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Políticos, fiscales y jueces comparten una certeza y una duda sobre el veredicto que recibirá Cristina

Cristina Kirchner, ayer, en los tribunales de Comodoro Py
Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py

La dirigencia política asume que el desenlace del juicio oral y público por la causa Vialidad implicará una condena para Cristina Kirchner , pero tanto los referentes afines a la vicepresidenta como sus detractores miran con preocupación las posibles reacciones políticas a ese fallo.

Aunque los estatales de ATE que en la ciudad responden a Daniel Catalano advirtieron que “pararán el Estado” si hay una condena para la vicepresidenta, en las filas del kirchnerismo y de La Cámpora no convocaron, por ahora, a movilizaciones en apoyo a Cristina.

En el kirchnerismo existe la convicción de que la vicepresidenta será condenada, aunque solo por defraudación al Estado y no como jefa de una asociación ilícita, la figura que mayor pena implicaría. Pocos apuestan a la absolución.

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“No quiero dar impresiones, no me parece que me corresponda. Lo único que digo es que, sea lo que sea, la sentencia hay que aceptarla. Tanto de parte nuestra como de parte de aquellos que están planteando que van a hacer paro y van a generar caos”, dijo Patricia Bullrich, presidenta de Pro, consultada por LA NACION.

Un dirigente que sigue la agenda judicial y tiene llegada a la vicepresidenta retomó le dijo a LA NACION que el tribunal tiene la sentencia “escrita y firmada”. Otro diputado vinculado con Cristina Kirchner indicó que, si llega a darse algún tipo de movilización, “seguro sea espontánea, desde abajo para arriba”. Aseguró que la vicepresidenta no quiere que se agite el clima social, dados los incidentes después del alegato del fiscal Diego Luciani.

El panorama en Comodoro Py

En la justicia federal no parece haber margen para la absolución de Cristina Kirchner. En una recorrida por los nueve pisos de los tribunales de Comodoro Py 2002 no hay despacho donde no anide la convicción de que lo que se espera el martes es una condena para la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El debate es acerca de si el Tribunal Oral Federal N° 2 la encontrará culpable como jefa de una asociación ilícita y además del delito de administración fraudulenta en contra del Estado o solo de esta última acusación. El detalle no es menor porque es la diferencia entre una pena máxima de 6 años a otra que puede llegar a los 12 como pidió el fiscal .

Si bien gran parte de los funcionarios consultados por este diario cree que hay evidencias para condenar por los dos delitos, en muchos despachos prima la prudencia y experimentados jueces señalan que sería raro que la justicia federal aplique la figura de la asociación ilícita para hablar de la manera en que se otorga una licitación.

Sería un antecedente de cuidado para las causas de la política que recalen en los tribunales federales de Comodoro Py. Si el tribunal establece este estándar de la asociación ilícita, pocos intendentes con constructores amigos quedarían fuera de sospecha, comentan los funcionarios judiciales entre sí.

Los especialistas en derecho penal señalan que en este caso la asociación ilícita no busca condenar a un gobierno, sino a un grupo de funcionarios que acordaron en determinado momento cometer de manera sostenida en el tiempo delitos indeterminados .

En los casos de lesa humanidad, por ejemplo, no hay asociación ilícita dentro de las fuerzas armadas, pero cambia la mirada si aparecen agentes externos como jueces, policías o agentes penitenciarios. Los que creen que hay evidencia para acusar por la asociación ilícita ensayan estas reflexiones.

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Un debate posterior a la sentencia será si se puede aplicar la misma figura a otros casos que esperan su avance en la Justicia, por ejemplo, el de los cuadernos de la corrupción.

De todos modos, pocos magistrados que observaron el expediente o siguieron el juicio oral creen que avance esa figura y se inclinan por una condena unánime por fraude al Estado con una disidencia dos a uno por la asociación ilícita.

Sobre lo que no hay duda tampoco es sobre el castigo de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, ya que es lo que establece el Código Procesal Penal en estos casos. Si hay condena, ese elemento es de aplicación obligatoria.