Yahoo Finanzas Populismo con altos costos que hipotecan el futuro
“Si nos quieren llamar demagogos, que nos llamen demagogos. Si nos quieren llamar compradores de votos, que nos llamen compradores de votos”. La frase de Alberto Fernández no sólo sintetiza el manual universal del populismo sino que, en boca del profesor de Derecho e hijo de un juez, encuadra perfectamente en el clásico axioma jurídico a confesión de parte relevo de pruebas. Para colmo fue pronunciada en La Rioja, una provincia donde son inocultables las pruebas de demagogia, clientelismo y uso discrecional de fondos públicos (en su mayoría de origen nacional) sin control ni rendición de cuentas y con fines electorales.
Sólo basta con repasar el brillante informe de Gabriela Origlia sobre el manejo político e institucional riojano que publicó LA NACION el 22 de enero pasado, junto con su reportaje al gobernador Ricardo Quintela, quien, obviamente, está en campaña por su reelección el 7 de mayo.
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La foto de tapa de esa edición habla por sí sola: al volante de su auto y con la ventanilla baja, Quintela reparte billetes de $1000 entre un grupo de vecinos de una calle de tierra que se acercan a saludarlo y pedirle una “ayudita”. Un dato anecdótico, si no fuera porque también distribuye subsidios a granel y más de la mitad del salario de los 52.000 empleados públicos incluye adicionales no remunerativos (entre ellos, la “quincenita” a mitad del mes). A esto se suman 40 empresas estatales provinciales (entre ellas, una línea aérea; otra de ómnibus de media distancia; un supermercado y varias fábricas) en su mayoría deficitarias, aunque el gobernador se escuda en que no le interesa el lucro económico sino el social. Para más datos, luego de declarar al litio como mineral estratégico, este mes acaba de revocar los permisos de exploración privada en 23 áreas de la provincia para transferirlos a una nueva empresa estatal (Kallpa SAPEM), que también se ocupará de proyectos de energías renovables.
A nivel nacional, este fenómeno se replica en otra escala aunque con cifras cuantificables y una particularidad: por razones políticas (transferencias discrecionales) las provincias muestran superávit fiscal y la Nación déficit (por transferencias para el sistema previsional y subsidios a la energía y transporte, principalmente en el AMBA, donde se concentra el mayor número de votantes), que al fin de cuentas pagan todos los argentinos ya sea vía impuestos o mayor inflación. Según datos aportados por IDEA en el coloquio de 2022, el déficit operativo de las empresas públicas pasó en los últimos 15 años de 0,1 a 1,1% del PBI y en el año último ascendió a casi US$5600 millones; una cifra superior a la ayuda extra que la Argentina recibió en 2021 del FMI (US$4300 millones) por el programa de asistencia a sus países miembros para atenuar el impacto de la pandemia. Por su parte, el gasto consolidado del sector público nacional (SPN) pasó de un promedio de 30,3% del PBI en el período 1994/1998 a 43,4% en 2017/2021. De ese aumento de 13,1 puntos porcentuales, 7,2% correspondió a la Nación; 5% a Provincias y 0,9% a Municipios. Aunque en ese Coloquio se presentaron propuestas concretas (crear un régimen legal de transparencia y responsabilidad para empresas públicas y fondos fiduciarios bajo control de la CNV; establecer por ley reglas para revisar el gasto público sobre “base cero” y apuntar a que el equilibrio fiscal sea una política de Estado a largo plazo, con límites al endeudamiento), hasta ahora se mantienen en el plano de las buenas intenciones.
No es extraño además que el gobernador riojano se haya convertido en un cruzado a favor del juicio político y la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que en su provincia –donde controla la Legislatura– también avanzó sobre el Poder Judicial. Allí hizo designar en el Superior Tribunal a su sobrina (ex secretaria de Justicia y titular del Consejo de la Magistratura) y a su exministra de Seguridad, tras forzar la renuncia de dos de sus cinco miembros para lograr una mayoría automática. Sería el sueño de Cristina Kirchner con la Corte nacional, pero para resolver sus propios problemas judiciales. Y aunque logró dictamen de la comisión de juicio político, sabe que será casi imposible conseguir los votos necesarios en Diputados.
Para Quintela, en cambio, la corte provincial adicta lo pone a tiro de una reelección indefinida o sucesión familiar, como ya ocurre con los gobernadores de Formosa, San Luis y Santiago del Estero. En los dos primeros casos aplican o repusieron la ley de lemas (al igual que Santa Cruz, San Juan y Misiones) para mantenerse en el poder, mientras que otros dejaron sin efecto las PASO (como Salta, a la que podrá sumarse Catamarca).
Esta grotesca degradación político-institucional, en la que 15 provincias ya desdoblaron la elección de gobernador para no superponerla con la presidencial, no tiene nada que ver con el eslogan oficial “Primero la gente”. Más bien se asemeja a la analogía de la rana en la sartén de agua tibia para consagrar al “pobrismo” como forma de clientelismo político y al desinterés por mejorar la educación y evitar que más del 50% de los estudiantes no termine la secundaria. Aunque finalmente retrocedió, Axel Kicillof acaba de demostrar que su propuesta para reducir ese índice no incluye el aporte de conocimientos adaptados al siglo XXI sino lo contrario.
También esta realidad tiene otras manifestaciones inexplicables. Por caso, el propio Sergio Massa había incluido a último momento en el presupuesto 2023 un aporte extra de $47.000 millones a La Rioja, justo cuando el kirchnerismo presionaba por la suspensión de las PASO nacionales con el argumento de su alto costo fiscal ($55.000 millones), que era ligeramente superior. Luego de la aprobación por el Congreso, dejó su instrumentación en manos de la Jefatura de Gabinete, cuyo titular (Juan Manzur) acaba de abandonar el cargo para volver a Tucumán como candidato a vicegobernador, tras haber fracasado en su prematuro intento de postularse como presidenciable.
Por otro lado, el Ministerio de Economía acaba de presentar el panel de monitoreo digital con geolocalización satelital para controlar el cumplimiento de las empresas adheridas a Precios Justos que, según el secretario de Comercio, Matías Tombolini, tiene capacidad para procesar 15.000 datos diarios, aunque Massa le agregó otros tres ceros. Si fuera así, esta plataforma podría utilizarse para agilizar el escrutinio de las elecciones de octubre. Pero en ese caso sería necesaria la boleta única en papel, que el oficialismo siempre se resistió a aprobar, al igual que el voto electrónico.
Con la campaña electoral en marcha, el Frente de Todos no ofrece previsibilidad con su política exterior alineada a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, ni con la política económica de “aguantar” hasta las elecciones para evitar un estallido atacando sólo los efectos de la crisis. Tampoco con su discurso de que cada necesidad es un derecho, que se traduce en una superpoblación de ministerios con miles de empleados, en muchos casos para objetivos testimoniales.
En la Argentina, el gasto público se aumenta por DNU sin plazos de convalidación o rechazo y se financia con la emisión de pesos que se devalúan día a día, pero nunca surge un recorte explícito para compensarlo, salvo la licuación inflacionaria de salarios y jubilaciones. Que incluso cuenta con la anuencia de la CGT, que ahora habla de “paritarias libres con responsabilidad” cuando en 2022, con una inflación de 100% anual, no impulsó ningún paro como lo hizo con gobiernos no peronistas.
El único discurso unificador es responsabilizar a Mauricio Macri de todos los males. Incluso con acciones extravagantes como el rechazo de la mayoría del PJ al presupuesto de 2018 en la Auditoría General de la Nación, por no haber enviado al Congreso el acuerdo con el FMI, cuando esa ley fue sancionada por Alberto Fernandez en 2021 y fue votada en contra por el kirchnerismo.
