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El nuevo cambio regulatorio permitió al Banco Central hacer una gran compra de reservas

·5  min de lectura
Miguel Ángel Pesce, presidente del Banco Central
Miguel Ángel Pesce, presidente del Banco Central

Las trabas derivadas de las adecuaciones que bancos y operadores debieron hacer a sus sistemas operativos para adaptarlos a las modificaciones dispuestas por la Comunicación “A” 7327 del Banco Central (BCRA) ralentizaron la demanda de divisas por el mercado oficial, en una jornada en la que la oferta se mantuvo activa, lo que generó las condiciones para que la entidad concrete la segunda compra de reservas por casi US$200 millones en lo que va de julio.

Fue al cabo de una rueda en la que se operaron por la plaza oficial US$471,8 millones, cifra que indica que la entidad adquirió el 42% de las divisas transadas, con lo que amplió a US$570 millones lo adquirido en lo que va del mes, período en el que viene intensificando sus intervenciones de compra para hacerse de un colchón que le permita enfrentar los meses siguientes (estacionalmente caracterizados por la combinación de una menor oferta con una mayor demanda, que puede verse ampliada en este caso por los ruidos electorales) de manera más tranquila.

El BCRA había publicado la norma en el anochecer del sábado, cuando la selección argentina se aprestaba a definir la Copa América en el Maracaná. Fue para complementar lo dispuesto en la noche del jueves por la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien había fijado por primera vez un cupo para operar el dólar cable o contado con Liquidación (CCL) con el Global 30 emitido bajo ley extranjera. La última vez que habían avanzado de manera coordinada con nuevas restricciones desde ambos entes reguladores debieron dar marcha atrás con algunas de ellas por instrucción directa del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien los acusó de haber generado distorsiones en el mercado, al haber achicado hasta niveles que entorpecían totalmente la operatoria.

Desde esa entidad, al ser consultados sobre el sentido de oportunidad del anuncio, esgrimieron que había sido “para darle tiempo a los bancos y operadores cambiarios de ajustar el sistema y no tener demoras mañana en la apertura del mercado de cambios”. Pero los vericuetos de la norma, y el compromiso previo que fija para que las empresas operadoras firmen una nueva Declaración Jurada (DDJJ), dificultaron buena parte de la operatoria del mercado y generaron las condiciones para que el BCRA concrete la segunda gran compra de reservas del mes, tras haberse alzado con US$191 millones el pasado viernes 2.

“La adecuación de los sistemas operativos en las entidades financieras a la norma que entró en vigencia hoy comprimió la demanda de divisas ante la imposibilidad de efectuar operaciones”, explicó el operador y analista Gustavo Quintana, de PR Cambios.

“Los sistemas quedaron adaptados y operables cerca del mediodía, pero muchos de las empresas clientes no pudieron operar, al no haber remitido la DD.JJ.. Suponemos que se regularizará mañana”, explicaron a LA NACION en un banco líder.

La nueva norma del BCRA buscó tapar un agujero detectado en las que estaban en vigencia (7001 y 7030), dado que establecía que si un número de CUIT operaba dólar CCL quedaba invalidado por 90 días para operar en el MULC. Fue tras comprobar que algunas corporaciones iban al dólar CCL con CUT del holding controlante y, a a su vez, en el MULC con el otro CUIT, de algunas de sus controladas, para eludir la restricción operativa. Desde hoy esa camino también quedó bloqueado, por lo que “si la controlante hace CCL, arrastra a la controlada”, explicaron.

“Ahora, además, el plazo de 90 días aplicará no solo a operaciones de CCL instrumentadas como ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de títulos a entidades depositarias del exterior, sino también a los canjes de títulos valores por otros activos externos; y aplicará no solo a operaciones de CCL efectuadas por la empresa que accede al mercado de cambios, sino también en caso de que dicha empresa hubiese entregado pesos o activos locales líquidos a un accionista controlante directo”, explicó en un mensaje distribuido hoy entre clientes el Estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani.

“A dichos efectos, el cliente que desee acceder al mercado de cambios deberá presentar una declaración jurada adicional, en la cual manifieste que en el día en que se solicita el acceso al mercado y en los 90 días corridos anteriores no ha entregado en el país fondos en moneda local ni otros activos locales líquidos a ninguna persona humana o jurídica que ejerza una relación de control directo sobre ella, salvo aquellos directamente asociados a operaciones habituales de adquisición de bienes y/o servicios”, detalla.

“Así, el BCRA intenta capturar aquellos casos en los que la operación de CCL no era efectuada por la empresa que accede al mercado de cambios, sino por el accionista, con los fondos o activos previamente entregados por la empresa operativa”, concluyen. Los operadores coinciden en señalar que con este tipo de operaciones muchas empresas buscaban concretar y saldar el pago de importaciones que no se les aprobaban por el MULC, muchas de esas de carácter complementario.

Pero ahora que se limitó a 50.000 nominales (US$35.000) la cantidad de bonos Bonar 30 y 35 (AL30 y AL35) y Global 30 y 35 (GD30 y GD35) que las empresas pueden comprar o vender por semana y se bloqueó este atajo, lo más probable es que algunas de ellas pasen a cursarse en adelante por el Segmento de Negociación Bilateral (Senebi), por la cual dos partes pactan un intercambio de divisas, sin que esto signifique una compra o venta.

Por lo pronto, lo que está claro es que la jugada oficial apunta a mantener bajo control la denominada brecha cambiaria, al reducir drásticamente el volumen de operaciones con los instrumentos por los que se fijaba el precio del dólar CCL. De esta manera, el BCRA no tendrá que liquidar además tantos bonos, como venía haciendo en las últimas semanas.

Y para prolongar las condiciones para que pueda seguir comprando reservas por algunas semanas más, en especial si fuera cierto que el ministro Martín Guzmán pactó en los últimos días pagarle al FMI los vencimientos de capital que se enfrentan de aquí a fin de año, los que consumirían el 80% de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el BCRA estaría recibiendo antes que termine el próximo mes.

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