Ni siquiera los ex presidentes están por encima de la ley, y los republicanos deberían saber eso | Editorial

Apenas había terminado la redada del FBI en la mansión de Donald Trump en la Florida, aparentemente destinada a encontrar documentos confidenciales que el ex presidente pudiera haberse llevado de la Casa Blanca, cuando se alzaron los gritos del Partido Republicano: Abuso de poder. Desfinanciar al FBI. Investigar al Departamento de Justicia.

Esto, desde el partido que no condenó el ataque del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos como un intento de derrocar al gobierno, incluso cuando la turba amenazó con colgar al vicepresidente Mike Pence. Esto, desde el partido que fue contra los demócratas por intentar “desfinanciar a la policía”. Esto, desde el partido que pretende girar totalmente en torno de la ley y el orden.

Y esto, desde un partido que se reúne en torno a un hombre que mostró tal desprecio por la Ley de Registros Presidenciales de su propio país que rutinariamente rompió documentos oficiales y aparentemente incluso trató de tirarlos por los inodoros en el Air Force One.

La Ley de Registros Presidenciales exige la conservación de los memorandos, cartas, notas y otras comunicaciones de un presidente para que se guarden en los archivos como registros históricos. Los registros presidenciales pertenecen al pueblo, no a ningún presidente en particular. Y, sin embargo, los intentos de Trump de destruir documentos presidenciales fueron tan habituales que el gobierno tuvo que emplear a personas para que volvieran a pegar esos papeles con regularidad.

Su desprecio por la ley era ampliamente conocido. ¿Pero es el registro de su casa de Palm Beach –donde las autoridades sabían que ya había guardado erróneamente otros documentos de máximo secreto– lo que constituye un abuso de poder?

Quince cajas de documentos

Todavía no sabemos qué encontraron los agentes cuando ejecutaron la orden y registraron la casa del ex presidente y su caja fuerte el lunes por la noche. Pero sí sabemos, como se informó anteriormente, que los Archivos Nacionales tuvieron que arrancarle a Trump en enero al menos 15 cajas de documentos que supuestamente contenían documentos clasificados y otros papeles presidenciales importantes, como la correspondencia con el líder norcoreano Kim Jong Un, la carta del ex presidente Barack Obama a Trump y aquel infame mapa “Sharpie” sobre la trayectoria del huracán Dorian.

En aquel momento, Trump dijo que no había ninguna intención nefasta e insistió en que había mantenido conversaciones “colaborativas y respetuosas” con los Archivos Nacionales. Pero, ¿cuánto tiempo podían durar las discusiones “colaborativas”? Para entonces ya llevaba un año fuera del cargo. ¿Y por qué tenía los documentos, para empezar?

Los archivos remitieron el caso al Departamento de Justicia y, en junio, los investigadores visitaron Mar-a-Lago en busca de más documentos potencialmente clasificados, según informó CNN. Entre los investigadores que acudieron a la mansión de Palm Beach, según The New York Times, se encontraba un funcionario de contrainteligencia del Departamento de Justicia.

Ramificaciones políticas

El lunes fue sorprendente en muchos sentidos. La incursión del FBI en la casa de un ex presidente no tiene precedentes, especialmente con un FBI dirigido por Christopher Wray, quien fue designado por Trump.

Y las ramificaciones políticas pudieran ser enormes. El Partido Republicano ya lo está usando para agitar a las bases de cara a las elecciones intermedias, mientras que el ex presidente sin duda lo usará para impulsar su esperada candidatura a otro mandato presidencial, una posibilidad que los demócratas y algunos republicanos quieren sofocar.

En un correo electrónico enviado a sus partidarios, menos de 24 horas después de la redada, no perdió el tiempo en presentarse como la víctima: “Por favor, apresúrense a hacer una donación INMEDIATAMENTE para estar públicamente conmigo contra esta INCESANTE CACERÍA DE BRUJAS”.

La presión sobre Trump va en aumento. El martes, al día siguiente de la redada, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la Cámara puede acceder a sus declaraciones de impuestos, aunque sin duda se apelará. Y parece que el registro de Mar-a-Lago es independiente de la investigación del 6 de enero del Departamento de Justicia , que también se ha intensificado en las últimas semanas.

Se supone que nadie está por encima de la ley en este país, ni siquiera un ex presidente. Entre los muchos peligros de todo esto está que Trump pudiera estar guardando ilegalmente documentos que pudieran comprometer la seguridad nacional.

Pero para Trump, y por extensión, para el Partido Republicano, el mayor peligro es que con un registro completo de su presidencia, la gente de este país pudiera realmente pedirle cuentas a él y a su partido.