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Realidad y evidencias que ponen en jaque a la agenda verde europea

Unos 25 tractores empleados para bloquear un centro de distribución para la cadena de supermercados Albert Heijn, en la localidad de Zaandam, al norte de Ámsterdam, el lunes 4 de julio de  2022. (AP Foto/Peter Dejong)
Unos 25 tractores empleados para bloquear un centro de distribución para la cadena de supermercados Albert Heijn, en la localidad de Zaandam, al norte de Ámsterdam, el lunes 4 de julio de 2022. (AP Foto/Peter Dejong)

Una protesta de productores neerlandeses contra una ley que los obliga a reducir intempestivamente las emisiones de nitrógeno de sus establecimientos ganaderos, y que podría derivar en la reducción de un 30% del stock bovino, no solo está conmoviendo a los Países Bajos sino también a la agenda del Pacto Verde europeo.

Con cortes de rutas y manifestaciones, ganaderos y agricultores de la nación europea, una de las más importantes productoras de alimentos del Viejo Continente, ponen en jaque a la decisión de la Unión Europea de ir a una forma de producción que prescinde de los adelantos de la tecnología.

Este criterio ya venía siendo cuestionado por la invasión de Rusia a Ucrania que disparó los precios de la energía y de los granos. El ministro de Agricultura de España, Luis Planas, pidió en marzo pasado flexibilizar los requisitos fitosanitarios para la importación de maíz para buscar otros mercados donde comprar ya que su segundo proveedor detrás de Brasil, Ucrania con 2,4 millones de toneladas anuales, estaba paralizado.

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Esta cuestión, que tendrá nuevos capítulos, es determinante para la producción agropecuaria argentina y plantea nuevos desafíos. En el reciente congreso de Maizar, el vicepresidente primero de la entidad, Federico Zerboni, dijo que la Unión Europea se propone continuar con su programa de Pacto Verde pese al cambio de escenario que provocó la guerra en Ucrania.

El programa europeo que propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción agropecuaria hacia 2030 para ir a la neutralidad en carbono implica, en la práctica, que un 30% de su agricultura se transforme prácticamente en orgánica para esa fecha. Si fuera una decisión que tuviera vigencia solo fronteras adentro, no sería un inconveniente para los países exportadores a la UE como la Argentina. Sin embargo, según destacó Zerboni, la intención es que haya una política espejo en los países de origen. De allí también que lleve el tema a los foros de otros organismos internacionales, como las Naciones Unidas, y a los acuerdos comerciales.

En el caso de la cadena maicera, Zerboni destacó el trabajo de la coalición internacional Maizall, integrada por entidades de Brasil, Estados Unidos y la Argentina que buscan a través del diálogo y las negociaciones de comercio internacional que las decisiones que se adopten en temas fitosanitarios y de inocuidad alimentaria tengan como base criterios científicos.

Aquí también se abre un dilema: si el de rechazar de plano la visión de los países europeos o adaptarse a las exigencias mediante procesos de certificación y comunicación sobre las verdaderas formas de producir que hay en la región. Quizás la respuesta no sea excluyente.

En uno de sus escasos raptos de lucidez, el gobierno argentino, vía el Ministerio de Agricultura, logró en el marco de la FAO y las Naciones Unidas colocar en una perspectiva realista la forma de producir que tiene el país. Con una agricultura de prácticas conservacionistas de los suelos como la siembra directa y una ganadería en pastizales que favorecen la captura de carbono, la Argentina está lejos de sentarse en el banquillo de los acusados. Aun así, no está exenta de que en el plano interno haya quienes propongan disparates como el proyecto de ley presentado en Misiones para impedir el uso del glifosato o la prohibición judicial al trigo modificado genéticamente en la provincia de Buenos Aires.

Ese margen de lucidez se ensombrece cuando se desaprovechan oportunidades como la de las energías renovables, especialmente con el biodiésel y el etanol de maíz y caña de azúcar, que en la reforma de ley se ordenó reducir el corte. Con la crisis del gasoil el Gobierno se vio obligado temporalmente a dar marcha atrás con esa política. Otros países, como Brasil o Estados Unidos, hace varias décadas que impulsan el desarrollo de las fuentes alternativas a los combustibles fósiles y ven al agro no solo como proveedor de alimentos sino también de fibra, energía y productos industriales.

Por ese motivo también resulta sorprendente que haya quienes planteen una falsa dicotomía entre “alimentos o energía” cuando cada vez hay más desarrollos en marcha que hacen granos, leche y carne con energía y fertilizantes que se produce en los mismos establecimientos. Allí se está aplicando el concepto de sostenibilidad en su triple significado: ambiental, social y económica. Esta es la oportunidad que tiene la Argentina para desarrollarse y exhibir al mundo.