Luz en barrios populares: de cuánto es la millonaria factura y quién la paga

Con su llegada al Ministerio de Economía, Sergio Massa aterrizó sobre la Secretaría de Energía con la designación de Flavia Royón, en una movida que supuso un avance sobre un área hasta entonces controlada por funcionarios que respondían a Cristina Kirchner. En ese marco, se anunció la segmentación de tarifas, en un intento por recortar el gasto en subsidios y reorganizar una política definida como “pro-rico”. Sin embargo, el nuevo esquema de la segmentación, basado en la capacidad económica de los usuarios, no tuvo alcances sobre la dinámica en los barrios populares.

El 22 de diciembre de 2022, la provincia de Buenos Aires aprobó un acuerdo de reconocimiento del consumo de energía eléctrica en los asentamientos de bajos recursos junto con el Gobierno Nacional, Edenor y Edesur, las dos grandes distribuidoras que operan en el AMBA. Así, se acordó el pago de deuda por los gastos efectuados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021 en ese segmento, por un monto total aproximado de $1.454.426.671,36.

Con un año retraso, el gobernador Axel Kicillof canceló los montos adeudados de 2021 a las distribuidoras de energía con transferencias de $336.334.530,43 a Edenor y $274.515.148,54 a Edesur. Bajo el nuevo acuerdo, la provincia afrontó solo el 42% de la deuda, mientras que el Gobierno Nacional aportó el 58% restante, según confirmaron fuentes oficiales de la Secretaría de Energía a LA NACION.

Las cifras exponen un aumento en los pagos por los servicios energéticos en los barrios populares en función de los consumos. Los últimos datos de Acuerdos publicados por el Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE), muestran que por los consumos de los meses de enero a julio de 2017 se abonó a Edesur un monto de $48.590.768; de julio a agosto, $23.111.329; y septiembre $23.111.329. Mientras que a Edenor, por este último mes, el monto fue de $8.259.684,94.

Los porcentajes aportados también revelan las contribuciones, cada vez mayores, que realiza el Gobierno con la provincia de Buenos Aires al alejarse de los valores del primer Acuerdo Marco de 1994. En el Decreto 0584/1994, se estableció un Fondo Especial, y que el aporte del estado Nacional sería del 18% de la facturación neta de impuestos efectivamente cobrados por el término de cuatro años a los usuarios del Artículo 2 párrafo cuatro, los cuales nunca se definieron.

A su vez, la normativa destacó la baja cobrabilidad que poseen los barrios populares, y definía que sería Nación quien tendría que responsabilizarse de los saldos impagos que se generen por las facturaciones de los asentamientos.

Así, bajo la modalidad de medidores comunitarios, fuentes oficiales de la empresa Edenor aseguran que abastecen a 145.000 viviendas dentro de su área de concesión en el Gran Buenos Aires. Para este segmento, no se aplica una tarifa diferencial por usuario, y se excluye el valor agregado de distribución.

Pero la subvención total de los barrios populares por parte del Gobierno y la provincia de Buenos Aires del consumo eléctrico no se condice con una de las pautas declaradas por la Secretaría de Energía de la Nación en el informe técnico, previo a la segmentación de tarifas, en la cual se buscaban promover mecanismos que incentiven el uso eficiente de los recursos energéticos y fiscales.

Fuentes oficiales de Edenor reconocieron la existencia de dificultades para administrar el consumo en los barrios populares, en donde el suministro de energía se concede mediante medidores comunitarios. Entre otros factores, advierten por el desconocimiento sobre cuáles son los electrodomésticos que más energía gastan en los hogares, la periodicidad en los que se deben utilizar y la importancia del etiquetado sobre eficiencia energética que contienen los artefactos.

La situación es reconocida por el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Walter Martello. “Los mayores consumos de energía se producen en aquellos usuarios que no tienen la capacidad de adquirir electrodomésticos más modernos que gastan menos. Sumado a que carecen de gas natural, por lo que utilizan para calefaccionarse y cocinar elementos conectados a la red eléctrica”, afirmó el funcionario en diálogo con LA NACION.

Esto se refleja en los datos de los barrios populares entregados por Edenor. Entre 2019 y 2022, el consumo promedio mensual por vivienda de la Villa Sagrada Familia, en Tigre, donde habitan más de 450 familias, fue de 441 kilovatios hora; el de Villa Pineral, en Tres de Febrero, con 230 familias, fue superior con 278 kilovatios hora; y el de Zapiola, en Moreno con 648 familias fue de 412 kilovatios hora.

Así, las cifras superan el tope de subsidio a la energía eléctrica de 400 kilovatios horas, pero no el de 550 kilovatios hora para las zonas que no tiene acceso al servicio de red en gas, según lo establecido por el Gobierno en el Decreto N.º 322/22.

Para Martello, en el Gobierno existe un trade off entre subsidiar los consumos energéticos y realizar programas de urbanización en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires. A esto se suma la problemática de los fondos públicos. “No se le puede exigir a los usuarios de menores recursos económicos que no utilicen energía eléctrica para cocinar cuando el propio Estado no les brinda la posibilidad de acceder al gas natural”, sostuvo.