Próximo gobierno enfrentará pendientes en materia de vivienda

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio un giro radical a la política habitacional de administraciones anteriores, al buscar apoyar directamente a la población sin intermediarios, como eje principal las acciones de autoproducción y remodelación; sin embargo, en la última parte de su sexenio, los legisladores buscan modificar los marcos normativos para que se tengan las bases en el próximo gobierno de cubrir los pendientes.

Una de las acciones legislativas más relevantes del sexenio fue la reforma constitucional a la Ley de Vivienda para modificar el concepto de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, con el fin de marcar la dirección que deben tomar las iniciativas pública y privada para garantizar este derecho a la población.

De acuerdo con la diputada Lilia Aguilar (Partido del Trabajo), presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el siguiente paso será adecuar 54 normas relacionadas con el rubro habitacional del país.

“Ese es el reto legislativo hacia diciembre de este 2023, para que no sólo los institutos del gobierno federal sean obligados a cumplir la normatividad, sino también los órganos estatales y, sobre todo, los particulares, es decir, todos los jugadores de la industria de la vivienda”, comentó la funcionaria.

A lo largo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se pudo observar un giro total en la Política Nacional de Vivienda, la cual se concentró en redirigir los subsidios, antes asociados a la adquisición de propiedades, hacia la entrega directa de recursos para la mejora, ampliación y autoproducción de hogares, especialmente para la población vulnerable.

Armando Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas de la Ciudad de México, remarcó que la estrategia ha tenido resultados positivos, ya que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) confirman que, al cierre del 2022, hubo una corrección de 2.8 millones de personas que salieron del rezago habitacional.

Para seguir adelante con el plan, la diputada refirió que se crearán transitorios para adecuar los reglamentos de construcción municipales y se buscará modificar la Ley Federal de Asentamientos Humanos, la Ley de Vivienda, la Ley de Desarrollo Urbano, las leyes de salud y de educación, entre otras, “porque la vivienda es un detonador de derechos que requiere la modificación de leyes que nadie se imaginaría que están vinculadas a su desarrollo”.

¿Qué se requiere del próximo gobierno?

A pesar del panorama positivo reflejado en la disminución del déficit habitacional, Rosales remarcó que el gobierno que resulte triunfador en las elecciones del 2024 deberá resolver los pendientes que quedaron en el ejercicio del 2019-2024 y uno de ellos es la atención a la población del sector económico informal “que ha sido descuidado tanto por el sector privado de la vivienda, como por el gobierno”.

“Si no se crean esquemas de financiamiento y construcción de vivienda para esta población, vamos a seguir sin atender a millones de personas, porque este segmento representa 40% de la población económicamente activa. Ahí está el gran reto”, indicó el especialista.

Por otro lado, Rosales aseguró que los esfuerzos para fomentar la autoproducción de hogares deben mantenerse, pero, sin descuidar el mercado formal de la construcción de hogares, ya que la cadena de producción de la industria de la vivienda ha llegado a generar hasta 6% del PIB.

“De no reactivar esta actividad, corremos el riesgo de que el crecimiento que ha reportado el sector de la construcción sea sólo coyuntural, derivado sólo de las grandes inversiones en las obras del gobierno federal y sectores como el industrial”, agregó Rosales.

Además, quedan a la deriva otros aspectos como la regulación de la vivienda en renta y la especulación inmobiliaria, los Programas de Desarrollo Urbano municipales y la actualización de sistema de catastro para brindar seguridad jurídica en el patrimonio de los mexicanos.

Para establecer las modificaciones a la ley previstas para este año, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados realizó una gira de trabajo por siete regiones del país, desde Mérida hasta Ciudad Juárez, para conocer y entender los problemas de vivienda que presenta cada zona.

“Tenemos la obligación de cerrar con estos temas legislativos. El reto es que la Reforma Constitucional que hicimos sea aplicable, no sólo dejarlo en papel, sino darle continuidad para que se convierta en una verdadera política pública, esta será una de las tareas que se dejarán para el gobierno entrante”, dijo Aguilar.

Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, declaró recientemente que, si bien se dio un gran avance durante esta administración, hay áreas de oportunidad, especialmente en la entrega de apoyos en regiones que todavía lo requieren.
“Claro que hay mejoras que se pueden hacer: posiblemente aumentar el número de subsidios en algunas entidades federativas atendiendo de forma más amplia", explicó el funcionario.

Una de las vertientes de la política habitacional de este gobierno, fue apoyar la reconstrucción en zonas afectadas por los sismos del 2017 y del 2018, por lo que se reconstruyeron alrededor de 63,000 viviendas.