Obras. El Gobierno rescindirá contratos para hacer rutas de la gestión de Macri

En el ministerio de Katopodis consideran que el modelo es inviable en el contexto económico actual

Fueron la gran promesa de la obra pública durante la gestión de Cambiemos, pero tras casi dos años sin que se produzcan avances significativos en ninguno de los seis grandes corredores viales licitados y adjudicados mediante el sistema de Participación Público Privada (PPP), el Gobierno Nacional decidió cerrar ese capítulo. Según confirmaron a LA NACION fuentes del ministerio de Obras Públicas, se buscará avanzar en la rescisión de los contratos, lo que disparará una ardua negociación por los US$567 millones depositados en concepto de garantías al momento de la adjudicación, que las empresas buscarán recuperar.

El pasado 27 de mayo, la cartera de Obras Públicas envió intimaciones a las compañías que integran los seis consorcios adjudicatarios para que cumplan con el incremento de las garantías acordado en la adenda firmada en julio 2019, que amplió los plazos para la ejecución de los distintas etapas de las obras. "Se le requiere la subsanación del incumplimiento dentro de un plazo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de extinción del contrato PPP por culpa del contratista PPP", dice la intimación enviada.

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Según explicaron fuentes del ministerio que conduce Gabriel Katopodis, el sentido de esa intimación es, más allá de su letra explícita, sentar las empresas a "negociar definitivamente la desactivación de esa bomba". "La decisión del Gobierno Nacional es rescindir los contratos. El tema es cómo", apuntaron.

"En nuestro gobierno la obra pública es el motor de la reactivación industrial y una herramienta del Estado para mejorar la vida real de los argentinos. No cumplieron con las obras y endeudaron al país, eso no lo vamos a permitir", dijo, consultado por este medio sobre el tema el ministro Katopodis.

"No cumplieron con las obras y endeudaron al país, eso no lo vamos a permitir", dijo Katopodis

Para el Gobierno el sistema de PPP, cuyo sentido es que las empresas consigan el financiamiento para hacer las obras, es impracticable en el contexto actual y ya lo era en el momento en que se cerraron los contratos, en julio de 2018. "En el momento en que se lanza ya todo el mundo sabía lo que estaba pasando en la economía argentina y la restricción de financiamiento externo que teníamos", apuntan.

En el Gobierno lo señalan como un plan "excesivamente ambicioso y costoso". Según datos oficiales, las obras licitadas bajo este sistema involucran un monto total de US$10.000 millones, de los cuales el 60% constituye el costo "puro" de las obras y el 40% restante, U$S400 millones, es el costo financiero.

Los resultados obtenidos, alegan, también son casi nulos. En términos globales la ejecución física del Plan de Obras Principales no supera el 2% y los proyectos más avanzados rondan el 4%. Según un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), dentro del Programa Rutas Seguras -que enmarca a los proyectos de PPP- "se ejecutaron solamente 6 de los 4000 kilómetros planificados, es decir, un 0,15% del total anunciado".

En el ministerio de Katopodis aseguran que "no hay ninguna animosidad contra las empresas", sino que heredaron una situación que deben resolver de alguna forma. Aseguran que no quieren generar conflictos con las casas matrices de las empresas internacionales involucradas ni con los jugadores de la obra pública, que son pocos y no solo tienen otros contratos activos con el ministerio, sino que son los que podrían ejecutar los proyectos por venir. "No hay otras empresas; son estas", resumen.

Las empresas que integran los seis consorcios adjudicatorios de los proyectos de PPP son Paolini Hnos, Vial Agro y la empresa italiana INC SpA por un lado; China Construction America y Green SA por el otro; José Cartellone Construcciones Civiles, grupo Helport (del grupo empresario de Eduardo Eurnekian), Panedile, Copasa (España) y Eleprint (del expresidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss) en el caso de las "E" y "F" y Rovella Carranza y JCR Mota-Engil Latin American (Portugal).

Las empresas que integran los consorcios ya están al tanto de la decisión del Gobierno, aunque todavía no hubo una reunión formal luego del envío de las intimaciones. Habrá, por delante, una negociación dura sobre qué pasará con las garantías, que representan un monto total de US$567 millones.

Las empresas pujarán por que les sean devueltas, alegando que no son responsables de la parálisis de la economía argentina. Incluso, anticipándose a la situación, algunas empresas ya accionaron judicialmente para intentar reemplazar esas garantías por cauciones en pesos. Es de esperar que el Gobierno, por el contrario, busque ejecutarlas. "El Estado va a defender el patrimonio de los argentinos a como dé lugar. No estaría haciendo bien las cosas si pierde plata", se limitan a decir.

La negociación por delante se prevé árida y en Obras Públicas prefieren no adelantar su estrategia. "Esto es, salvando las distancias, similar a lo que pasa en la negociación entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los acreedores de la deuda. Hay cierto secretismo y no está mal, porque es un juego y hay que ver cómo responde el otro", dicen, y señalan que además de personal de ese ministerio, tomarán parte en la negociación la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro.