Anses: las claves del bono para personas sin ingresos que, por presiones al Gobierno, fue comprometido en la letra de un decreto

Tras haberse comprometido, mediante un decreto y por presión de las organizaciones sociales, a destinar al pago de un bono para personas sin ingresos una parte de la recaudación lograda a partir de la instrumentación del llamado dólar soja, el Gobierno aún no terminó de definir los detalles de esa medida de ingresos.

Según dijeron en las últimas horas tanto el ministro de Economía, Sergio Massa, como el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el diseño de la nueva prestación, que se pagará solo por los meses de noviembre y diciembre, estará listo esta semana. Todo ello, en un contexto de muy alta inflación y deterioro de los pesos, de necesidad de reducción del déficit fiscal y de una sociedad con un nivel de indigencia (porcentaje de personas con ingresos que no son suficientes siquiera para procurarse los alimentos más básicos) que llegó al 8,8% en el primer semestre de este año, un índice siete décimas más elevado que el de la segunda mitad de 2021, según los datos de las mediciones hechas por el Indec.

¿Qué se sabe hasta ahora de ese pago de carácter social al que hoy se refirió el Presidente? El bono o “refuerzo de ingresos”, como lo llamó Massa en la entrevista que le dio ayer al programa “Si pasa, pasa”, de Radio Rivadavia, está previsto solo para personas que no tengan ningún ingreso declarado ni de carácter laboral o previsional, ni derivado de planes sociales o asignaciones como la que se abona por tener hijos a cargo. Eso reduce significativamente el alcance respecto de los pagos que involucró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en tiempos de cuarentena dispuesta por la pandemia de Covid-19.

En cuanto al monto, si bien no se confirmó nada oficialmente, trascendió de fuentes cercanas al Gobierno que rondaría una cifra mensual de $22.500, aunque también hay versiones de un monto aún más bajo, porque se había pensando en un valor cercano al de la canasta de indigencia para un adulto, según los cálculos hechos por el Indec (para el mes de agosto, el precio de ese conjunto de alimentos básicos fue estimado en algo más de $17.000). Desde la Anses señalaron, ante la consulta de LA NACION, que se está trabajando en la definición de la cuantía de los pagos, en tanto que desde Economía tampoco confirmaron ninguna cifra.

En la charla radial, el ministro Massa especificó que la prestación será “para los que no tienen nada, ni plan, ni asignación universal, ni seguro de desempleo, ni ingresos, y sienten que el Estado no los está protegiendo”. Y agregó que tenía aún pendiente (ayer, domingo) una primera reunión con Fernanda Raverta, directora ejecutiva de la Anses, y otra con la funcionaria y el Presidente, para definir cómo se instrumentará la medida. El primer mandatario también dijo que hay reuniones por hacerse para delinear los alcances de la medida. Se esperaba que un encuentro se realizara hoy, pero finalmente no sucedió.

Se sabe también que, para acceder, habrá que inscribirse en la página de la Anses y, como es habitual en estos casos, se cruzarían datos de ingresos y de patrimonio declarado, antes de habilitar el pago. Massa descartó que se trate de un ingreso que quede establecido como permanente, algo que reclamaban organizaciones sociales y referentes como Juan Grabois, al insistir en la necesidad de establecer un ingreso universal para cubrir necesidades básicas.

El decreto 576, en el cual está incluido el compromiso del Gobierno de establecer un pago de este tipo, define que el bono será para satisfacer las necesidades de alimentación de la población “en situación de extrema vulnerabilidad”. Concretamente, el artículo 9 de esa norma del Poder Ejecutivo dispone la creación del Fondo Incremento Exportador y establece que se trata de un instrumento que tendrá dos objetivos: ayudar a programas “que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías regionales”, y abonar un ingreso básico “que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”. Massa, por su parte, enfatizó que el dinero será para que los adultos sin ingresos “puedan acceder al mínimo básico alimentario”.

Según el informe de canastas básicas difundido por el Indec, al mes de agosto (último dato disponible) el valor del conjunto de alimentos a los que se debe acceder para no ser indigente es de $17.148,80. Es el dato correspondiente a un adulto mayor, varón, habitante del área metropolitana (ciudad de Buenos Aires y conurbano). La cifra es un 81,4% superior a la de un año atrás y contempla los precios de productos alimenticios muy básicos. Según consta en las definiciones metodológicas del Indec, para armar esa canasta se consideraron en su momento “los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades”, y se seleccionaron alimentos y cantidades “en función de los hábitos de consumo de la población”.

El propio decreto 576 ya establece que, al definirse los alcances del “refuerzo”, deberá tenerse en cuenta si las personas “son beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social, ya sea otorgado por el Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios”.

Más allá de los destinos establecidos para una parte de la recaudación lograda por el Estado, en concepto de derechos de exportación, a partir de haber dispuesto un dólar especial para la liquidación de operaciones que involucraban a la soja, lo cierto es que, a más de dos semanas de que esa medida tuvo su punto final, no se dispuso formalmente con cuántos recursos contará la fuente de financiamiento. El decreto le delegó al Ministerio de Economía la tarea de establecer qué proporción de lo recaudado se volcará al fondo especial.

Respecto de la población objetivo de la medida de carácter social, lo cierto es que el hecho de que en la Argentina haya más de 4,1 millones de indigentes (el dato surge de extrapolar el índice de 8,8% a la población de todo el territorio) no quiere decir que ese sea el número aproximado de perceptores, porque en ese universo hay menores de edad y adultos que ya perciben ingresos del Estado. Además, aún no están especificados los requisitos para el acceso.

Entre los aspectos que falta definir están las fechas de cobro de la nueva asignación temporal, aunque sí se dijo desde el Gobierno que serán durante los dos últimos meses del año.