores de litigios se han jactado de su capacidad para invertir estratégicamente en juicios en los que prevén recuperaciones exorbitantes, pero muchos han tenido dificultades para identificar esas oportunidades.

El 14 de agosto, Argentina devaluó el peso tras quedarse sin dólares estadounidenses para respaldar la moneda. El grave estado de la economía del país, que no dispone de liquidez, es el tema central de las actuales elecciones presidenciales. Con las reservas de dólares en su nivel más bajo desde 2006, no está claro cómo el próximo Gobierno podrá pagar los grandes vencimientos a los tenedores de bonos el año que viene. Argentina también debe decenas de miles de millones de dólares al Fondo Monetario Internacional.

Pero fueron las acciones del Gobierno argentino hace una década las que influyeron en la sentencia de Preska. Ya dictaminó en marzo que la Administración de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner no compensó de manera justa a los accionistas cuando expropió YPF, la mayor petrolera del país. Solo quedaba por determinar el monto de los daños y perjuicios durante un juicio de tres días en julio.

Argentina había pedido a la jueza que limitara la indemnización a menos de US$5.000 millones, mientras que los demandantes pedían US$16.000 millones.

Argentina tomó el control del 51% de YPF en 2012 tras acusar al accionista mayoritario, la empresa española Repsol SA, de no invertir suficientes recursos en la producción de petróleo. En ese momento, Argentina ya estaba luchando contra las reclamaciones de inversionistas liderados por Elliott Management de Paul Singer por el default en 2001 de US$95.000 millones en deuda soberana, y la expropiación de YPF contribuyó aún más a la percepción del país como un lugar inhóspito para la inversión extranjera.

Preska descubrió que los estatutos de la empresa, que había sido privatizada en la década de 1990, exigían que cualquier futura nacionalización fuera acompañada de una oferta pública de adquisición a un precio predeterminado. Pero cuando se produjo la expropiación en 2012, el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof calificó el requisito de “trampa para osos” que solo los “tontos” esperarían que Argentina e YPF cumplieran, según un expediente judicial.

Después de declarar responsable a Argentina en marzo, Preska ordenó un juicio para determinar los daños y perjuicios en función de la fecha en que el país tomó el control de YPF y el monto de los intereses previos al fallo.

Argentina se enfrentó enérgicamente a la demanda respaldada por Burford, e incluso intentó sin éxito que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimara el caso.

Nota Original:Argentina Ordered to Pay at Least $8.4 Billion in YPF Lawsuit

(Actualiza con acciones y contexto)

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