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Por orden judicial, Ecopetrol cambia nombres de proyectos costa afuera Uchuva y Tayrona

Por orden judicial, Ecopetrol cambia nombres de proyectos costa afuera Uchuva y Tayrona. Foto: Rodrigo Torres, Valora Analitik.
Por orden judicial, Ecopetrol cambia nombres de proyectos costa afuera Uchuva y Tayrona. Foto: Rodrigo Torres, Valora Analitik.

La petrolera estatal Ecopetrol informó que, en adelante, no se hará uso de las denominaciones “Uchuva” y “Tayrona” para referirse al proyecto exploratorio y al Bloque, respectivamente, que tiene la compañía en el Caribe colombiano.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta.

Y destacó que la mención sobre tales denominaciones se hace una única vez con el fin de acatar la orden judicial.

“Se ha acordado, con Petrobras, solicitar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el uso del nombre Sirius para hacer referencia al proyecto (antes Uchuva) y de Gua-Off-0 para el activo Tayrona”, indicó la compañía.

Así las cosas, Ecopetrol iniciará las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para modificar las denominaciones en los actos administrativos, licencias, contratos y demás documentos oficiales que hayan sido emitidos con los nombres «Uchuva» y «Área de Interés de Perforación Exploratoria Tayrona», en la medida en que sea posible y dentro del ámbito de sus competencias.

Lo anterior podría implicar el agotamiento de trámites adicionales, que podrían depender, exclusivamente, de las decisiones de las autoridades correspondientes.

Recomendado:  Ministerio de Minas impugna fallo que prohíbe exploración de gas natural en pozo Uchuva 2

Cabe recordar que, ante el fallo del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta de suspender las operaciones y labores de exploración de gas natural en el pozo Uchuva 2 (de Ecopetrol y Petrobras) en el mar Caribe colombiano, el juez que decidió la medida aclaró que la suspensión es gradual y otras medidas.

“Se aclara que la suspensión de las actividades está sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas en la sentencia, especialmente en lo referente a la realización de la consulta previa con la Comunidad Indígena de Taganga. En caso de que se cumplan con los plazos y requisitos establecidos para la consulta previa, se levantara la suspensión”, precisa el documento.

El auto también indica que hay una serie de ordenes que deben interpretarse así:

  • Sobre el uso de las denominaciones «Uchuva» y «Tayrona»:

Ecopetrol S.A. y Petrobras deberán abstenerse de utilizar las denominaciones «Uchuva» y «Tayrona» en cualquier nueva comunicación, documento, contrato, gestión o actividad relacionada con el proyecto, a partir de la notificación del fallo.

Las empresas deberán retirar dichas denominaciones de sus materiales y comunicaciones dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del auto con las aclaraciones.

Exigen nuevos estudios de impacto ambiental a Ecopetrol y Petrobras

Por otro lado, el auto también aclara que cuando se habla de la obligación de realizar un «nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural» por parte de la ANLA, debe entenderse dentro del marco de sus competencias.

Es decir, se debe ser requerir a Ecopetrol y Petrobras una actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Sociocultural, para que este incluya específicamente los efectos del proyecto sobre el Cabildo Indígena de Taganga y su relación con el entorno marítimo.

Recomendado: Ecopetrol ya no hará uso de los nombres Uchuva y Tayrona para referirse al proyecto exploratorio y al Bloque, que tiene en el Caribe colombiano

“Esta actualización constituye el nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural sobre el cual se basará la evaluación”, cita el documento.

Para ello, dentro de un plazo no mayor a cuatro meses deberá dicha entidad:

  • Una vez recibida la actualización del EIA, proceder con su evaluación, considerando los nuevos elementos incorporados en cumplimiento de la sentencia.

  • Coordinar con el Ministerio del Interior y otras entidades competentes para garantizar que, durante el proceso de evaluación, se cumplan los procedimientos de participación y consulta establecidos.