Sujetos a ser despedidos 18 millones de mexicanos en la contingencia: ONG

El colectivo social “Acción Ciudadana Frente a la Pobreza”, conformado por más de 60 organizaciones civiles, dio a conocer el Reporte Especial por la emergencia sanitaria del Covid-19 del Observatorio de Trabajo Digno, en el que se dan a conocer cifras de mexicanos que se podrían ver afectados de alguna manera durante el periodo de contingencia.

De acuerdo al coordinador del colectivo, Rogelio Gómez Hermosillo, en México se estima que alrededor de 18 millones de personas tienen un empleo sin un contrato escrito o estable, lo que los coloca en una situación de indefensión en caso de que sus empleadores decidan despedirlos o reducirles su salario.

“Claro que todos queremos quedarnos en casa, pero nadie puede ser llamado a lo imposible, no se puede tener la opción de infectarme de Covid o morirme de hambre, esa alternativa no existe, entonces se necesita un plan de emergencia”, puntualizó.

De igual manera, hay alrededor de 32 millones de mexicanos que cuentan con un trabajo, pero perciben ingresos por debajo de la línea de bienestar que les imposibilitan para adquirir los productos de la canasta básica, y por lo tanto no pueden quedarse en su casa para acatar las medidas de distanciamiento social que pide la Secretaría de Salud Federal.

La mayoría de ellos son personas que laboran en la informalidad y por lo tanto no cuentan con ingresos fijos o prestaciones económicas que los respalden.

“Son personas que no sólo viene al día, sino que tienen menos de lo necesario para mantener a su familia

Pero además de la población vulnerable económica y laboralmente, hay otro sector que no cuenta con acceso a servicios de salud ni seguridad social. En este sentido, hay alrededor de 34 millones de personas, de los cuáles, a 15 millones no se les cumple con la afiliación obligatoria, pese a que tienen trabajo subordinado y asalariado.

Rogelio Gómez Hermosillo agregó que derivado de la emergencia sanitaria, las cifras del desempleo podrían aumentar aún más. Al día de hoy se contabilizan 7.7 millones de personas sin un empleo, que difícilmente podrán obtener una opción laboral por el cierre temporal de las empresas.

“No se trata de apoyar a las empresas, sino de apoyar al empleo, las personas que trabajan y que se tiene que mantener su trabajo, porque de lo contrario se va a incrementar la pobreza”.

Según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), en las tres semanas de la contingencia ya se han perdido alrededor de 350 mil empleos a nivel nacional.

Por último, el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza destacó que los grupos poblacionales más vulnerables son las mujeres y los jóvenes.

En el caso de las mujeres, suelen presentar mayores condiciones de precariedad y desigualdad respecto a los hombres, tienen una menor participación laboral, abarcan más del doble de las cifras de desempleo, algunas mujeres padecen una brecha salarial por género y además tienen una carga de trabajo no remunerado en labores de cuidado y domésticas de otra jornada completa.

Los jóvenes, por su parte, también padecen desigualdad en las condiciones de trabajo y dificultades de acceso. Presentan el doble de desempleo respecto a personas no jóvenes, desigualdad en condiciones salariales, menor acceso a seguridad social y menor estabilidad en la contratación.

Por lo anterior, en el reporte se sugieren dos planes de acción para apoyar a las personas que podrían perder su empleo o ver afectadas sus condiciones laborales por la emergencia sanitaria del Covid-19.

La primera acción es solicitar al gobierno federal un esquema de subsidios para las empresas que han visto reducidos sus ingresos y que a pesar de ello han mantenido los pagos de su nómina de trabajadores. Los datos de las empresas se podrían cotejar con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La segunda acción es implementar un esquema de transferencias monetarias para las personas que se queden sin ingresos, además de crear un fondo de apoyo a través de cooperativas, garantizar la transparencia en la entrega de las transferencias monetarias.