Letra chica del Presupuesto: por qué puede "matar" a herramienta clave de las Pymes y qué alerta a empresas 4.0

Sin autor conocido, dos artículos del proyecto de Presupuesto 2023 obligan a cerrar su operatoria a las plataformas de negociación de facturas de crédito electrónicas Pyme que trabajan por fuera de los mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores.

El diputado Luciano Laspina (Juntos por el Cambio) adelanta a iProUP que se moverá en el Congreso para lograr eliminar los artículos 115 y 116 del dictamen de mayoría del Presupuesto y opina que responden a destruir una creación del gobierno de Mauricio Macri.

En otro orden, el Presupuesto fija como todos los años el cupo de beneficios para la Economía del Conocimiento, pero en esta oportunidad multiplica por 3,5 para 2023 el monto de 2022, al llevarlo de $15.400 millones a $70.000 millones.

Las sospechas alrededor de un artículo sin dueño

Desde las plataformas de facturas de crédito electrónicas (FCE) afirman a iProUP en estricto off-the-record que "no se sabe quién incluyó estos artículos que no tienen nada que ver con el Presupuesto" y que "se busca favorecer al Mercado Argentino de Valores (MAV), el gran perdedor de la operatoria en estos momentos en cuanto a volumen de negocios".

Es que en el MAV, la tasa de descuento es superior a la que se consigue a través de las plataformas, a raíz de que esta opción quedó relegada en las preferencias de las Pymes e, incluso, de los bancos, que eligieron para negociar FCE las plataformas legisladas por el artículo 13 de la Ley de Financiamiento Productivo.

En números, el MAV operó en septiembre 149 FCE en pesos por $463 millones y 32 FCE en dólares por u$s515.672.

En cambio, revela a iProUP Pablo Sanucci, de la plataforma InvoiTrade, en estas empresas "se negocian 7.000 facturas mensuales de 1.000 Pymes, por $55.000 millones" y esperan llegar en 6 meses a 20.000 facturas, sobre todo de la mano del sector petrolero y los bancos.

Sin embargo, Fernando Luciani, CEO del MAV, niega en dialogo con iProUP que se busque favorecer a esa entidad, y asegura que "las plataformas nunca necesitaron una legislación especial para operar y que, cuando cumplan las normas de la Comisión Nacional de Valores, se van a desarrollar mucho más".

"Estamos de acuerdo con la derogación de ese artículo porque confunde a las pymes y a los inversores. También afecta negativamente a las fintech y las DeFi, al crear un limbo regulatorio cuando no deberían tener una norma así que mezcle todo", subraya.

Qué dice el presupuesto sobre las plataformas de FCE

El proyecto de Presupuesto 2023 legisla sobre las plataformas de facturas de crédito electrónicas en las siguientes dos cláusulas:

Artículo 115

Deroga las plataformas de negociación de facturas de crédito electrónica creadas por el artículo 13 de la Ley de Financiamiento Productivo.

Ese artículo 13 dice que las FCE Pymes "podrán ser negociadas mediante herramientas o sistemas informáticos que faciliten la realización de operaciones de factoraje, cesión, descuento y/o negociación de facturas".

"Dichas herramientas o sistemas informáticos no serán considerados mercados, ni necesitarán autorización previa para funcionar de la Comisión Nacional de Valores, en tanto sólo participen en calidad de compradores, adquirentes, cesionarios o endosatarios las entidades financieras, como así también los proveedores no financieros de crédito", agrega.

Artículo 116

Indica que todas las operaciones enmarcadas en el artículo 13 de la Ley de Financiamiento Productivo deberán adecuarse a lo dispuesto por el artículo 12 de esa norma. Y delega a la Comisión Nacional de Valores la reglamentación.

Ese artículo 12 también hace referencia a que las FCE podrán ser negociadas en los mercados autorizados por la CNV.

Cuál es el panorama hoy de la negociación de FCE

Sanucci enumera que en las seis plataformas aprobadas, y que desaparecerían son Finoba, Invoition, Bill, Descontá tu factura, Armónica SRL e InvoiTrade.

"A través de estas empresas descuentan facturas 15 bancos, que están comprando instrumentos con una inversión muy grande", afirma.

Entre esas entidades bancarias se cuentan Macro, Itaú, Supervielle, de Valores, Columbia, Patagonia e Industrial. Otros bancos, como el Santander, negocian por su cuenta.

"Un sector muy desarrollado en el tema de factura de crédito electrónica es el petrolero, motivo por el cual, algunas de las entidades que ya manifestaron su preocupación son las que nuclean pPymes patagónicas", relata, y apuesta a que "también los bancos opinarán sobre estos artículos del Presupuesto 2023".

Sanucci enfatiza que "no se entiende a quién busca beneficiar la derogación de las plataformas, porque desde luego no es un beneficio para las Pymes que las eligen mayoritariamente y las convierten en la operatoria más exitosa".

También niega que, por no estar bajo el paraguas de la CNV, les falte legalidad, ya que "son autorizadas por la Caja de Valores y no las fondean cuevas, precisamente, sino todo lo contrario, importantes bancos".

El cupo anual para economía del conocimiento

Sobre la fuerte suba del cupo para beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento, Luis Galeazzi, director ejecutivo de la cámara Argencon, afirma a iProUP que los $70.000 millones "son un valor nominal y no se sabe que cuánto será la inflación".

Si bien se triplicó el cupo, las empresas temen que los beneficios del régimen del Conocimiento "quedarán cortos"

"Además, la expectativa es que ingresen al régimen muchas empresas no tradicionales de economía del conocimiento, o sea, no de desarrollo de software", aclara, y concluye que "es probable que ese cupo se quede corto otra vez, como pasó a comienzos de este año".

El cupo incluye a los beneficios promocionales de los artículos 8° y 9º de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, que son los siguientes:

Artículo 8

Menciona a las contribuciones patronales: por cada uno de sus trabajadores, las empresas de Economía del Conocimiento gozarán de una detracción similar al de las Pymes.

Artículo 9°

Esta cláusula establece un incentivo adicional: se suma que los beneficiarios podrán obtener un bono de crédito fiscal transferible por única vez, equivalente a 1,6 veces el monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar por lo que ahorra el artículo 8°. El bono se podrá aplicar al Impuesto a las Ganancias e IVA.

Cuando los trabajadores en relación de dependencia ostenten el título de doctor, el bono de crédito fiscal generado por ese empleado será equivalente a 2 veces el monto de las contribuciones patronales establecido, por el término de 24 meses desde su contratación.

Según el proyecto de Presupuesto 2023, la Secretaría de Economía del Conocimiento asignará el cupo fiscal considerando "la incidencia de los beneficios otorgados a las diferentes categorías de las empresas inscriptas, promoviendo una mayor atención a aquellas de menor tamaño".

Más beneficios para economía del conocimiento

El Decreto 679 otorgó hace 15 días beneficios para actividades de la Economía del Conocimiento con fomento para inversiones y exportaciones, según precisa a iProUP el estudio Policella.

Régimen de fomento de inversiones

Comprende inversiones destinadas a nuevos proyectos o ampliación de los existentes de los siguientes tipos:

• Infraestructura

• Bienes de capital

• Capital de trabajo (incluye salarios y honorarios profesionales)

Los interesados deben ser personas jurídicas y se requiere una inversión, en principio, no inferior a u$s3 millones, y promover las exportaciones. El plazo para acogerse al beneficio será hasta el 30/6/23.

Los que resulten beneficiados quedan exceptuados de liquidar hasta el 20% de las divisas que ingresen en concepto de inversión extranjera directa.

Fomento para las exportaciones

Libre disponibilidad del 30% de las divisas ingresadas por exportaciones, para ser aplicadas al pago de las remuneraciones de personal en relación de dependencia.

El cálculo del beneficio se aplica sobre las exportaciones netas incrementales y rige para los sujetos inscriptos en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción.

Estos regímenes resultarán operativos cuando la Secretaría de Economía del Conocimiento los reglamente.