Yahoo Finanzas Historia repetida: el carro delante de los caballos
Sergio Massa actúa en sentido contrario a su pretensión de reducir gradualmente la inflación en 2023 desde el pico heredado de 7,4% mensual, como lo afirmó al lanzar la última batería de anuncios económicos bajo la evidente presión política del kirchnerismo.
Tanto la suba del piso de Ganancias para asalariados, como los “precios justos” congelados (y etiquetados) por cuatro meses y los planes de venta en cuotas fijas –hasta abril de 2025– de electrodomésticos y celulares a tasa de interés subsidiada, son apenas paliativos para disimular el continuo deterioro real de los ingresos; en este caso, de la clase media. Pero implican colocar el carro delante de los caballos. No tienen nada que ver con un plan antiinflacionario y hasta podrían provocar un efecto contrario al buscado.
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La experiencia internacional muestra que resulta menos problemático bajar una inflación de 100% anual a un dígito, que hacerlo desde niveles de 40/50% como los que exhibe la Argentina en los últimos cuatro años.
Sin embargo, los planes de estabilización más exitosos (Israel, Brasil) tuvieron un mismo orden lógico. Primero, un componente ortodoxo con medidas para corregir los desequilibrios macroeconómicos (fiscal, monetario) y recomponer precios relativos (atraso cambiario, tarifario, salarial), junto con leyes para ganar credibilidad, como la independencia de los bancos centrales y límites al déficit, la emisión y el endeudamiento estatal. Luego, el componente heterodoxo del congelamiento transitorio de precios y salarios para desindexar la economía y reducir por un tiempo las expectativas inflacionarias. O sea que este último es un complemento y no un sustituto del primero hasta que haga sentir sus efectos.
Con su táctica de aplicar un “parche” a cada problema (canje de deuda en pesos, tipos de cambio múltiples, sistema selectivo de importaciones, tarifas energéticas diferenciadas, etc.), Massa no logró evitar la expectativa de un salto devaluatorio ni tampoco la de un futuro congelamiento de precios y salarios sin plan previo. De ahí que la brecha cambiaria se mantenga en torno de 100% y todos busquen cubrirse como pueden. Las empresas, con aumentos más frecuentes en sus listas de precios para no quedar rezagadas frente a la inflación y los sindicatos más poderosos, con la reapertura de paritarias, reclamos de hasta 130% anual (camioneros) y cláusulas de revisión para tratar de alcanzarla. El mayor drama es obviamente para los trabajadores informales, que representan más de la mitad del empleo total y quienes tratan de subsistir con los planes sociales.
A falta de un cepo para retener votantes, como sería el intento oficialista de suspender las PASO, el gobierno del Frente de Todos –que mostró su fractura expuesta en los actos separados del 17 de octubre– apuesta por ahora a dos segmentos sociales hasta fin de año. Uno es la clase media, con la suba del mínimo no imponible de Ganancias (inferior a la inflación acumulada) y un prematuro “veranito” de consumo subsidiado en cuotas. Otro, la población más vulnerable con el “refuerzo alimentario” de $45.000 en dos tramos (noviembre y diciembre), cuyo alcance sigue en discusión.
En este contexto, la idea de establecer “precios justos” impresos en los envases de productos de consumo masivo y mantenerlos fijos entre noviembre y fin de febrero no solo reedita una medida voluntarista que fracasó en 2021 y en otras épocas. También contradice los manuales que recomiendan negociarlos antes de su anuncio, pese a que una semana antes el propio ministro de Economía había descartado los congelamientos. No ignora que los “precios máximos” (retroactivos al 6 de marzo de 2020) aplicados por decreto al iniciarse la cuarentena y que se extendieron más de un año, fueron el resorte apretado que disparó, junto con la emisión para el plan “platita”, la escalada inflacionaria de 2021 y 2022.
Más bien se trata de una respuesta improvisada a las presiones político –electorales del cristicamporismo –como lo bautizó Claudio Jacquelin en LN–, para “mostrar algo” frente a una inflación que no baja del escalón de 6,5% mensual e impacta en la canasta básica alimentaria que determina la línea de indigencia.
De hecho, reetiquetar el stock de productos ya envasados implicará demoras en el abastecimiento y un sobrecosto para las empresas. Si se aplicara un sticker adhesivo con el precio fijo, existe el riesgo de dañar envases frágiles de alimentos de primera necesidad. Y la intención de que no sean vendidos a las grandes cadenas de supermercados agregará más eslabones –y costos– a la cadena de distribución y comercialización. Todo sin contar un conflicto latente que el Gobierno busca desactivar: la amenaza de Pablo Moyano de paralizar la logística de productos, combustibles y la recolección de residuos –como en 2000 durante la gestión de Fernando de la Rúa–, si fracasa la paritaria del gremio camionero. Nada que no se haya visto hasta ahora.
A nivel macro ocurre otro tanto con la negociación para que la semana próxima sea tratado en Diputados el presupuesto 2023, cuya pauta inflacionaria de 60% anual reedita la regla convertida en un clásico por el kirchnerismo desde 2006, para que la suba de la recaudación tributaria nominal por encima de ese nivel habilite un aumento equivalente del gasto público –o su reasignación– por Decretos de Necesidad y Urgencia o decisiones administrativas, sin que vuelva a pasar por el Congreso. De hecho, la Argentina es el único país donde el incremento del gasto se puede disponer por DNU.
Aun así, la novedad más importante es que Massa haya aceptado el reclamo de Juntos por el Cambio para introducir la cláusula que por primera vez impone un límite. Si al 31 de agosto la proyección de inflación superara en 10% la pauta anual o los ingresos tributarios acumulados lo hicieran en el mismo porcentaje, el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso una ley complementaria con el gasto para el último trimestre del año, que deberá ser aprobada en 30 días junto con el proyecto de presupuesto para 2024. Sólo si no hay acuerdo, el aumento del gasto podrá disponerse por DNU. No deja de ser un reaseguro para ambas partes en los dos meses previos a las elecciones, aunque no se prevé qué ocurriría si la ley complementaria es rechazada.
La discusión de la letra chica es otra historia, ya que en el oficialismo pocos se privaron de incluir cambios impositivos polémicos y contradictorios. Entre ellos, que los jueces y empleados judiciales paguen Ganancias y el aumento de impuestos internos para los productos electrónicos fabricados en Tierra del Fuego que el propio Gobierno promueve para financiar en 30 cuotas. Y hasta el propio Massa debió intervenir a último momento para desactivar el artículo que preveía un recargo de 15% en las cuotas de las prepagas para destinar a las obras sociales sindicales. No en vano el ministro dijo confesar entre amigos que tiene más trabajo que el plomero del Titanic.
