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Europa acordó reducir el uso de gas frente al conflicto con Putin

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera, informa a funcionarios sobre el acuerdo de la UE para bajar el consumo de gas
La vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera, informa a funcionarios sobre el acuerdo de la UE para bajar el consumo de gas - Créditos: @getty images

MADRID (El País).– La amenaza del frío invierno y de una crisis energética avivada por el manejo de la llave de gas por parte del Kremlin ha empujado a los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) a acordar un recorte del consumo energético. Los ministros de Energía han pactado un plan de ahorro para hacer frente al “chantaje” de Vladimir Putin, como lo definieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la vicepresidenta tercera española, Teresa Ribera. Tras días de negociaciones en un tema delicado para las políticas nacionales, el reglamento que se ha terminado de impulsar marca un compromiso de un ahorro del gas de un 15%, aunque introduce situaciones de excepción en las que se rebajará ese recorte.

España, que encabezó el sector crítico con la propuesta inicial de la Comisión –que disponía un tijeretazo lineal para todos y que no tenía en cuenta el grado de dependencia del gas ruso– podría obtener una excepción si la solicita y obtiene el visto bueno que reduciría ese esfuerzo de ahorro a la mitad. Una pequeña victoria del equipo de Ribera, que pugnó para que el plan de ahorro contemplara el carácter de isla energética de España, con pocas interconexiones con otros Estados.

“El Consejo de la UE ha recogido algunas exenciones y opciones de pedir una excepción al objetivo obligatorio de reducción, para reflejar las situaciones particulares de los Estados miembros”, dijo el ministro de Industria checo, Jozef Síkela, tras el anuncio del equipo de la presidencia de República Checa, que encabeza este semestre la Unión. “La UE ha dado un paso decisivo para acabar con la amenaza de Putin de interrumpir el suministro de gas”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al conocerse el acuerdo.

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Hungría, que ya se desmarcó hace unos días al anunciar en Moscú su intención de aumentar las compras de gas ruso, es el único país que votó en contra del nuevo reglamento, según afirmó el ministro de Energía de Luxemburgo, Claude Turmes. El plan de la UE, que se basa no solo en el espíritu de ahorro ante la amenaza del Kremlin sino en que los países puedan alcanzar el objetivo de llenar sus depósitos de gas al 80%, requería la aprobación de una mayoría calificada.

La rapidez con la que se logró el acuerdo se deducía de la declaración que hizo a su llegada a la reunión en Bruselas Teresa Ribera. “Estamos obligados a decir que sí”, admitió quien es ministra para la Transición Ecológica, que destacó que en los últimos días se lograron muchos avances sobre el plan inicial presentado por la Comisión Europea, que España, Portugal, Polonia o Irlanda habían rechazado de plano. El reglamento aprobado suavizó mucho las exigencias iniciales y agregó salvedades en el cumplimiento del ahorro obligatorio para países con escasas interconexiones, situaciones particulares o especialmente vulnerables, además de ciertas industrias.

Para vencer las resistencia inicial al acuerdo han sido necesarias las exenciones que adaptaban la reducción del consumo a las circunstancias de cada país. Las salvedades se aplicarán de forma automática en un caso: el de los países que son islas (Irlanda, Malta y Chipre). En el resto de los casos su aplicación deberá ser solicitada y se deberá probar que se cumplen con los requisitos que dan pie a la exención, según advirtieron fuentes de la Comisión Europea.

Bruselas contempla, por ejemplo, lo que podría considerarse una excepción para España. El reglamento señala que los Estados miembros podrán limitar la reducción obligatoria de la demanda en ocho puntos porcentuales, siempre que demuestren que sus capacidades de exportación de interconectores o su infraestructura nacional de Gas Natural Licuado se usan para redirigir el gas a otros Estados miembros al máximo. Ante la propuesta inicial de recortar 15% el consumo en todos los países entre el 1 de agosto y el 31 de marzo de 2023, Ribera había argumentado que, en el caso de España, ese ahorro no se podría traducir luego en más envíos a otros Estados miembros, debido a las interconexiones.

España consume, en promedio, 22.900 millones de metros cúbicos (de agosto a marzo) de gas. Con el 15% marcado por Bruselas debería haber recortado 3400 millones de metros cúbicos. La Comisión Europea le había ofrecido rebajar hasta 2900 millones de metros cúbicos el ahorro, pero con la nueva excepción España podría dejar ese tijeretazo hasta en torno a los 1700 millones de metros cúbicos de gas. Esto, según ha explicado Ribera, sería suficiente como para no establecer medidas de racionamiento obligatorias.

“El debate demuestra que la solidaridad es necesaria, pero que se deben tener en cuenta las circunstancias de los Estados”, dijo tras la aprobación del plan la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, que afirmó que, incluso con todas las excepciones, se lograría reducir la demanda y afrontar el frío de forma segura si el invierno no es especialmente duro. El nuevo reglamento introduce además excepciones a las que se pueden acoger los países bálticos, por sus características, o las islas de Chipre, Malta o Irlanda.

Sin precedentes

El nuevo reglamento es “un paso sin precedentes en la solidaridad europea”, según la definición dada por el viceministro de Economía alemán, Sven Giegold. Berlín parece entonar así un ligero mea culpa por su enorme dependencia del gas ruso y su falta de reformas para desengancharse de ese hidrocarburo que ha comprado barato. En los últimos días muchos recordaron su negativa, durante la crisis económica, a mutualizar la deuda de los países del sur, que arriman el hombro ante un problema que puede hacerlos zozobrar, aunque no dependan de los suministros del Kremlin. “Los Estados miembros que no importan gas ruso están mostrando su apoyo y se han comprometido a reducir el consumo. Esto nunca pasó antes”, ha dicho Giegold en Twitter. “Ahora estamos aún más obligados con nuestros vecinos solidarios a corregir los errores del pasado”, ha añadido.

En el plan de ahorro energético final, la Comisión Europea dejaría de tener la potestad absoluta para declarar el estado de alerta, como contemplaba el proyecto original. Y tamaña decisión –que implicaría, por ejemplo, que los porcentajes de ahorro pasen a ser obligatorios en lugar de voluntarios– deberá ser sometida a la votación de todos los miembros. La iniciativa de declararlo podrá partir del consenso de cinco países. Además, se descontará del cómputo de gas consumido el utilizado para rellenar las reservas.

Los Estados con una mayor dependencia del gas en su mix energético podrán reclamar que no se compute el consumo de industrias esenciales al calcular el recorte obligatorio. Del mismo modo, los países que por razones geográficas no dispongan de una adecuada interconexión con el mercado europeo, o cuya producción eléctrica dependa en gran medida del gas, podrán solicitar una exención en la aplicación del recorte.

La amenaza de una mayor escasez de gas es aún más clara ahora. Rusia, que antes de la invasión a Ucrania suministraba alrededor del 40% del gas que se consume en la UE, lleva años manejando la palanca energética como un arma política, pero desde que la UE aumentó las sanciones contra Moscú por invadir Ucrania y cerró filas en su apoyo al Gobierno de Kiev, ese escenario asoma más a corto plazo. El lunes, Gazprom, el monopolio gasista ruso, anunció que reduciría aún más los flujos a través del gasoducto Nord Stream 1 y lo dejaría en una quinta parte de su capacidad, por “labores de mantenimiento”. El anuncio impulsó hacia arriba los precios del hidrocarburo.

El horizonte es complicado: una docena de países se enfrentan a suministros reducidos de gas ruso. De ahí, la propuesta de Bruselas de un plan de ahorro. La interrupción del suministro de gas ruso a la UE podría reducir su PBI hasta en un 1,5%, según estima la Comisión. © El País