Revés judicial para la avanzada del Gobierno contra la concesión de las autopistas

Tras haber definido la embestida judicial para quitarle la concesión de las principales autopistas del país al Grupo Abertis, el Gobierno no logra plasmar ese deseo en los tribunales que tienen a cargo la demanda iniciada por orden del presidente Alberto Fernández en contra del holding español.

Hasta ahora, el oficialismo sólo pudo obtener un fallo que le permitió designar un interventor en Autopistas del Sol (Ausol) pero no en Grupo Concesionario del Oeste (GCO), las dos sociedades con las que el conglomerado europeo opera en el país las autopistas Panamericana y Acceso Oeste.

Lo hizo el juez federal en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico quien tomó esta decisión para que el veedor revise el proceso de renegociación del contrato de concesión de las autopistas a cargo de Ausol celebrado entre las empresas y el gobierno de Mauricio Macri en el 2018.

Ahora, la titular del Juzgado en lo Contensioso Administrativo Federal 8, Celicia Gilardi Madariaga de Negre, que entiende en la causa abierta contra GCO, acaba de tomar una nueva determinación que va en contra del objetivo del Gobierno de reestatizar ambas concesiones ya que, en el marco de la causa por acción de lesividad promovida por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), optó por no hacer lugar al reclamo del organismo estatal.

El ente había solicitado al magistrado que habilite una medida cautelar inaudita parte (conf. art. 16 de la Ley No 26.854) a fin de que el Estado Nacional se haga cargo de la gestión del Acceso Norte.

El reclamo va en línea con el Decreto N° 633/2022; el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549 y los artículos 319, 330 y ccdtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para que se declare nulo el llamado Acuerdo Integral de renegociación con Ausol y GCO.

La medida judicial que rechaza el pedido de Vialidad rige para las operaciones de GCO en el Acceso Oeste

Según informaron desde la segunda compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV), "el Juzgado interviniente resolvió no hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la DNV".

De acuerdo a la resolución del 6 de diciembre pasado, luego de hacer mérito del procedimiento arbitral iniciado por la sociedad ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el magistrado entendió que esa presentación impide, por ahora, el tratamiento de dicha medida cautelar.

Según el fallo "resultaría inaceptable que, en un estadio procesal preliminar y en el marco cognoscitivo limitado propio de toda medida cautelar, se dicte una medida que pudiera interferir con el procedimiento en marcha ante el Tribunal Arbitral, máxime que dicha solicitud de arbitraje ha sido ampliada a fin de reclamar el cumplimiento del contrato de concesión por parte del Estado Nacional y aún no se ha expedido al respecto", asegura el juez Molina Lavié en su escrito.

En este sentido, las empresas agregan que mantendrán informado al mercado "sobre cualquier nuevo hecho relevante sobre esta cuestión".

Mientras tanto, la avanzada oficial en contra de ambas concesiones se encuentra frenada yaque este fallo impide al Ministerio de Obras Públicas que comanda Gabriel Katopodis ordenar a la DNV que se haga cargo de las operaciones de la Panamericana y el Acceso Oeste.

La mirada oficial

La avanzada del Frente de Todos tiene el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación y busca que se declare nulo el decreto del 2018 firmado por el entonces gobierno de Cambiemos para renegociar el contrato con la empresa que, según las actuales autoridades nacionales, "comprometía al Estado con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios y cuya existencia no se encuentra comprobada".

El acuerdo, que lleva la firma del ex presidente Mauricio Macri, también establecía una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años. Además, para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos aplicaba subas de trifas, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte.

Las demandas apuntan a anular los acuerdos que tanto Ausol como GCO acordaron con la anterior gestión que son considerados "contrarios al interés nacional" por parte del gobierno del Frente de Todos por entender que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) algo mayor a los u$s813 millones, de los cuales u$s540 millones corresponden a Ausol y los otros u$s272 millones a GCO.

El contrato establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a u$s1.161, siempre de acuerdo a las cuentas del Gobierno.

El minsitro Gabriel Katopodis busca que se declare nulo el decreto del 2018 firmado por el entonces gobierno de Cambiemos

Se estableció, además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el tributo debía ser abonado a través de las tarifas.

Es decir, para cumplir con esas obligaciones, que comprendían afrontar el capital, los intereses o el Impuesto a las Ganancias, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario en la Panamericana y el Acceso Norte.

"Además, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que el ordenamiento jurídico vigente así se lo prohibía, generando subas aún mucho mayores", asegura un informe oficial elaborado por la Procuración del Tesoro de la Nación.

A la vez, cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en el 2018 aumentó a valores cercanos a los u$s2.000 millones.

El informe oficial destaca también que, de manera adicional a esos ingresos esperados, "las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos accesos".

En este sentido, se estableció que esos fondos no iban a contar para cancelar la deuda asumida por el Estado, "lo cual significan además un ingreso adicional que aumenta la renta asegurada a las concesionarias".

El documento destaca que todas las obras ejecutadas actualmente no se financian con la tarifa actual sino con un fondo público que por los mencionados acuerdos paso a manos de Ausol y GCO.

"De esta manera, la tarifa pretendida por ambas concesionarias en su casi totalidad es en beneficio propio, no para brindar servicios al usuario", cuestiona el trabajo oficial.

Rechazo empresario

Tanto Ausol como GCO vienen resistiendo la avanzada estatizadora y cuestionan la decisión presidencial de solicitar a la justicia un recurso de amparo para declarar la nulidad de los contratos y devolver al Estado ambas concesiones.

Las dos empresas llevan a cabo "presentaciones conducentes para el resguardo de sus derechos" por entender que los contratos que firmaron hace cuatro años "son plenamente legítimos" y fueron aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional "como resultado de un proceso de renegociación que se extendió por 16 años, ya que comenzó en el 2002, con el acuerdo parcial aprobado en el 2006, y que se completó en el 2018 con la firma del Acuerdo Integral, habiéndose cumplido con todas las instancias de control establecidas en la normativa aplicable".

Estos antecedentes indican que Abertis, como dueño de ambas concesionarias, también encarará acciones judiciales contra el Estado argentino como ya lo hizo en el 2015.

Ese año, presentó un reclamo ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, para reclamar una millonaria indemnización por la decisión del entonces gobierno de Néstor Kirchner de congelar y pesificar las tarifas de los peajes.

Ese proceso fue saldado por el acuerdo que Ausol y GCO firmaron con Macri, el mismo que ahora el actual gobierno del Frente de Todos acusa de "arbitrario" e "ilegal" por ser perjudicial para las arcas estatales y los bolsillos de los automovilistas que recorren ambas rutas.