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Presupuesto para 2024 debe garantizar estabilidad económica: CEESP

ZOCALO CIUDAD DE MEXICO

Es de suma importancia que el presupuesto 2024 se apegue a un marco macroeconómico realista, que reconozca y considere los riesgos que amenazan la estabilidad fiscal del país y haga todo para mitigarlos y que, a la vez, atienda las necesidades más urgentes de la población, como educación, salud, seguridad e inversión pública, plantea un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

A menos de dos semanas de que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, presente al Congreso de la Unión los Criterios Generales de Política Económica para 2024, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el documento expone que el agotamiento de reservas, el elevado y rígido gasto, la debilidad de los ingresos, pensiones, deuda y su servicio creciente, así como el panorama financiero en Pemex y el gasto político electoral, son indicadores que sugieren riesgo de insostenibilidad de las finanzas públicas.

El análisis del CEESP describe el contexto de riesgos elevados que enfrenta la economía nacional y que, probablemente, se ampliarán en el periodo electoral y se extenderán a la siguiente administración.

Concretamente plantea como riesgo significativo la insostenibilidad de las finanzas públicas.

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Al respecto, enfatiza que es preciso evitar su fragilidad hacia el cierre del sexenio y al comienzo del nuevo gobierno, púes hoy se trata de un riesgo que se advierte por la insuficiencia de recursos fiscales para sufragar gastos públicos elevados y con rigidez significativa a la baja en 2025 y posteriormente.

Para los analistas del CEESP el riesgo se advierte por el deterioro de las finanzas públicas. “Como porcentaje del PIB, el gasto aumentó en 2.7 puntos porcentuales entre 2018 y 2022, mientras los ingresos sólo lo hicieron en 1.5 puntos. Dentro de éstos, los tributarios —la base sólida que la prudencia aconseja contar por su recurrencia— se incrementaron en sólo 0.4 puntos”.

Además, el análisis refiere que el déficit fiscal pasó de 2.1% del PIB en 2018 a 3.3% en 2022 y para este año la previsión oficial es de 3.7 por ciento.

Otra circunstancia que sugiere el riesgo de insostenibilidad fiscal es la reducción o extinción de las reservas precautorias.

Concretamente se refiere a que los fondos de estabilización —como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)— se han reducido significativamente y otros como el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) se han extinguido.

También alerta sobre el crecimiento significativo del gasto público, lo que hará difícil su ajuste.

Expone que el incremento del gasto público —que no ha sido austero— se ha concentrado en las transferencias incondicionales de efectivo, que obviamente son muy rígidas a la baja, ya que su reducción es muy costosa políticamente para cualquier gobierno.

Señala que las presiones aumentan debido a que no se puede contar con una reducción en el gasto de los programas sociales.

En ese sentido, destaca que quizá el programa más oneroso a futuro sea el de las pensiones de adultos mayores, que ya representa 80% del gasto total de la Secretaría del Bienestar y es 32% mayor al ejercido por la Secretaría de Salud, y todas las fuerzas políticas se han inclinado por su ampliación.

Alerta sobre posible insuficiencia de ingresos públicos

Asimismo, llama la atención en que los ingresos públicos reflejan debilidad y se puede prever su insuficiencia a futuro.

Argumenta que, en la primera mitad del presente año, los ingresos totales fueron 190,000 millones de pesos menores a lo programado y los tributarios fueron 91,000 millones menores.

Indica que, desde hoy se puede anticipar su insuficiencia a futuro. Ello porque es probable que la economía se desacelere en 2024 y con ello habrá menores recursos fiscales. Así lo prevén prácticamente todas las instituciones y analistas económicos. Además, es posible que las recuperaciones de ISR de las empresas grandes que se llevaron a cabo no se sostengan en el tiempo.

Los pronósticos, más recientes, recuerda, estiman un crecimiento de la economía de alrededor de 1.7%; si es el caso, la recaudación tributaria podría ser menor en casi 60,000 millones de pesos a lo previsto hasta ahora.

Los especialistas del CEESP también destacan que el gasto en las pensiones y jubilaciones generarán presión.

Indican que, tan solo para 2023 se asignaron para ello 1.3 billones de pesos —un crecimiento anual de 8.4% en términos reales— y para 2024 se anticipa un monto de 1.4 billones, un aumento mayor a 5 por ciento.

Asimismo, remarcan que tanto la deuda pública como su costo se habrán incrementado de manera pronunciada en este gobierno.

Aunque las autoridades afirman que no ha habido endeudamiento, la verdad —explícita en los documentos oficiales— es que en el sexenio la deuda pública habrá crecido 56% y tan solo este año en 9 por ciento. En este contexto, su costo financiero ya es mayor a 3 puntos del PIB. Para 2023 se asignaron 1.1 billones de pesos para el servicio de la deuda, 32.2% más que en 2022, remarcan.

Por otra parte, refieren que la situación financiera de Pemex y en menor grado la de la CFE, se han deteriorado significativamente.

En ese sentido el informe advierte que la percepción negativa sobre Pemex puede agudizar la insostenibilidad de las finanzas públicas y poner en mayor riesgo su situación en el mediano plazo.

Al cierre del primer semestre de este año la deuda financiera de Pemex fue de un millón 887,000 millones de pesos y entre 2023 y 2024 la empresa deberá amortizar 716,000 millones de pesos, el 38% del total de sus compromisos.

No obstante, ese panorama, remarca, hay una tendencia a aumentar el gasto público con fines políticos a medida que se acercan las elecciones federales.

De hecho, remarca, el presupuesto de gasto aprobado para 2023 fue 13.5% mayor en términos reales al ejercido en 2022, el mayor incremento de la administración.

Situación en salud, reclama atención urgente, plantea

A estas circunstancias se podrían sumar otras que pudiesen también debilitar la posición fiscal del país, generando una combinación de gasto público elevado, creciente y rígido a la baja con ingresos decrecientes o débiles, lo que sin duda configura un riesgo, particularmente para el próximo gobierno, que hay que evitar o por lo menos mitigar, menciona el análisis.

También considera que el caso del sistema de salud es especialmente urgente, sobre todo porque el reporte sobre la pobreza publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que 30 millones de personas perdieron su acceso a servicios de salud (y 1.6 millones más se sumaron a la población con rezago educativo).

Mientras eso sucede, añade, la inversión pública se mantiene en mínimos históricos, apenas por arriba de 3% del PIB. Hasta ahora se ha castigado severamente la inversión y mantenimiento distinta a la de los programas insignia de la administración, en infraestructura como carreteras y calles, hospitales, escuelas, líneas de transmisión eléctrica y ductos de gas.

diego.badillo@eleconomista.mx