Un Estado adicto al gasto en un contexto de alta inflación, ¿puede terminar con la pesadilla tributaria argentina?

En 2022, por primera vez en 30 años, la inflación en Argentina va a acercarse a los tres dígitos. Y esto ocurre con un cepo cada vez más "sofisticado" y una brecha cambiaria en torno al 100% después de haber tocado 160% a mediados de julio pasado, en medio de la crisis de Gabinete "contenida" por el ingreso al Gobierno de Sergio Massa como "superministro" casi cuatro meses atrás.

A diferencia del pasado, antes de la Convertibilidad, cuando la aceleración de la inflación, montada sobre índices que llegaron a ser mucho más altos que los actuales, destruía los ingresos del sector público -efecto Olivera Tanzi-, hoy el sector público tiene establecidas reglas que lo favorecen tanto desde el punto de vista del gasto como desde el de los ingresos tributarios.

Pero esto se convierte en un boomerang, ya que el Estado argentino, como el adicto que es, requiere dosis crecientes de inflación solo para mantener el status quo. Sí, usted está entendiendo bien: aunque muchos hablen de lo bueno y deseable que sería bajar la inflación, para el que tiene "la manija", una caída importante en la inflación sería un problema enorme si no se transforman profundamente las finanzas públicas.

Los gastos de un Estado "adicto"

Desde el punto de vista del gasto, dada la indexación rezagada trimestral del componente previsional, los costos de bajar la inflación superan la capacidad del Estado de amortiguar semejante transición fiscal. Veamos algunos números. Los gastos previsionales de la Nación, que en el pico de 2017 (con la reparación histórica y la moratoria a pleno) llegaron a alcanzar 9,6% del PIB, hoy se ubican en 7,5% del PIB.

Vale recordar que el ex presidente Mauricio Macri cambió la movilidad previsional en diciembre 2017 (el recordado episodio de las "14 toneladas de piedras que se tiraron enfrente al Congreso"). También que Alberto Fernández, cuando asumió, frenó la fórmula de movilidad de Macri y dio aumentos por decreto, pero más tarde -a principios de 2021- restauró la fórmula de movilidad original (la de Cristina), aunque acortó los plazos de ajuste de semestral a trimestral.

Como nos dijo un amigo, para maximizar el ajuste la fórmula de movilidad debería ser una especie de "bono dual al revés" respecto del que ofreció el ministro Massa al mercado, en un intento para estabilizar la demanda de pesos. El bono dual ajusta a la inflación o a la devaluación "lo que dé más", y en esta ironía de ultra ajuste la fórmula de movilidad debería estar atada al salario o a la inflación, "lo que dé menos". Está claro que la licuación permanente de este gasto no es una opción viable, sobre todo cuando los ingresos de los jubilados del régimen general empiezan a ubicarse por debajo de los niveles de subsistencia.

Bajar la inflación podría ser costoso para la administración Estatal.

La discusión de fondo pasa por los regímenes previsionales de privilegio (nacionales y provinciales) y, sobre todo, por encontrar mecanismos de formalización del empleo en una economía donde sólo 6 millones de personas de los 19 millones que conforman la población económicamente activa lo hacen en el sector privado formal, 3 millones son empleados públicos y 1,6 son monotributistas que sólo aportan mensualmente un 4% del costo de una jubilación mínima. El intento de construir un sistema previsional solidario y contributivo en simultáneo con semejante nivel de informalidad, es un pasaje seguro a la inconsistencia fiscal permanente.

Sin profundas transformaciones en el esquema laboral y previsional, que demandaría sustanciales consensos políticos, no podemos esperar otra cosa que no sea seguir echando nafta al fuego de la inflación. Otros componentes de gasto también están crujiendo, sea por motivos mayormente políticos (Estados subnacionales) o de eficiencia (por ejemplo, Salud, Educación y Seguridad), además de los subsidios y déficit de empresas públicas.

Ingresos de la maraña impositiva

Desde el lado de los ingresos, tampoco es una opción sostener a rajatabla un esquema tributario pensado para una economía sin inflación. En lo que va del año, los ingresos tributarios crecieron en promedio casi 10 puntos porcentuales (p.p.) arriba de la inflación. Conviene repasar pocos elementos, no demasiados, caso contrario puede producir pesadillas.

En el impuesto a las Ganancias a las empresas, después de años donde los balances impositivos no eran ajustables por inflación y se daba la paradoja de empresas con quebranto contable que impositivamente daban ganancias, se permitió computar en cuotas el ajuste por inflación: en tercios en los ejercicios iniciados en 2018, en sextos en los ejercicios iniciados en 2019 y cerrados hasta el 30 de diciembre de 2021, y pleno en los ejercicios cerrados con posterioridad.

Como el cómputo de la inflación afectaba a los bienes de uso, este año se incluyó por la ventana en el proyecto de Presupuesto la posibilidad de ajustarlos en tercios, pero sólo a las compañías que hayan invertido por más de $30.000 millones. Cada vez más alejados de tratamientos de carácter general propios de políticas públicas.

En el impuesto a las Ganancias a las personas, los parches fueron sistemáticos desde que arrancó la inflación. Inicialmente, se fue distorsionando la tabla de deducciones que venía desde el gobierno de la Alianza, generando inequidades absurdas cuando sueldos brutos más altos recibían un grosero menor ingreso de bolsillo y todos los que pagaban el impuesto a las ganancias lo hacían con las escalas más altas, destruyendo la progresividad del impuesto. Pesadilla es poco.

Argentina: personas y empresas, envueltas en una "maraña" impositiva.

Más tarde, durante el gobierno de Cambiemos se corrigieron las escalas que definían las alícuotas y se ajustaron por el aumento en los salarios, pero los parches sistemáticos en la definición del mínimo no imponible de la actual administración; primero una vez por año (y este año ya van cuatro cambios en los mínimos no imponibles) volvieron a recrear la inconsistencia de la tablita. Volvemos una y otra vez a lo mismo.

El slogan "el salario no es ganancia" es un absurdo, teniendo en cuenta que este es el impuesto base de las economías desarrolladas. La diferencia es que en el mundo se llama ingresos y no ganancias. Hay un problema con este impuesto criollo, que arranca con el nombre y se extiende a todo su diseño. Necesita ser completamente eliminado y reemplazado por tratamientos adecuados, o sea específicos, para los ingresos de las personas humanas y las ganancias corporativas.

En lo que hace al IVA, nunca se reintrodujeron mecanismos de actualización del crédito fiscal por el tiempo transcurrido entre las compras y las ventas. Es por esto que la inflación impacta más que proporcionalmente sobre las ventas. Así, en noviembre la recaudación de IVA DGI subió 113%, 17 p.p. arriba de la inflación.

El costo financiero entre un impuesto que se paga por lo devengado y no por lo percibido, fue corregido para las Pymes en 2017, a partir de la aplicación del esquema que posibilitó pagar el saldo del impuesto a los 90 días y no a 30 días como hasta entonces, pero persiste para el resto de la economía.  Al mismo tiempo, los créditos fiscales acumulados en empresas exportadoras siempre fueron utilizados por la AFIP como un mecanismo de fondeo barato, aprovechándose directamente del impuesto inflacionario.

En Ingresos Brutos, uno de los peores villanos del régimen tributario junto a Sellos y el "impuesto al Cheque", hay enormes distorsiones que arrancan con la propia naturaleza del tributo y se multiplican por las dispersiones de alícuotas y la superposición de bases imponibles. Pero, en gran medida, también por el régimen de retenciones, percepciones, percepciones bancarias y, más recientemente, el régimen de retenciones y percepciones de comercio electrónico, montado por 24 jurisdicciones con una clara vocación de exceder la naturaleza de pago a cuenta para tomar vida como tributo no legislado.

Asimetrías del sistema tributario

Idiosincrasias kafkianas, en algunos casos permiten acumular casi un año de impuesto anticipado, agudizando la distorsión propia sobre la producción y el sistema de precios de un impuesto en cascada. Saldos que jamás se pueden recuperar o se pueden recuperar luego de engorrosos regímenes de devolución totalmente asimétricos, donde el camino de ida de la "billetera" del contribuyente a la caja de Hacienda es instantáneo mediante un "click", pero la devolución exige interminables requisitos, incluso amenaza de inspección integral y administrativamente costosos "expedientes de Tesorería", para recuperar algún día -quizá- un saldo sin actualización.

Tributar es fácil, pero obtener devoluciones implica recorrer laberintos burocráticos.

¿No se puede ir y volver con la misma agilidad? En la caja de las haciendas provinciales entra todo pero sale muy poco, se gastan dineros que no tienen en verdad respaldo legal, porque el efecto financiero de esta ingeniería equivale a la creación de un impuesto sin ley.

En lo que hace a bienes personales, más allá de las idas y vueltas con las alícuotas que requieren per sé una definición sobre el impuesto (además de su colisión con impuestos subnacionales a la propiedad inmueble), existen dos efectos contrapuestos. Uno es la definición de los mínimos no imponibles (desde 2021 $6 millones y $30 millones para casa habitación) y las escalas que definen las alícuotas. El otro es la valuación de los inmuebles, que en rigor depende de las provincias.

En el monotributo pasa algo similar. Además de no estar vinculado al ciclo de vida tributaria de los ciudadanos-contribuyentes, hoy los límites (y tramos) del impuesto y las cuotas se ajustan trimestralmente. En 2021 y en 2022 se ajustó dos veces en forma discrecional. Hasta entonces el ajuste venía siendo una vez por año. Pero la inflación ocurre continuamente, no discrecionalmente.

El problema de la inflación

La ensalada amarga de malezas y yuyos (que según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, supera los 160 conceptos tributarios de todo tipo y sigue el conteo), no estaría completa sin agregar que todavía el sistema impositivo tiene el resabio de la ley de Convertibilidad, que fijó en 1 los coeficientes de actualización, frente a la necesidad de frenar la inercia inflacionaria de una economía que venía de la hiperinflación. Esta norma se sostuvo en 2002, cuando derogada la ley de Convertibilidad se mantuvo la prohibición de indexar en la economía.

A veinte años de esa situación y cuando volvimos a construir una tasa de inflación que corre al 6% mensual, los ajustes en los mínimos no imponibles, escalas y alícuotas van y vienen, generando un péndulo infernal y perverso de abusos y distracciones del Estado, en cuanto a aplicar una justa imposición a lo largo de tiempo.

¿Podemos tener, con una inflación anual de tres dígitos y sin tendencia a la baja que se pueda avizorar en el futuro próximo, esquemas impositivos que ignoran esto y funcionan gravando automáticamente -o diluyendo- bases imponibles, a causa de la misma inflación? Lamentablemente, es lo que estamos haciendo.

El sistema tributario no responde de manera adecuada una realidad de alta inflación como la que se da en el país.

Es interviniendo y dejando de intervenir en las distintas situaciones tributarias, haciéndolo a tiempo o con retraso, aplicando parches cuyo efecto se diluye rápidamente y quedan anulados de forma que hay que volver a empezar, barajando todo esto como si fuera en el aire, que se administra esta maraña.  Así transcurre la economía argentina. Por supuesto, todo lo descrito carece de la lógica propia de un sistema. Son manotazos, pero es lo que hay y lo que habrá, si seguimos por este camino y no encaramos transformaciones adecuadas sobre los temas fundamentales.

El sistema tributario es uno de los principales elementos que influye en el desempeño económico, en el desarrollo y en la distribución del ingreso de los países. No nos preguntamos qué puede salir mal, preguntémonos qué otra cosa que la realidad actual podría esperarse, considerando el presente fiscal y tributario de la Argentina.

Un Estado adicto a gastar siempre de más para mantener una estructura grande en gasto pero poco efectiva y menos eficiente, un trasfondo de rebelión tributaria (ejemplo, el conflicto de la resolución 125, las subvaluaciones masivas de propiedades y las emigraciones jurisdiccionales de las que se beneficia Uruguay), tributos fundamentales del sistema con débil enforcement sin salir de la zona de confort para ensanchar la base de tributación, alta presión tributaria legal con elevados costos de cumplimiento para los contribuyentes, y un sistema judicial inoperante para las ejecuciones fiscales. Muy complejo.

Es posible definir un "service" sobre aspectos de esta realidad, que alivie un poco casos extremos, pero para terminar con esta pesadilla tributaria será necesario un tratamiento integral, una intervención audaz pero, por supuesto, bien preparada, no temeraria enmarcada en un programa de estabilización.