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Nicaragua: temen recesión por reforma del seguro social

Por GABRIELA SELSER
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En esta foto del 8 de febrero de 2019 una bandera del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y una bandera nacional vuelan fuera del Instituto de Seguridad Social, en Managua, Nicaragua. Un nuevo plan para reducir los pagos de pensiones y aumentar los aportes de los empleados está en vigencia en el país centroamericano. Economistas y empresarios advierten que amenaza con tener efectos aún más graves para los nicaragüenses y que sumarán al país en una recesión más profunda y en el desempleo. (AP Foto / Alfredo Zuniga)

MANAGUA (AP) — Economistas y empresarios alertaron sobre el impacto que podría tener en la economía nicaragüense una nueva reforma al sistema de seguro social aún “más drástica” que la polémica enmienda que detonó intensas protestas en abril y colocó al presidente Daniel Ortega frente a la peor crisis de su gobierno.

“Esta medida es absolutamente mucho más drástica, pues no es gradual sino inmediata y afectará a los casi 800.000 asegurados en el país”, dijo en una entrevista con The Associated Press el economista Mario Arana, quien fue ministro de Fomento, Hacienda y presidente del Banco Central durante el gobierno del liberal Enrique Bolaños (2001-2006).

Agregó que “todos los sectores de la economía se verán perjudicados”, especialmente aquellos que concentran mayor empleo formal.

Según el último dato del Banco Central de septiembre unos 755.000 trabajadores estaban afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en las áreas de servicios comunales, sociales y personales, industria manufacturera, comercio, sector agropecuario y finanzas.

El paquete de reformas al INSS, que eleva los aportes de empresas y empleados al seguro social, fue aprobado en enero por el Parlamento -dominado por el gobernante Frente Sandinista- y entró en vigor el 1 de febrero.

De acuerdo con el decreto, en las empresas con más de 50 trabajadores las cuotas de la patronal al INSS aumentarán de 19 a 22,5% y el aporte de los empleados de 6,25 a 7%.

El incremento será mayor para los trabajadores por cuenta propia para quienes las cuotas para recibir atención médica pasarán de 18,25% a 22,25%, mientras que el aporte al seguro por invalidez, vejez y muerte subirá de 10% a 14%.

Gustavo Porras, presidente del Parlamento, dijo que el ajuste busca “garantizar el pago de todas las pensiones y los derechos de los trabajadores conquistados durante el gobierno” de Ortega, un exguerrillero sandinista de 73 años que fue presidente de 1985 a 1990 y volvió al poder en 2007.

El gobierno no explicó cuánto espera recaudar con la reforma ni cómo reducirá los gastos administrativos del INSS, una entidad que en noviembre enfrentaba un déficit récord de 86 millones de dólares, un 56,3% más que en 2017.

Para el economista y exdiputado Enrique Sáenz, que hace meses marchó al exilio por su oposición a Ortega, la reforma al INSS representa “un golpe brutal” para la población.

Aseguró que las finanzas de la institución registraban un superávit de 60 millones de dólares cuando Ortega asumió el gobierno y que desde entonces la situación “se invirtió drásticamente”.

En 12 años la plantilla de empleados del INSS creció de 1.200 a 4.020 y los cargos ejecutivos pasaron de 10 a 136, mientras los gastos administrativos se duplicaron, destacó Sáenz, para quien el déficit es fruto “de una ‘charanga’ (malos manejos) con los fondos, incompetencia profesional y populismo irresponsable”.

Ya en 2017 el Fondo Monetario Internacional advirtió sobre la “precaria salud financiera” del INSS frente a la relativa estabilidad que mostraba la economía con un crecimiento anual promedio de 4,5% desde 2014, según datos oficiales.

En su primera reforma -que derogó antes de que pudiera aplicarse- Ortega había propuesto aumentar los aportes de empresas y empleados y reducir un 5% las pensiones, lo que originó las primeras protestas estudiantiles en Managua y en León en las que policías y activistas sandinistas atacaron a manifestantes.

La rebelión social se extendió tras la violenta acción contra los civiles, en su mayoría jóvenes universitarios que murieron por impactos de bala. Miles exigieron la renuncia de Ortega mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifró en 325 el número de muertos, cientos de presos y más de 52.000 emigrados en los primeros ocho meses del conflicto, que aún persiste.

AP y grupos de derechos humanos han documentado el abuso físico y la tortura de algunas personas detenidas. Muchos otros perdieron sus empleos, fueron expulsados ​​de las universidades o sufrieron represalias por participar en las protestas.

"No estamos en las calles porque hay un estado de terror en Nicaragua, porque hay policías y tropas de choque que te arrestan y golpean", dijo Ana Margarita Vijil, líder del disidente Movimiento de Renovación Sandinista al que el gobierno acusa de promover un "golpe terrorista".

Sin embargo, Vijil insistió en que habrá protestas porque "este tipo de reformas... sólo agravan la crisis".

La crisis dejó daños millonarios al turismo, comercio, infraestructura e inversión y la pérdida de unos 350.000 empleos de los cuales 160.000 eran trabajadores afiliados al INSS. La economía se desplomó un 4%, según datos del Banco Mundial.

A juicio del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, la actual reforma constituye “un golpe de Estado a la economía pues provocará más desempleo y fuga de capitales”.

Aguerri dijo a la publicación local Confidencial que la medida no sólo afectará a asegurados y futuros jubilados, sino que descapitalizará los negocios y elevará el costo de la canasta básica. “Sólo agravará los problemas y nos va a llevar a una situación de iliquidez, insolvencia y quiebra de empresas. Lejos de resolver la crisis, la profundiza”, aseguró.

De acuerdo con el Bando Central de Nicaragua un 58% de los asegurados perciben un ingreso mensual inferior a 307 dólares cuando el costo mensual de la canasta básica se ubicaba en el equivalente a 415 dólares en diciembre.

Para Mercedes Ramírez, dueña de un salón de belleza en las afueras de Managua, la reforma representa un grave problema. Durante el último año su clientela se redujo, tuvo que despedir a dos de sus cuatro estilistas y ahora no sabe cómo pagará los nuevos aportes de las otras dos.

“Esta situación ya no se aguanta”, dijo Ramírez a AP. “Si despido a mis empleadas tendré que cerrar mi negocio y entonces… ¿de qué viviremos? Mis hijos están sin trabajo”, se lamentó.

La situación es incierta también para unos 82.200 asegurados mayores de 55 años y en vías de jubilarse, pues la reforma modificó el cálculo de las pensiones de manera que ahora recibirán de 30 a 40% menos de su ingreso. La ley es implacable incluso con quienes aportaron al INSS durante décadas y esperaban jubilarse este año.

Arana abogó por un reinicio del diálogo entre Ortega y la oposición, suspendido desde julio, como “única solución de fondo e integral para resolver el problema económico” y sugirió a los diputados abstenerse de aprobar una reforma fiscal, también propuesta por el Ejecutivo y que espera su aprobación en el Parlamento.