La "guerra" del taxi de Madrid, un conflicto que no cesa

Madrid, 31 jul (EFE).- El sector del taxi vuelve a la carga en España en defensa de sus derechos, esta vez en contra de la nueva regulación del Ayuntamiento de Madrid, ya que los profesionales de este servicio público denuncian que se les intenta equiparar con el que prestan sus competidores de las plataformas digitales Uber y Cabify.

Con la aprobación de esta ordenanza, el pasado 1 de junio, el Ayuntamiento busca que se puedan contratar los servicios de taxi con un precio fijo para zonas urbanas de emisiones contaminantes bajas y que usuarios sin relación entre ellos puedan compartir el vehículo en un mismo trayecto, abaratando el precio final para los clientes.

Una de las medidas es que los taxis de categoría ECO y los adaptados a las personas con discapacidad puedan prescindir del día obligatorio de libranza. Esto significa un vehículo productivo todos las jornadas de la semana, frente al resto.

“Las mejoras en el taxi no deben venir por regularizar las jornadas de trabajo. Lo que el Ayuntamiento pretende para impulsar servicios es eximir a ciertos vehículos de librar ningún día”, según el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), Julio Sanz.

En algunos países de Sudamérica se vive el mismo conflicto que en España respecto al taxi y esas plataformas de vehículos de turismo con conductor (VTC).

Xavier Andrade, taxista ecuatoriano afincado en Madrid, afirma que la aplicación que se pretende en la capital de España "es del tercer mundo”, y que incluso allí “harían mejor uso de ella”.

Por el contrario, la nueva ordenanza del taxi de Madrid “es un primer paso en la dirección adecuada para la modernización del sector, e incluye respuesta para algunas de las demandas más habituales de los usuarios”, explicaron a EFE fuentes de Cabify.

Además, quienes quieran conducir un taxi en Madrid tendrán que acreditar que no han cometido delitos de carácter sexual ni contra la infancia, y deberán vestir camisas lisas. “No estamos en contra de un código de indumentaria”, precisa Sanz. UN SERVICIO PÚBLICO REGULADO EN COMPETENCIA CON LOS VTC

Los taxis en España son automóviles privados que prestan un servicio público por medio de una licencia o autorización municipal y con una tarifa regulada por cada ayuntamiento. En Madrid, una ciudad de 3,3 millones de habitantes, son menos de 16.000.

En general, cada viaje tiene un precio fijo de partida (“bajada de bandera”), al que se añade una cantidad por tiempo transcurrido o distancia recorrida, según el caso, si bien algunos trayectos tienen un coste predeterminado, según origen y destino.

Con la llegada de Uber y Cabify, el gremio del taxi se vio afectado por la competencia de estas empresas de VTC, que cuentan con tarifas cerradas y anticipadas, que el cliente puede conocer y contratar en aplicaciones para teléfonos celulares.

En enero de 2019, para protestar contra ello, los taxistas secundaron una huelga en varias ciudades; en Madrid coincidió con la celebración de Fitur, una de las ferias internacionales de turismo más importante del mundo, y esto dificultó sobremanera el desplazamiento de miles de profesionales y de visitantes aquellos días.

Los taxistas pedían al Gobierno la regulación de las plataformas de VTC, como Uber y Cabify, pues consideran que se trata de una competencia "desleal". En Madrid la huelga duró 16 días, pero no lograron ninguna de sus demandas.

Ahora, la FPTM recurrió la nueva ordenanza municipal del taxi ante el Tribunal Superior de Justicia de la región de Madrid (TSJM) por cuestiones como la eliminación del día semanal de libranza y que los usuarios no puedan disponer de una única aplicación para reservar el trayecto de taxi a precio cerrado.

La normativa "no se acoge a lo que el taxista piensa y el Ayuntamiento de Madrid ha hecho lo que ha querido. Quieren equiparar al taxi con las VTC”, lamentó un conductor que pidió el anonimato.

Ignacio, otro taxista, considera que esta ordenanza “es un ejercicio de cinismo descarado por parte de la Administración hacia el taxi de Madrid” y que el problema radica en que las autoridades dicen lo que hay que hacer, "pero no se facilitan las herramientas para que lo podamos desarrollar adecuadamente”.

Nerea Díaz

(c) Agencia EFE