Acusan al Banco Central de convertir a la Argentina en "puerto sucio"

Sorprendido por el desconocimiento del Banco Central (BCRA) de los estándares vigentes en el transporte marítimo global, el Centro de Navegación reclamó a Miguel Ángel Pesce y su equipo la modificación inmediata de la Comunicación A 7746, "permitiendo a las Agencias Marítimas efectuar libremente las remesas correspondientes a los pagos de los fletes y servicios facturados por cuenta y orden de los Armadores, de conformidad con la normativa cambiara aplicable, sin que las mismas queden supeditadas al previo y obligatorio cumplimiento de plazo alguno."

Acusan al Central de convertir a la Argentina en "puerto sucio"

El diferimiento de pagos ordenado por el BCRA -consecuencia de su política de administración de las divisas escasas- puede provocar que en un breve lapso de tiempo no lleguen al país ni una "chata aguatera", utilizando la jerga del comercio marítimo.

El BCRA desconoce que los buques que vienen hasta la Argentina se apartan de las lineas convencionales de tráfico para llegar a puertos con escaso volumen de carga y que, a veces, ni siquiera tienen calado suficiente. En esas circunstancias, el BCRA quiere diferir pagos.

La carta parece un tutorial de cómo funciona el negocio naviero: sus remitentes consideran que las autoridades padecen de ignorancia completa sobre el tema que han regulado.

Para los importadores el horizonte de desabastecimiento en plaza y para los exportadores un interrogante aún cuando la cosecha ha mermado a causa de la sequía. Pero hay algo más: la advertencia al BCRA de que los Armadores exijan el cobro y pago de fletes "offshore" (fuera del país), "lesionando los intereses de los actores que conforman la cadena logística local, convirtiendo a la Argentina en "Puerto Sucio", con pérdida de competitividad, producción, trabajo e ingreso de divisas por millones para todos los argentinos."

El texto, con respaldo de la Cámara Argentina de Comercio, hace referencia a la Comunicación A 7746 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ha trabado el funcionamiento de las agencias marítimas, y se le reprocha a la autoridad monetaria que ya se le había alertado de la problemática -con el aval de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)- en fechas 18/02/2022 y 12/07/2022.

"Ahora bien, en un contrasentido total con dicha solución anteriormente normada por el BCRA, la nueva norma impone que (...) será necesario que el pago se concrete a partir de los 90 días corridos desde la fecha de efectiva prestación del servicio (...) afectando negativamente el normal flujo de transferencias al exterior y, en consecuencia, de las operaciones de transporte de las cargas de importación y exportación (que en un 90% se efectúan por agua), lo que sin duda puede provocar el encarecimiento de las operaciones de comercio exterior y el consecuente desabastecimiento de insumos para la producción nacional, con pérdida de empleo y de ingresos millonarios en divisas", agregan.

En tanto, desde el 10 de marzo pasado -fecha del encuentro de los presidentes Alberto Fernández y Mario Abdo Benítez- las autoridades argentinas están emitiendo las facturas del cobro del peaje en el río Paraná a las embarcaciones con bandera paraguaya.

Acusan al Central de convertir a la Argentina en "puerto sucio"

La queja de los de Asunción fue que el encuentro tuvo como motivo el pedido de Paraguay de que se derogue esa medida porque lesiona el acuerdo de la Hidrodía Paraguay-Paraná, según el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), en Asunción.

La autoridad responsable del cobro del peaje en el río Paraná, dentro del territorio argentino, es la Administración General de Puertos (AGP), concesionaria de la vía navegable troncal de la hidrovía. Y la AGP ha rechazado los reclamos paraguayos porque no cuenta con una comunicación diferente del Ministerio de Relaciones Exteriores ni de la Justicia argentina, que informe de una suspensión de la facturación del trayecto.

Por este motivo, empresas paraguayas pedirán medidas cautelares a la Justicia argentina a la vez que podrían pagar facturas bajo protesta ante la amenaza de AGP de interdicción de las embarcaciones que podrían provocar, por ejemplo, el desabastecimiento de combustibles del mercado paraguayo.