Ley de humedales: la necesidad de un debate informado

El artículo 124 de nuestra Constitución Nacional establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, y por su lado el 41 nos dice que ”.. corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.

Esto implica que, cualquier ley que busque regular la gestión de los humedales, debe contemplar que las provincias son los actores principales en el manejo de sus recursos naturales. Y este es el primer punto donde fallan varios de los proyectos en debate.

Deben ser las provincias quienes, con los criterios que se fijen en la ley, hagan el inventario de humedales existentes en su territorio. Así ocurre con la Ley de Bosques Nativos y así debe suceder con todas las leyes de presupuestos mínimos ambientales. El inventario es por definición el primer acto de gestión.

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Incluso, se podría debatir que las provincias tomen como referencia el inventario elaborado recientemente por el INTA. Podría ser una buena base para que las mismas elaboren los suyos. Esto sería interesante también para fortalecer el rol del INTA en estas materias y desarrollar una agenda local y no una que responda a organizaciones internacionales.

Algunos proyectos impulsados por mis colegas, por su definición de humedales, restringen, en algunos casos severamente, el uso del 50% de las tierras productivas del país. La sanción de una ley así tendría impactos negativos en la producción, afectando la inversión y por ello la generación de miles de puestos de trabajo ligados a las economías regionales. Hacer política pública no es declarar objetivos mediante leyes que difícilmente puedan ser aplicadas y cumplidas. Necesitamos normas razonables, capaces de transformar la realidad para mejor y entendiendo que los productores son aliados y no enemigos.

Hoy las tecnologías disponibles nos muestran que es posible no solamente producir conservando el ambiente, sino también mejorarlo. Abundan ejemplos. Israel convirtió desiertos en tierras productivas, China y Australia están reforestando millones de hectáreas de áreas degradadas, y sin ir muy lejos en la provincia de Corrientes se reconvirtieron sesenta y cinco mil hectáreas de malezales degradados a sistema silvopastoriles muy productivos.

Problemas

Cuando de hacer política pública se trata, son tan importante los objetivos como los medios que usamos para alcanzarlos y la proporcionalidad entre los mismos. Lamentablemente, varios de los proyectos que estamos discutiendo no dejan en claro cómo van a solucionar el problema de los incendios. No alcanza con una declaración de buenas intenciones: debemos sancionar leyes que contengan las herramientas para cumplir con los objetivos, sino tendremos una nueva ley de alquileres, laberinto del cual no podemos salir.

En el año 2020 se modificó por última vez la Ley de Presupuestos Mínimos para el Manejo del Fuego, estableciendo severas sanciones a los propietarios de los campos afectados. Como oportunamente adelantamos en el recinto, esa modificación no sirvió para frenar los incendios.

Cuando se realizó el emplazamiento para debatir en plenario de comisiones los proyectos de humedales, se solicitó hacerlo con honestidad y sinceridad. En esa oportunidad pedimos también hacerlo con consistencia y evidencias científicas. Entiendo que esto último no se está cumpliendo. Por ejemplo, hemos escuchado muchos reclamos en el sentido de que se debe retirar la hacienda de las Islas del Delta. El conocimiento nos dice todo lo contrario, tal vez se debería aumentar las cargas para reducir el material combustible.

Por otra parte, las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental para el Control de Actividades de Quemas( 26.562) y de Manejo del Fuego (26.815), dejando de lado su errónea modificación, ya dan al Estado las herramientas y capacidades para controlar los incendios.

Los que tenemos la responsabilidad de legislar, debemos ser conscientes del impacto que las leyes tienen sobre la naturaleza y la sociedad. Algunos de los proyectos de Ley de Humedales, que se están debatiendo actualmente, avanzan sobre las autonomías provinciales. Además, son de difícil aplicación y prometen solucionar el problema del fuego sin ser la herramienta más atinada para ese objetivo.

Como alternativa, presentamos con un conjunto de legisladores un proyecto de ley de humedales que busca conservarlos y protegerlos, buscando un equilibrio entre la naturaleza, el hombre y sus necesidades, con el foco puesto en el respeto del federalismo.

Los argentinos se merecen un debate informado sobre cómo proteger nuestros recursos y discutir con consistencia, profundidad y respetando las evidencias científicas. Lamentablemente así como vamos, con un trámite de tratamiento exprés en el Congreso, corremos el riesgo de terminar en una mala ley que difícilmente cumpla los objetivos que se propone.

El autor es diputado nacional por la provincia de Corrientes (Juntos por el Cambio)