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Conflictos en La Oroya pondrán a prueba a nuevo presidente peruano

(BNamericas.com) - Para el próximo Gobierno de Perú será una complicada labor reabrir la quebrada fundición de zinc, plomo y cobre La Oroya, pues los conflictos ambientales amenazan con empeorar si no se solucionan a tiempo, según un grupo de ONG.

El presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, quien prometió la semana pasada reaperturar la fundición que permanece cerrada desde mediados de 2014, deberá presionar para realizar mejoras ambientales en un contexto en el que la población local sufre actualmente los efectos de los altos niveles de plomo, cadmio y arsénico en el torrente sanguíneo tras décadas de operaciones, dijo José de Echave, titular de la ONG limeña Cooperacción.

El excomplejo de Doe Run Perú y su mina Cobriza recortaron 2.000 empleos mientras esperan un proceso de liquidación planificado para el 27 de agosto. La matriz Renco Group inició una demanda arbitral de US$800 millones (mn) contra el gobierno por supuestos tratos desiguales.

"Es legítima la preocupación de los trabajadores, pero pensar únicamente en el tema laboral y productivo, olvidándose el tema de la salud pública, ambiental y legal sería dejar de lado temas importantes", comentó De Echave, exviceministro del Ambiente, en una entrevista con BNamericas. "Tiene solución, pero esa solución va costar desde el punto de vista social, ambiental y económico", añadió.

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El complejo, que reanudó las operaciones de zinc y plomo en 2012 tras una paralización de tres años para volver a cerrar en julio de 2014, adeuda cerca de US$600mn a acreedores como Glencore, Trafigura Beheer, Pan American Silver, Buenaventura, El Brocal y Volcan.

La Oroya, con capacidad para producir una docena de metales como cobre y plata, puede reportar 122.000t/a de plomo y 43.000t/a de zinc, según el Ministerio de Minas y Energía. Cobriza produjo 21.159t de cobre en 2014. Construida en 1922 por Cerro de Pasco y adquirida en 1997 en un proceso de privatización por Doe Run, La Oroya se declaró en quiebra en 2009 tras colapsar los precios de los metales.

CONFLICTOS

Los conflictos ambientales que han frenado la inversión de miles de millones de dólares en proyectos mineros desde 2011 podrían empeorar si el próximo gobierno se centra exclusivamente en agilizar la tramitación de permisos ambientales para fomentar la inversión, según la ONG Grufides. Al mismo tiempo, es probable que el próximo mandato aumente la persecución judicial de los manifestantes, sostuvo David Velazco de la ONG Fedepaz.

Resulta improbable que proyectos mineros como Minas Conga (de Newmont Mining), Río Blanco (de Zijin Mining) y Tía María (de Southern Copper) sigan adelante producto de la oposición social, según De Echave.

La Defensoría del Pueblo de Perú informó que al mes de junio había 212 conflictos sociales activos en el país, mientras que 50 personas habían fallecido y 750 resultaron lesionadas en diversas manifestaciones en los últimos cinco años.

Kuczynski, exministro de Energía y Minas que asumirá las riendas del país el 28 de julio tras ganar las elecciones del 5 de junio, ha prometido acercarse a las comunidades que se oponen a proyectos mineros y ganar su apoyo a través de la inversión en infraestructura y programas sociales en la zona.

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