Por los precios y las condiciones de pago, al Gobierno le cuesta cada vez más comprar alimentos

Las condiciones de venta para los proveedores del Estado tienen algunos puntos desventajosos, como los largos plazos de pago sin actualización por inflación, que se agravaron en el último tiempo. Las circunstancias actuales, en las que cada vez hay menos oferentes para los procesos de compra, condujeron a una adquisición del Ministerio de Desarrollo Social que llama la atención por varios motivos.

El proceso N° 95-0092-CDI22, cuya aprobación fue publicada el lunes pasado en el Boletín Oficial, deja en evidencia las dificultades. Se declaró fracasada una parte de la compra, pese al carácter de “urgente”, por 4.050.000 botellas de un litro de aceite (no compraron ninguna) y de 1.621.200 latas de caballa en conserva sin sal. También se estableció parcialmente desierto el pedido de otras 1.618.800 de estas.

El motivo al que se alude en la resolución refiere al Informe de Evaluación de Ofertas, pero este no se encuentra publicado en el portal oficial de compras. El fracaso en la adquisición podría deberse a que el precio de referencia para, por ejemplo, el aceite, era de $293,30, pero el valor más bajo entre las cinco ofertas fue de $439 y el promedio entre ellas, de $608,19, un 49,68% y 107,36% más de lo pautado, respectivamente.

Finalmente, el Gobierno adquirió 4.050.000 unidades de puré de tomate en envases de 520 gramos, la misma cantidad de paquetes de lentejas de 400 gramos -en ambos casos, todo lo que necesitaba- y tan solo 810.000 latas de caballa en conserva sin sal de 380 gramos, de las 4.050.000 que solicitó, a seis empresas distintas.

La compra es una contratación directa para comida por $2.113.759.800, en carácter de “urgente”, un recurso anómalo, pero más frecuente en el último tiempo. Desde la cartera de Victoria Tolosa Paz explicaron a LA NACION que se trata de un rótulo que se utiliza cuando procedimientos anteriores quedan desiertos, es decir, que no se presentaron oferentes o bien que las ofertas no cumplían con las demandas estatales. Por ejemplo, puede ocurrir cuando las propuestas de venta de las empresas contienen precios muy superiores a los presupuestos atrasados del Estado.

“Tiene los mismos procedimientos y pasos en cuanto a publicación de la propuesta de compra, recepción de ofertas y etc. que tienen otras licitaciones. La única diferencia es un plazo más acotado. Y esto obedece a que baja el stock disponible en los depósitos y el Ministerio debe comprar en tiempos más cortos para no interrumpir la provisión alimentaria que realiza”, comentaron desde las oficinas públicas.

El pago a las empresas se realizará a los 60 días corridos, contados a partir del día siguiente al de la emisión del acta de recepción, de acuerdo con el pliego. Sin embargo, este menciona: “Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa”.

En términos de precios, las latas de caballa marca Marbella se adquirieron a un valor de $723 por unidad. En los sitios web de varios hipermercados, se vende a un precio muy inferior, con ejemplos de hasta $479 por cada uno (33,75% menos), según un relevamiento de LA NACION. Otro punto: en un portal aparece con una leyenda de “disponibilidad crítica”. Por otra parte, productos competidores figuran en góndola a $627,09 la unidad.

Con respecto al precio de compra, desde el Ministerio comentaron que el precio de compra se basa en un precio testigo que proporciona la SIGEN (Sindicatura General de la Nación), es decir que estaría auditado por este organismo y “no se puede pagar cualquier precio, ni en esta ni en ninguna compra”.

En la página oficial de la SIGEN, el precio de referencia publicado para la adquisición de las 4.050.000 unidades es de $657,71 (9,93% más), según el informe emitido el 21 de diciembre. Se encuentra dentro del margen de 10% que impone la normativa. En Precios Justos para mayoristas los valores para la caballa al natural, de otras dos marcas, son de $557,06 y $706,04.

“Las normas que rigen las adjudicaciones en el marco del Estado Nacional (Decreto 1030 del año 2016 y la Resolución de la SIGEN que establece el sistema de Precios testigo) establecen que el precio testigo que determina la SIGEN puede ser adjudicado hasta en un 10% por encima de ese valor. Las diferencias que pueden encontrarse con otros precios al público tienen que ver con las condiciones de comercialización, como los plazos de pago, vigencias de ofertas, y costos de logística”, comentaron.

Las lentejas, por su parte, se encuentran a precio de mercado, pero surge un punto interesante. El Ministerio le compró, entre otros, a Copacabana 810.000 unidades de Vitamax por un precio de $247,63. El 13 de febrero, hace menos de dos meses, adquirió a la misma empresa el mismo producto (540.000 unidades) por un valor unitario de $162,68. Sufrieron un encarecimiento del 52,22%. La distribuidora a la que se le adjudicó la compra es una de las que formaron parte del escándalo por sobreprecios durante la gestión de Daniel Arroyo, revelada por Diego Cabot, periodista de LA NACION, en 2020.