Yahoo Finanzas ¿Qué dice la iniciativa en contra de la corrupción inmobiliaria propuesta por el gobierno de la Ciudad de México?
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó una iniciativa de reforma en contra de la corrupción inmobiliaria, la cual será discutida en el Congreso de la capital durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
Se trata de la adición del Capítulo XV y el Artículo 276 Quáter al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal.
¿Qué busca esta iniciativa?
El propósito es reconocer como delito la corrupción inmobiliaria y establecer sanciones de 10 a 20 años de prisión para los servidores públicos, red de familiares y socios que participen en dichos actos.
Batres explicó que el delito se refiere a la autorización de la construcción de inmuebles o pisos adicionales a los establecidos por la ley, mediante permisos emitidos con el fin de recibir dinero o departamentos para beneficio personal.
“Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. La sanción por las conductas descritas en este artículo será de 10 a 20 años de prisión, con independencia de otras sanciones que correspondan a otros tipos penales”, dijo el jefe de gobierno.
Además, se establece que se agravarán e incrementarían 50% las penas descritas en el artículo, cuando se obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie el propio servidor público, su cónyuge, descendientes, ascendientes, parientes, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, o cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa, directa o sociedades.
“En otras palabras, con este artículo sancionamos al servidor público y a la red de familiares que intervienen actualmente en este tipo de operaciones”, sostuvo Martí Batres.
“El Cártel inmobiliario”
La iniciativa es presentada tras una serie de acciones en contra del llamado “Cártel inmobiliario” de la Ciudad de México, en el que dos servidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez fueron sentenciados y devolvieron a las autoridades capitalinas inmuebles por un valor de más de 80 millones de pesos como parte de la reparación del daño.
El jefe de Gobierno expresó que “la corrupción inmobiliaria tiene impactos sociales, especialmente en el encarecimiento de la vivienda, en la especulación con los costos del suelo, un impacto en la provisión de agua y en materia de protección civil”.
Según datos del gobierno capitalino, en el 2008 se registró un caso de esta índole, con la construcción de un nivel excedente fuera de la norma; sin embargo, la cifra aumentó a 158 en el 2012.
Al respecto, el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, comentó que se lleva a cabo una revisión del marco legal de la capital para desarrollar normas más eficaces adecuadas al contexto social actual.
Objetivos principales
Las autoridades de la Ciudad de México expusieron que la iniciativa presentada tiene tres objetivos principales:
Disuadir el surgimiento de organizaciones similares dentro de la administración pública.
Contar con instrumentos normativos que permitan combatir eficazmente la corrupción en todos los ámbitos del servicio público, con énfasis en aquellos casos que impidan el ejercicio de los derechos de las personas.
Contribuir desde el ámbito penal a la transformación de la política inmobiliaria capitalina, al establecer la vivienda digna y segura como un derecho fundamental y no un objeto de especulación financiera.
“Las normas tienen que ser dinámicas, no podemos pensar en normas inamovibles. Podrá ser un elemento muy eficaz en el combate a esta lacra que ha sido la corrupción inmobiliaria y la participación de servidores públicos en ella”, concluyó Ruiz Suárez.
