Ya empezó la transición energética, pero los trabajadores de los combustibles fósiles podrían quedar en el olvido

WASHINGTON — Tiffany Berger pasó más de una década trabajando en una planta eléctrica operada con carbón en el condado de Coshocton, Ohio, y con el tiempo se convirtió en operadora de unidad con un salario anual de unos 100.000 dólares.

Sin embargo, en 2020, American Electric Power cerró la planta y Berger tuvo dificultades para encontrar un trabajo cercano que ofreciera un salario comparable. Vendió su casa, se mudó con sus padres y decidió ayudarles a manejar su granja en Newcomerstown, Ohio, a unos 30 minutos de distancia.

Venden parte del maíz, los frijoles y la carne de res que producen, pero tan solo alcanza para mantener la granja en funcionamiento. Berger, de 39 años, empezó a trabajar medio tiempo en una empresa local de fertilizantes y semillas el año pasado, donde obtiene apenas una tercera parte de lo que ganaba. Comentó que “nunca había soñado” que la planta fuera a cerrar.

“Pensé que me iba a jubilar ahí”, mencionó Berger. “Es una planta eléctrica. Todo el mundo necesita luz”.

Estados Unidos está experimentando un rápido abandono de los combustibles fósiles a medida que brotan de la nada nuevas fábricas de baterías, proyectos eólicos y solares, así como otras inversiones en energías limpias por todo el país. La amplia ley climática que los demócratas aprobaron el año pasado podría ser incluso más eficaz para reducir las emisiones de combustibles fósiles de lo que habían estimado funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden.

Aunque la transición está proyectada para crear cientos de miles de empleos en el sector de las energías limpias, podría ser devastadora para muchos trabajadores y condados que han dependido del carbón, el petróleo y el gas para su estabilidad económica.

Los estimados sobre las posibles pérdidas de empleos en los próximos años varían, pero en 2022 las industrias de los combustibles fósiles tenían unos 900.000 empleados que trabajaban directamente con ellas, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

El gobierno de Biden está intentando mitigar el impacto, en su gran mayoría ofreciéndoles ventajas fiscales adicionales a los proyectos de energías renovables que se construyan en zonas vulnerables a la transición energética.

Sin embargo, algunos economistas, investigadores climáticos y líderes sindicales no están tan convencidos de que haya suficientes iniciativas. Más allá de la construcción, para operar los parques eólicos y solares se suelen requerir pocos trabajadores y los nuevos empleos en el sector de las energías limpias no ofrecen siempre salarios comparables o se alinean con las habilidades de los trabajadores despedidos.

Las plantas operadas con carbón han cerrado durante años y la producción nacional de carbón ha caído de su máximo a finales de la década de 2000. Según la Administración de Información Energética, se proyectó que para 2030 la capacidad de generación de electricidad a partir del carbón disminuirá de forma dramática hasta el 50 por ciento de los niveles actuales. En la industria de la extracción del carbón quedan unos 41.000 trabajadores, en comparación con los 177.000 de mediados de la década de 1980.

La desaparición de la industria es un problema no solo para sus trabajadores, sino también para las comunidades que han dependido durante mucho tiempo del carbón para impulsar su recaudación tributaria. La pérdida de ingresos de las minas, las plantas y los trabajadores puede significar menos dinero para escuelas, carreteras y fuerzas del orden. Un artículo reciente de Aspen Institute reveló que, entre 1980 y 2019, las regiones expuestas al declive del carbón experimentaron reducciones a largo plazo de los ingresos y las tasas de empleo, un mayor uso de los beneficios de Medicare y Medicaid y un descenso sustancial de la población, en particular entre los trabajadores más jóvenes. Esto “deja detrás a una población desproporcionadamente vieja, enferma y pobre”, según el artículo.

El gobierno de Biden ha prometido ayudar a esas comunidades a capear el impacto, tanto por razones económicas como políticas. Si no ayuda como se debe a los trabajadores desplazados, podría traducirse en el tipo de reacción populista que perjudicó a los demócratas tras la globalización, cuando las empresas mudaron sus fábricas a China. Las promesas de recuperar los empleos del carbón también ayudaron a Donald Trump a ganar las elecciones de 2016, pues aseguraron votos cruciales en estados como Pensilvania.

Las autoridades federales han prometido crear puestos de trabajo en las comunidades afectadas y garantizar que los trabajadores desplazados “se beneficien de la nueva economía de la energía limpia” ofreciéndoles miles de millones de dólares en bonos de créditos fiscales para que creen proyectos de energías renovables en regiones dependientes de los combustibles fósiles.

Si en esas regiones, llamadas “comunidades energéticas”, se construyen nuevas inversiones, como parques solares o centros de almacenamiento de baterías, los desarrolladores podrían llegar a cubrir hasta el 40 por ciento del costo del proyecto. Las empresas que reciban créditos por producir electricidad a partir de fuentes renovables podrían obtener un estímulo del 10 por ciento.

La Ley de Reducción de la Inflación también reservó al menos 4000 millones de dólares en créditos fiscales que podrían utilizarse para construir centros de fabricación de energía limpia, entre otros proyectos, en regiones con minas de carbón o plantas eléctricas cerradas y creó un programa que podría garantizar hasta 250.000 millones de dólares en préstamos para readaptar instalaciones, como una planta eléctrica cerrada, para usos de energía limpia.

Brian Anderson, director ejecutivo del grupo de trabajo interagencial del gobierno de Biden en comunidades energéticas, señaló otras iniciativas federales, como el aumento del financiamiento para proyectos de recuperación de tierras mineras abandonadas y fondos de ayuda para revitalizar las comunidades carboneras.

No obstante, Anderson mencionó que las iniciativas no serán suficientes y que las autoridades tenían financiamiento limitado para ayudar directamente a más comunidades.

“Estamos justo al borde de la posibilidad de dejarlos atrás de todas maneras”, afirmó Anderson.

Phil Smith, jefe de personal de United Mine Workers of America, señaló que los créditos fiscales para los fabricantes podrían ayudar a crear más empleos, pero que era probable que 4000 millones de dólares no bastaran para atraer plantas a todas las regiones. Smith también esperaba más ayudas directas para los trabajadores despedidos, pero el Congreso no financió esas iniciativas.

“Creemos que sigue siendo algo que se debe hacer”, opinó Smith.

Hasta ahora, los esfuerzos federales y estatales han hecho poco por ayudar a trabajadores como James Ault, de 42 años, quien tuvo un empleo en una refinería de petróleo del condado de Contra Costa, California, durante 14 años antes de ser despedido en 2020. Para mantener a flote a su familia, agotó su pensión y retiró de manera anticipada la mayor parte del dinero de su plan 401(k).

A inicios de 2022, se mudó a Roseville, California, para trabajar en una planta eléctrica, pero fue despedido de nuevo después de cuatro meses. Trabajó durante poco tiempo como repartidor de comida antes de conseguir un empleo en un fabricante de productos químicos cercano en febrero.

Ahora gana 17 dólares menos por hora que en la refinería y apenas puede pagar la hipoteca. A pesar de todo, aseguró que no volverá a la industria petrolera.

“Como nos estamos alejando de la gasolina, creo que entraría en una industria que está muriendo”, afirmó Ault.

c.2023 The New York Times Company