Yahoo Finanzas El campo dice que es parte de la solución, no del problema
En una semana convulsionada por el nuevo cambio de mando en el Ministerio de Economía en menos de un mes, y pocos días después de que el presidente Alberto Fernández pusiera a los productores agropecuarios en el banquillo de los acusados por retrasar las ventas de soja, el acto principal de la Exposición Rural de Palermo fue el marco para insistir en un mensaje: el campo es parte de la solución a los problemas de la Argentina, no una traba.
Esto lo expuso el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, en su discurso al recordar el dato que las liquidaciones de divisas por exportaciones originadas en el campo alcanzaron los 19.000 millones de dólares en el primer semestre de este año, cifra que superó “la media histórica en un 90%”, según dijo. “Siete de cada diez dólares u otras divisas netas que entran al país, se originan en el campo”, añadió.
La suba de los precios internacionales de la soja, el trigo y el maíz, fue el principal motivo del incremento. La invasión de Rusia a Ucrania, dos países clave en el mercado mundial de alimentos, aceleró esa tendencia que venía registrándose con el fin de la pandemia.
En ese contexto global, el campo busca dejar en claro que no hay una ventaja ocasional que provoca ganancias extraordinarias. En los últimos 20 años, el crecimiento económico de China y de los países del sudeste asiático, sumado a la expansión de los biocombustibles como energía renovable, causaron una explosión de la demanda de granos y carnes. Este proceso no llegó a su techo. Y son pocos los países en el mundo que están en condiciones de mantenerse a la altura del desafío. La Argentina es uno de ellos.
El otro mensaje que se transmitió en el acto central de la Rural de Palermo es que la producción agropecuaria argentina se está estancando como consecuencia de la intervención distorsiva en los mercados y de la presión impositiva. “La producción agrícola total está hoy estancada en 130 millones de toneladas”, dijo Pino, y recordó que las exportaciones de carne retrocedieron un 11% desde que el gobierno de Alberto Fernández impuso el cepo a los cortes cárnicos.
A esa política intervencionista se le suma la brecha cambiaria, el verdadero motivo de la decisión de los productores de tomar a la soja como moneda segura frente a la veloz depreciación del peso. “Cuando el productor quiere pagar los insumos que necesita para producir, se encuentra con un dólar que vale alrededor de 300 pesos; pero cuando, mucho más tarde, va a vender su producción, cobra con un dólar que vale 130, quitándole además los derechos de exportación. De modo que, por ejemplo, en el caso de la soja, el valor de ese dólar que recibe el productor es de menos de 100 pesos”, explicó el presidente de la SRA.
En ese contexto de cancha inclinada, en el campo también se preguntan qué hizo el Estado con los ingresos por derechos de exportación (retenciones). Pino lo destacó en su discurso. “En estos 20 años el Estado se benefició: los productores transfirieron, a través de las retenciones, nada menos que 130.000 millones de dólares. A valores de hoy, es una cifra equivalente al dinero invertido en el Plan Marshall, que levantó a Europa entera luego de la segunda guerra mundial”, dijo, y se preguntó. “¿Qué han hecho los gobiernos con el dinero de las retenciones? ¿Han invertido en caminos, hospitales, escuelas, administración de justicia, atención a la población?” Y se respondió: “No, han dilapidado el dinero en reparto de subsidios, en vez de promover la cultura del trabajo”.
Impacto económico
Ese aporte de retenciones, argumentan los ruralistas y empresarios de la cadena agroindustrial, podría haberse quedado en los lugares donde se origina: en el interior del país. El movimiento económico que provocan las cosechas de maíz, trigo, girasol o soja no se reduce al ingreso de los productores agropecuarios. Involucra a los camioneros que llevan el cereal, a los jóvenes ingenieros agrónomos que recorren los campos para monitorear los cultivos y llega hasta los restaurantes de los pueblos.
“Nuestro sector agroindustrial genera más de un tercio de toda la fuerza laboral del país: desde los emprendedores y los trabajadores que realizan la enorme variedad de tareas de producción y elaboración de los frutos del campo, hasta la red de científicos, técnicos, comercializadores y transportistas, que sostienen día tras día el trabajo productivo”, destacó Pino. Y recordó que hay 227.000 productores y 25.000 establecimientos y empresas “que transforman lo que produce el campo”. El ruralista sostuvo que hay “casi cuatro millones de trabajadores, directos o indirectos, que llevan el empleo a todos los puntos del interior del país”. Son datos que contrastan con la creencia que el campo no genera valor ni es importante en términos de empleo.
Desafíos
El impacto en divisas y empleo del campo es el principal argumento de la ley de fomento agroindustrial que apenas comenzó a discutirse en el Congreso. La iniciativa, nacida del sector privado, propone otorgar estabilidad fiscal y financiera e incentivos específicos al agro para generar un aumento de exportación de US$65.000 a US$100.000 millones y la creación de 700.000 puestos de trabajo. Esto, sin descuidar el mercado interno.
El hoy designado ministro de Economía elogió la iniciativa en febrero pasado, aunque no hizo mucho para acelerar su tratamiento en el Congreso. Ahora, desde el quinto piso del Palacio de Hacienda tendrá la oportunidad de llevar adelante el proyecto, aunque tiene un límite que expresó en sus primeros contactos con la dirigencia rural: no bajar los derechos de exportación.
Pero más allá de la ley, Massa tiene una tarea más compleja: restablecer la confianza con el agro. En las próximas semanas los productores comienzan a tomar decisiones sobre la siembra de maíz y de soja de la campaña agrícola 22/23 que tendrán influencia sobre el ingreso de divisas del próximo año. Un mal paso con el agro tendrá efectos negativos.
