El Gobierno, con problemas para abastecerse porque nadie quiere venderle o prestarle servicios

Hace algunas semanas, la Quinta de Olivos casi se queda sin frutas ni verduras. Un empleado administrativo se acercó al puesto de proveedores de la residencia presidencial a firmar un remito de entrega y se encontró con precios mucho más altos que los de cualquier supermercado o almacén. Por ejemplo, el verdulero quería cobrar el kilo de bananas a $600, cerca del triple de lo usual. Llamó a su jefe, que le ordenó que no reciba la mercadería.

Según quien intervino en la decisión, la oficina de compras debió buscar otro proveedor al que decidieron pagarle a través de la caja chica, con plazos más cortos y menos trámites. Esta anécdota es un reflejo de un fenómeno cada vez más frecuente: cada vez menos gente quiere venderle o prestarle servicios al Estado.

Este problema se ve en los portales Contrat.ar y Compr.ar. Se trata de las dos páginas web en donde se publican periódicamente los procesos de adquisición del Estado. En el primero se vuelcan los contratos de obra pública, mientras que en el segundo, los de alimentos, vehículos, electrodomésticos y reparaciones, entre otras cosas.

En los últimos 90 días, se abrieron 42 licitaciones de obra pública. De estas, 16 continúan en apertura (a la espera de oferentes), ninguna se adjudicó y 15 ya fueron desiertas o dejadas sin efecto. Las 10 restantes están en situaciones distintas.

Un ejemplo. A través de la licitación 46/16-0132-LPU22, la Dirección Nacional de Vialidad publicó un pedido de reparación de obras de arte, protección de estribos de puentes sobre el Río Salado y obras de control de erosiones en taludes en la Ruta Nacional Nº98, por cerca de $55.800.000. El proceso fracasó porque nadie se ofreció a hacer los trabajos.

En el portal Compr.ar hay procesos desiertos, incluso en contrataciones directas y de insumos marcados como “urgentes”. Entre estos hay reparaciones de autos para la Comisión Nacional de Energía Atómica o de calefacciones para varias reparticiones; servicios de alertas crediticias “necesarios para las tareas investigativas” de la Policía Federal Argentina; adquisición de seguros; múltiples servicios de provisión de gasoil; viandas para los trabajadores del Instituto de Salud “Dr. Carlos Malbrán” y el servicio de alarma contra robo e incendio para la Jefatura de Gabinete.

En las oficinas públicas reconocen este problema como un dolor de cabeza y apuntan a la imposibilidad de solucionarlo con el actual esquema regulatorio. La inflación y los prolongados plazos de pago (de entre 60 a 120 días) del Estado generan un desincentivo para los proveedores. “Los privados siempre financiaron a lo público en las compras, pero ahora el costo es demasiado elevado”, admite un encargado de los procesos de contratación de un órgano del Poder Ejecutivo.

Además, la salida de Martín Guzmán agravó la relación entre los proveedores y el Gobierno, de acuerdo con diversas fuentes. La vorágine de cambios en el Palacio de Hacienda generó demoras en las autorizaciones de pago durante dos meses, lo que provocó un retraso en los desembolsos de más de 100 días. Estas condiciones y los faltantes en algunos rubros, como los insumos de reparación de automóviles, generaron 150 requerimientos fracasados o dejados sin efectos en el portal Compr.ar en los últimos 30 días.

Se trata del 34% de los procesos de compra cerrados en esa etapa (que no están en apertura). En el mismo período del año anterior, esa cifra se encontró cerca del 20%, 15 puntos porcentuales menos.

De acuerdo con fuentes oficiales, el problema es más grave en las compras de alimentos y en la contratación de servicios. Excepto en la obra pública, no existen procedimientos para redeterminar precios ante la inflación, a diferencia de, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con una oficina especialmente dedicada a recibir pedidos de actualización de valores.

Las más afectadas son las áreas que hacen compras chicas. El Ministerio de Desarrollo Social, por caso, adquiere harina o enlatados de a toneladas o cientos, con lo cual tiene mayor poder de negociación para persuadir a sus vendedores.

Ocurre también que los proveedores ofrecen precios muy por encima de lo que publica el Estado para compensar la pérdida que generará el aumento de precios hasta que efectivamente reciban el monto acordado. Cada oficina pública se permite distanciarse de ese valor en diferentes proporciones. Casi siempre cerca de un 30% más, aunque algunos funcionarios prefieren que fracasen los procesos, ante la posibilidad de que se generen reclamos por sobreprecios.