Las entidades civiles, tras un marco fiscal y laboral propio

Simplificar los trámites que deben hacerse ante diferentes dependencias del Estado; definir una segmentación dentro del conjunto de entidades para la determinación de sus obligaciones formales; adecuar el esquema impositivo para evitar distorsiones; contar con un sistema de contrataciones laborales acorde con la manera en que las organizaciones desarrollan sus actividades; tener un convenio colectivo de trabajo propio. Esos son algunos de los ejes sobre los giran las propuestas que las asociaciones civiles, las fundaciones y las entidades en general sin fines de lucro quieren poner sobre la mesa de discusión, para lograr un marco legal, fiscal y laboral que les permita funcionar mejor y que aliente las tareas tendientes a mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables de la sociedad.

Promover un escenario normativo diferente es una misión que asumieron referentes de las entidades “desde que se instaló la democracia, aunque con escasos resultados”, según describe Carlos March, secretario de la Confederación de la Sociedad Civil, que nuclea a varias instituciones y es parte de Sociedad Civil en Red. Esta última organización promueve la campaña “Mejores reglas para las organizaciones sociales”, que busca dar visibilidad a los problemas del sector. Si no se definen y aprueban nuevas reglas, dice March, se terminará “administrando insustentabilidad”.

“Nos proponemos que el sector tenga un perfil propio [en las regulaciones] y que las políticas públicas reconozcan el trabajo de las entidades”, resume Mario Burgos, secretario ejecutivo de Sociedad Civil en Red. Y enumera los tres marcos que se considera necesario modificar: el impositivo, el laboral y el legal.

En lo que a tributos se refiere, se busca, entre otras cuestiones, que las entidades dejen de estar alcanzadas por el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, y que se obtenga un trato diferencial en el IVA, por ejemplo, con una reducción significativa de la alícuota. Hoy las compras que hacen las entidades sin fines de lucro tienen la carga del IVA, que después no puede ser trasladada ni compensada, como ocurre en otras actividades. “Se debería contemplar la posibilidad de modificar la legislación, para reintegrar el IVA abonado a las entidades sin fines de lucro que prestan servicios o que entregan bienes sin contraprestación económica”, señala un documento de la iniciativa, financiada por la Unión Europea.

Otra de las necesidades en materia tributaria, dice Burgos, es que se simplifique el trámite para la exención de Ganancias.

“Se nos plantea el desafío de proponer y de lograr que el Estado facilite nuestro cumplimiento de las obligaciones –explica Emiliano Aguirre, director de la Fundación Comunidad, de Corrientes–; queremos, promovemos y necesitamos estar a derecho, y hacen falta normas fiscales que faciliten la tarea; no queremos un Estado que no nos controle, sino un Estado que flexibilice y adecue algunas normas que, por sus altos costos o por las características de las organizaciones, nos cuesta cumplir”.

La Fundación Comunidad es una organización territorial con acciones en tres áreas temáticas: infancias y juventudes, desarrollo comunitario y economía popular o del trabajo. Tiene cinco personas en forma permanente y, en función de los proyectos que se van poniendo en marcha, se van sumando otras.

La mejora de los incentivos para las donaciones es otro tema bajo la lupa. Hoy, las personas donantes pueden deducir de Ganancias este concepto, hasta el equivalente al 5% de sus ingresos netos, solo si el dinero se dirige a determinadas instituciones, ya que la normativa es restrictiva en cuanto al objeto que debe tener la entidad. Ampliar el incentivo ayudaría a “generar una cultura de la donación en la Argentina”, dice March. Y agrega que, en parte, el tema impositivo depende de las decisiones provinciales y municipales. Cita, como ejemplo positivo, el caso de la ley de mecenazgo en la ciudad de Buenos Aires, que permite volcar parte de Ingresos Brutos a ciertos proyectos.

En materia laboral, el grupo de entidades tiene en carpeta un proyecto de ley referido a un “estatuto de trabajadoras y trabajadores sociocomunitarios”. El contenido de la propuesta “tiene como fin reconocer el trabajo de las personas que prestan servicios o desarrollan acciones en entidades de bien público, con actividades de asistencia a la población vulnerable”, describe Fernanda Mierez, presidenta de ProBono (Red de Abogados por el Bien Común), que participó de la redacción de la iniciativa.

El texto plantea que, más allá de las contrataciones de plazo indeterminado según la ley de Contratos de Trabajo, puedan establecerse vínculos “a plazo fijo por proyecto”, y también “por hora cátedra” para determinadas actividades. En este último caso, se promueve que haya un régimen especial de aportes simplificados y con subsidios para la seguridad social.

También se busca que existan negociaciones paritarias específicas para el sector, que establezcan condiciones laborales y escalas de salarios diferenciadas según la magnitud de las organizaciones.

La segmentación es algo que, según los referentes del sector, debería existir para definir el nivel de obligaciones legales, formales y fiscales de las organizaciones. ¿Con qué parámetros podrían fijarse los límites entre grupos de entidades? Los documentos de la propuesta mencionan, por ejemplo, que se podría estar en un escalón determinado si el ingreso anual no supera una cierta cantidad de veces el salario mínimo, o si no es mayor a la facturación tope de una cierta categoría del régimen del monotributo.

La simplificación de trámites, incluida la meta de la ventanilla única en el Estado, es otro de los objetivos. “Para nosotros, hoy los desafíos están relacionados con la posibilidad de generar las articulaciones necesarias para gestionar y profundizar los proyectos de las organizaciones. Y las articulaciones pueden generarse cuando los gobiernos y la sociedad civil tienen reglas claras, acordadas, que permiten la simetría de poder y el reconocimiento de la identidad y de las necesidades de cada uno”, afirman desde Neuquén María Teresa Casala y Francisco Mantilaro, presidenta y secretario de la Fundación Otras Voces.

La organización con sede en Neuquén promueve el desarrollo local con trabajo comunitario, en poblaciones con derechos vulnerados. Tiene proyectos vinculados a emprendimientos, a la economía social y solidaria y al área socio-educativa (hoy trabajan en la revinculación de adolescentes y jóvenes que perdieron contacto con la escuela en 2020). “El número de personas involucradas en las acciones varía según los programas activos. Hoy trabajan 20 talleristas, monotributistas, bajo la figura de contrato de locación de servicios”, dicen Casala y Mantilaro, que agregan que “los gobiernos deben ser los garantes de derechos”, y que la articulación con la sociedad civil es posible “cuando las normativas están pensadas en función del desarrollo, cuando se legitima a las organizaciones con normativas acordes a su identidad, cuando se supera lo que obstruye, cuando se avanza con las gestiones online, cuando se agilizan los trámites de exenciones, cuando se habilitan gestiones a distancia, y cuando no se aplican cargas como el impuestos sobre créditos y débitos, no pertinentes para organizaciones sin fines de lucro”.

La agenda que quiere poner sobre la mesa Sociedad Civil en Red está siendo expuesta ante funcionarios del gobierno nacional; hasta ahora, en áreas del Ministerio de Desarrollo Social y de Jefatura de Gabinete. Históricamente, dice Burgos, “está el tema de la sospecha, el pensamiento de que una fundación está para hacer trampa y, bajo esa idea, en vez de mejorar las cosas se les ponen trabas a organizaciones” que, con voluntarios y con personas a quienes se les da empleo, tienen como fin la ayuda social. Pero en todo caso, afirma, un tema clave es el control que siempre debe ejercer el Estado. Es, después de todo, uno de sus roles centrales.