Yahoo Finanzas El Gobierno sufre por presentar una Ley ómnibus y un DNU desordenados, mal redactados y poco consensuados
En el actual contexto, considerando el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, del viernes pasado de eliminar el capítulo fiscal del proyecto de Ley de Bases para una Argentina en libertad es necesario hacer algunas aclaraciones con respecto a la situación fiscal futura.
Con las con medidas fiscales que estaban incluidas en este capítulo, el Gobierno proyectaba una reducción del déficit fiscal primario de unos 2 puntos del PBI, pero, sin ese paquete, esa plata habrá que sacarla de otro lado.
Lo que ayuda al Gobierno es que, como la suba del Impuesto PAÍS que le aportaría más ingresos al Gobierno por 0,8 % del PBI no está incluida en la Ley ómnibus sino en el DNU 70 /23, el valor de 2 puntos del PBI se reducirá a 1,2 % del PBI, o sea, unos 6.000 millones de dólares. La publicación del resultado fiscal del sector público nacional del 2023 que dio a conocer la semana pasada el Gobierno muestra que el déficit fiscal primario del SPNF ascendió a 3% del PBI.
Esta cifra es un punto más del 1,9 % del PBI que está comprometido en el nuevo acuerdo con el FMI. Atención: primer problema para Nicolás Posse y Luis Caputo que le deberán explicar al FMI que ese número no se cumplirá. Pero, si a eso le sumamos el pago de intereses de deuda pública, se llega a un desequilibrio fiscal de casi 6% del PBI. Esto implica que las necesidades de financiamiento del estado nacional que es la brecha de gasto respecto de los ingresos que el Estado debe financiar con deuda pública o con emisión monetaria es de, aproximadamente, unos 30.000 millones de dólares si consideramos un PBI de unos 500.000 millones de dólares.
Dos opciones: un brutal ajuste del gasto público o financiarlo con emisión monetaria
El problema es que, como el Gobierno argentino tiene por el momento prácticamente cerrado el acceso al crédito en el mercado internacional de capitales, el riesgo país llega a los 1.900 puntos básicos. Por ahora, quedan solo dos opciones: una es un brutal ajuste del gasto público y la otra es financiarlo con emisión monetaria.
Al parecer y de acuerdo a lo manifestado por el presidente Javier Milei el sábado en declaraciones radiales en El Observador, el ajuste vendría por el lado de las llamadas transferencias discrecionales de fondos a las provincias por la cuales el Estado gastó el año pasado unos 2 billones de pesos, en realidad, un fuerte ajuste a los que Milei llama la casta política provincial.
La suba del Impuesto PAÍS que le aportaría más ingresos al Gobierno por 0,8 % del PBI
Un reciente estudio de la consultora Idesa señala que ante este panorama se justifica la alta prioridad que el Gobierno le asigna a lograr el equilibrio fiscal.
Ese fue objetivo de introducir en la discusión parlamentaria el capítulo fiscal de la Ley ómnibus donde se planteaban medidas relacionadas con los ingresos públicos como el aumento de los derechos de exportación, una nueva moratoria y blanqueo de capitales y por el lado del gasto, se planteaba suspender la movilidad jubilatoria pero esto quedó de lado.
La presión de los gobernadores y de algunos sectores económicos
Finalmente, frente a la presión de los gobernadores y de algunos sectores económicos, ese capítulo fue retirado del Congreso. El Gobierno manifestó enfáticamente a través de Milei y el ministro Luis Caputo que, pese a todo, se mantiene la meta de déficit fiscal cero.
El estudio de Idesa se pregunta, por ejemplo, ¿cómo se enmarcan los resultados fiscales del 2023 en la dinámica de las finanzas públicas en los últimos años? Al respecto, explica que, de acuerdo a datos del Ministerio de Economía, se observa que:
El resultado financiero promedio entre los años 2000 y 2023 fue de –2,2% del PBI.
El resultado financiero promedio de los últimos 10 años fue de –5%del PBI.
El resultado financiero del 2023 fue de –5,9% del PBI.
Estos datos muestran que el desequilibrio en las cuentas públicas nacionales es crónico y creciente. Lo relevante es que solo hubo resultado financiero positivo entre los años 2003 y 2008 que se explica por los aumentos de ingresos públicos derivados de un contexto internacional ineditamente favorable y a que la contabilidad pública no registraba como gastos los intereses que devengaba la deuda en default ni los juicios planteados por jubilados agraviados debido a que no se cumplía con la movilidad previsional.
Un tema preocupante
El trabajo de Idesa, por otro lado, explica que "justo a esta crónica acumulación de desequilibrios financieros se fueron gestando otros fenómenos no menos negativos". Por un lado, la tendencia a crear y aumentar los impuestos.
Solo un tercio de la recaudación tributaria nacional proviene del IVA y Ganancias que son los tributos en los que reposan los países bien organizados. Los dos tercios restantes provienen mayoritariamente de tributos que castigan la producción y el empleo (cargas sociales, impuesto al cheque, derechos de exportación e importación, impuestos internos)".
El Gobierno sufre por las desprolijidades en la Ley ómnibus y el DNU
Lo que se observa es un tema muy preocupante porque se han enquistado muy malas prácticas de administración del gasto público donde la asignación de fondos públicos en áreas no prioritarias y el desprecio por la eficiencia del Estado son moneda corriente y esto no tiene nada que ver con el capítulo fiscal que se eliminó de la Ley ómnibus.
Hoy el Estado aplica muy malos impuestos y administra el gasto con mucha desidia.
Por lo tanto, si bien la eliminación del capítulo fiscal es un golpe para el Gobierno de Milei, no es el centro del problema sino uno y, tal vez, el principal problema.
El problema más grave es la inflación
Tal como manifestó en reiteradas veces Milei, el problema más grave es la inflación cuya única causa es la emisión monetaria del BCRA para financiar el déficit fiscal del Tesoro. Por lo tanto, tampoco es bueno poner énfasis exclusivamente en el aspecto financiero, menospreciando cuestiones cualitativas respecto a los tributos que se aplican y a qué y cómo se asigna el gasto público, es un peligroso error de diagnóstico.
Lo que, al parecer, busca el Gobierno con la Ley ómnibus y el DNU 70/23 tratando de desregular varias actividades económicas, sorpresivamente la desregulación del sistema de salud y el PAMI no figuran, y ajustar a las provincias, es terminar con la visión equivocada en que se han apoyado las estrategias de ajuste fiscal tradicionales para reducir la inflación y luego tratar de reactivar la producción.
Si se aplicase el el ajuste fiscal tradicional ortoxo que siempre pide el FMI, se trata de algo muy riesgoso que sería cerrar el déficit con más impuestos distorsivos, como se buscó hacer con la suba de los los derechos de exportación a las economías regionales que resulta una estrategia inconducente porque cercena la producción y lo mismo ocurre al pretender bajar el gasto público manipulando la movilidad previsional, porque exacerba la litigiosidad y esos dos ítem han quedado eliminados de la Ley ómnibus. Este, traspié del Gobierno en el Congreso que se debe en parte a una ley mal redactada armada a las apuradas y a una feroz resistencia de la oposición a los cambios cualquiera que sean si bien no era lo esperado debería generar en el Gobierno una fuerte autocrítica de sus principales responsables y luego tratar de buscar otra solución pero no debería representar un frustración.
Al parecer el miércoles sería aprobada en Diputados y luego enviada al Senado para su aprobación definitiva. El "déficit cero" debería ser una meta a alcanzar pero el Gobierno no debería rasgarse las vestiduras para lograrlo porque más allá de sus groseros errores en la redacción de la Ley Ómnibus y del DNU 70/23 estos buscan cambiar una matriz político económica que lleva años de fracasos.
"Por lo tanto no debería motivar tanto el énfasis en alcanzar la meta de déficit 0 (lo que aisladamente llevará a una nueva frustración) sino en lograr la solvencia financiera y también de gestión en base a un ordenamiento integral del Estado" dice el informe de Idesa.
En tanto según estimaciones de la UIA, la presión fiscal por efecto de los nuevos derechos de exportación que se iban a aplicar sobre las exportaciones de los precios bienes industriales y alimentos y bebidas se podría incrementar en promedio más de 11 puntos porcentuales.
"Este impacto es directo en el valor FOB dólar de las ventas externas, erosionaría rápidamente la competitividad ganada por el nuevo tipo de cambio oficial" explicaron fuentes de la UIA a iProfesional.
El problema más grave es la inflación cuya única causa es la emisión monetaria del BCRA para financiar el déficit fiscal del Tesoro
Caputo pudo sacar el capítulo fiscal el jueves pasado
Caputo tuvo el primer aviso de la posibilidad de sacar el capítulo fiscal el jueves pasado cuando junto a otros funcionarios visitó la sede de la UIA. En esa reunión los representantes de la entidad reconocieron los esfuerzos del Gobierno para alcanzar el déficit cero y el órden macroeconómico además de resolver la deuda comercial heredada. También ratificaron su apoyo al capítulo laboral de las reformas propuestas por el Gobierno y se presentará como amicus curiae ante la Corte Suprema en la causa que suspendió la aplicación del DNU. Pero el presidente de la UIA Daniel Funes de Rioja solicitó en esa reunión a Caputo que se revean las medidas referidas alícuotas de los derechos de exportación de productos industriales que en algunos casos de las economías regionales como por ejemplo las industria del vino el Gobierno buscaba llevarlas de 0 al 15 %.
Funes de Rioja explicó que "le planteamos al ministro la fuerte preocupación por el aumento de las retenciones ya que consideramos que castiga la exportación de valor agregado argentino". Además agregó que "entendemos que serían medidas transitorias en el marco de una situación económica muy delicada". Lo concreto es que en la medida que los recientes movimientos dentro del elenco ministerial se profundicen y el Gobierno demoró en aprobar una la Ley ómnibus bastante tupacamarizada es probable que la tensa calma cambiaria que se observa desde mediados de enero sea difícil de mantener para el BCRA.
En un momento que el BCRA deja retrasar el dólar con una especie de tablita cambiaria que marca una tasa de suba del tipo de cambio del 2 % mensual frente a una inflación mensual que oscilará en valores que van del 20 al 25 % anual entre enero y febrero será difícil mantener ese ritmo de devaluación mensual del peso si la situación política se desmadra. Para el año 2024 la media de las consultoras de mercado (pronóstico del Relevamiento de Expectativa de Mercado del Banco Central República Argentina) ven una tasa de inflación en el 211,3% y una devaluación del peso del 110,3%, esto implica que internamente subirán los precios en dólares.
El mix de un escenario de atraso cambiario por delante, más impuestos a las exportaciones, y un escenario internacional de precios de materias primas en baja no será una buena noticia para el Gobierno. Pero lo concreto es que la larga decadencia y la profunda crisis actual no es sólo porque el Estado gasta por encima de sus ingresos sino porque se necesita desregular una economía que no crece desde el 2014.
