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Efectividad en el corto plazo, dudas por lo que pueda ocurrir después

Preocupación por la falta de lluvias en la zona núcleo
Preocupación por la falta de lluvias en la zona núcleo - Créditos: @Ricardo Pristupluk

Por necesidad y urgencia, finalmente el Gobierno estableció desde el lunes pasado un régimen temporal hasta fin de este mes para vender la soja de la campaña 21/22 a un tipo de cambio diferencial de $200. Los primeros números de operaciones de venta tanto para poner precio a la mercadería que no lo tenía como a la disponible reflejan que el mecanismo tuvo aceptación, en términos de negocio.

Apretado por la caída de reservas del Banco Central, el Poder Ejecutivo adoptó una decisión que parece ubicarse en las antípodas de lo que decía hace unos meses atrás cuando incluía al campo entre los supuestos sectores beneficiados por la invasión de Rusia a Ucrania que disparó un aumento en el precio de las commodities.

El campo comienza una campaña con el peor escenario hídrico en 27 años

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La comparación que hizo el ministro de Economía, Sergio Massa, al anunciar la medida que la nueva modalidad equivalía a que no se cobren retenciones durante un mes fue sugestiva. Aunque no lo haya expresado, significa el reconocimiento que el peso tributario de los derechos de exportación representa una traba al sector.

Al mismo tiempo, la decisión de postergar las ventas de soja, originada en la incertidumbre macroeconómica que impide tener un horizonte claro sobre a qué tipo de cambio se va a vender el bien producido, demostró que el sector tiene un poder de comercialización. Es un as en la manga que no puede ser menospreciado por los gobiernos en ningún momento.

La medida tiene enormes contraindicaciones. El propio Gobierno se arriesga a que una vez pasado el boom de ventas, en octubre y noviembre la liquidación de divisas del agro disminuya. Y el riesgo se extiende a la cosecha de trigo que viene golpeada, especialmente en la zona núcleo, por la escasez de precipitaciones, con un tercer año Niña. Solo la región triguera del centro y sur de la provincia de Buenos Aires podría traer buenas noticias.

También provoca otros efectos. Según coinciden los analistas del sector, por la concentración de ventas, se postergarán las ventas de maíz. Los consumos internos, además, ya denuncian subas de precios aunque la norma lo impide.

Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene bajo candado el esquema de volúmenes de equilibrio. Pese a los rumores, finalmente no autorizó la apertura para exportación de cuatro millones de toneladas de maíz.

En términos políticos, además del evidente paso atrás que exhibió el Gobierno frente a las posturas más duras del kirchnerismo que hasta hace unos meses estuvieron a punto de lograr una suba de las retenciones, se configuró una nueva relación con el sector.

La foto del anuncio del domingo pasado mostró a exportadores, acopiadores, directivos de las bolsas y la industria semillera, entre otros, en primera fila. Los ruralistas de la Mesa de Enlace, en cambio, adujeron compromisos previos o cuestiones personales, como viajes al interior. Pero los dirigentes de la Mesa de Enlace hablan con Massa. De hecho, días antes de que se anunciara el nuevo esquema de dólar soja se reunieron con el ministro. Claro, no hubo foto.

Se encendió una señal de alerta en una de las carnes que más creció

Ahora, la dirigencia rural pondrá el foco en obtener mejoras para las economías regionales. Esperan que el lunes o el martes se concrete una reunión con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo. Cámaras y entidades de la frutihorticultura y la vitivinicultura, entre otros, ya piden abiertamente que el tipo de cambio diferencial no se aplique solo a la soja. “Es lo que necesitan para tener competitividad”, dicen cerca del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

Hay otros riesgos. Según la analista Sofía Ganly, de AZ-Group, “el dólar soja es una medida que podría generar un efecto contraproducente para el productor, en el precio en dólares con el cual luego se realiza la liquidación en pesos”. Según consideró, “esto sería porque un mayor volumen de liquidación sobre toda la mercadería que todavía se encuentra en el país con precio “a fijar”, provocaría que esa mayor oferta presione sobre los precios ofrecidos al productor por los compradores”.

En un mercado como el de granos con tantos vasos comunicantes y factores que influyen sobre las decisiones, la adopción de una medida de tan corto plazo abre un abanico de riesgos que va más allá de las oportunidades de corto plazo. Por el momento, la apuesta parece haber sido favorable, al menos, para las necesidades del Gobierno, para la producción, si no se abre un camino de diálogo que sume otras medidas, será algo de vuelo corto.