Yahoo Finanzas Ribeiro: se viene un mes clave para el futuro de la cadena de electrodomésticos
El próximo 5 de octubre a partir de las 17 horas, se puede definir el futuro de Ribeiro. Ese día, el Juzgando Nacional de Primera Instancia N 23 convocó a una asamblea de acreedores de la cadena de venta de artículos electrodomésticos que se llevará a cabo vía zoom.
Se trata de un encuentro que ya había fracasado en su intento el pasado 18 de mayo, cuando también se había previsto la realización de una asamblea virtual para analizar la propuesta de reestructuración.
En ese momento, el encuentro no se pudo realizar por varios motivos vinculados a la imposibilidad de la compañía de contar con las mayorías necesarias para aprobar su propuesta de reperfilamiento.
En ese marco, el directorio de Ribeiro le pidió a la Justicia poder mejorar la oferta y ampliar el periodo de exclusividad para presentarla en una nueva asamblea de obligacionistas.
Entre los ingredientes de ese escenario que enrarecían la negociación, la empresa hizo referencia al proceso inflacionario y sus proyecciones, por la distorsión que provocan en los cálculos y las previsiones de los acreedores.
A esto le agregaron las circunstancias cambiarias, la disparada de las cotizaciones y de la brecha entre el dólar oficial y los restantes ofrecidos.
Otro factor exógeno es la situación política y el próximo acto electoral ya que, entienden que los cambios que puedan resultar de ese proceso, influyen en mayor medida en acreedores bancarios (sobre todo en los oficiales) y en algunas empresas multinacionales.
Un caso es el de los bancos, acreedores muy relevantes y con los que anteriormente la cadena había negociado una refinanciación a fin de evitar la solución concursal. Fue una instancia en la que se arribó al stand&still y donde las posibilidades de éxito eran muy altas, si no hubieran sucedido los eventos extraordinarios como los que la cadena plantea en su nota.
La cadena intenta definir una propuesta de reestructuración presentada a los tenedores de su deuda y al personal
En el caso de la banca oficial, los factores políticos contribuyen a la estrictez de las respuestas, la excesiva formalización de las tratativas y la rigidez de las decisiones, que involucran muchas instancias, las más altas muy sensibles al factor político por el origen de los cargos, lo cual dilata en grado sumo las definiciones.
Situaciones similares a las señaladas respecto de los bancos se le han presentado a Ribeiro con acreedores prestadores de servicios, de estructura multinacional, y ha demorado las tratativas y, en algunos casos, ha motivado la mejora.
Nuevo intento
Ahora, el tribunal judicial estableció la nueva fecha de la asamblea para intentar definir la propuesta de reestructuración presentada por la compañía a los tenedores de varias series de Obligaciones Negociables (ON) por un total de $3.000 millones y u$s77 millones.
La oferta fue presentada por Ribeiro en el marco del concurso preventivo que presentó en junio del año pasado con el objetivo de reestructurar su agobiante situación luego de haber llegado a facturar u$s370 millones; emplear a 2.000 trabajadores y operar 90 sucursales.
Un mes después, el juzgado sorteó las sindicaturas que recayeron en Eduardo Jorge Auzmendi y José Augusto Palma y cerró el plazo de presentación de verificaciones de créditos tras haberse recibido 669 pedidos y 215 impugnaciones de acreedores.
La solicitud concursal fue la última esperanza de los dueños de Ribeiro, tras haber fracasado en su intento por ser auxiliada por el Gobierno para poder mejorar su situación financiera y evitar el default del cual responsabiliza al efecto que en su operatoria generaron las medidas sanitarias para combatir el coronavirus.
Por aquellos días, sus ejecutivos negociaron cerrar un acuerdo para reestructurar su deuda con las autoridades nacionales a partir de un crédito del banco BICE que le permita volcar fondos al reperfilamiento de ese pasivo que en su mayoría está manos de entidades bancarias privadas siendo el Patagonia el principal acreedor.
Sin embargo, esas conversaciones nunca llegaron a buen puerto, por lo cual la empresa no pudo cancelar el pago de otra cuota de una serie de Obligaciones Negociables (ON) por $15 millones que venció el 23 de abril del 2022.
Oferta mejorada
En sus mejores momento, facturÓ u$s370 millones; empleó 2.000 trabajadores y operó 90 sucursales
En ese contexto, el juzgado recibió de parte de la compañía una propuesta de pago que fue aprobada por una Asamblea General de Accionistas celebrada el 27 de diciembre del año pasado.
Bajo el expediente 11.480/2021, el ofrecimiento consiste en el pago total a los acreedores quirografarios del monto de sus créditos verificados y declarados admisibles.
El dinero se hará efectivo mediante la distribución del producido de la venta del inmueble y centro de distribución sito en el Polo Industrial Ezeiza, en la calle Torcuato Di Tella Nro. 1700, localidad de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.
Además, le agrega una mejora a su propuesta vinculada a que, si después de destinarse el 55% del producido de la venta del bien fideicomitido al pago de los créditos concurrentes quedara un saldo en el monto de esos créditos, este se abonará conforme los términos y condiciones de la propuesta subsidiaria.
De acuerdo a lo informado por Ribeiro a la Comisión Nacional de Valores (CNV), "a los efectos de la tasación y del proceso de venta se han seleccionado dos firmas de reconocido prestigio, experiencia y alto porcentaje de efectividad en la concreción final de operaciones".
Esas empresas son L. J. Ramos Brokers Inmobiliarios y Adrián Mercado Gestión Inmobiliaria, a cada una de las cuales se les requirió una tasación al mes de diciembre de 2022, debidamente fundada.
Como resultado de ello, la primera estimó como valor de venta la suma de u$s10.6 millones, mientras que la segunda llegó a los u$s10 millones.
"Con el fin de asegurar la intangibilidad del bien inmueble, como también la transparencia de todo el proceso de venta, se ha previsto transferir su dominio fiduciario, a un fideicomiso cuyo fiduciario será una persona o entidad acreditada y con probada experiencia", aclara el documento de Ribeiro que ya analiza el juez de la causa.
En este sentido, Ribeiro decidió designar a TMF Trust Company (Argentina) como Administrador Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de cumplimiento de la propuesta concursal.
Se trata de una sociedad que forma parte de TMF Group, uno de los mayores administradores independientes de transacciones estructuradas del mundo, con presencia en más de 80 países y que tiene como accionistas a CVC Capital Partners empresa líder en administración de activos, con un total de 133 billones de euros bajo su administración.
El Covid como "culpable"
Ribeiro responsabilizó a las medidas contra el Covid-19 que tomó el Gobierno como las responsables de sus crisis financiera
A través de una nota enviada a la CNV, el año pasado Ribeiro responsabiliza de su debacle financiera "directa y exclusiva consecuencia" a las medidas dictadas por el presidente Alberto Fernández a partir de la declaración de pandemia, realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"En efecto, desde esa decisión y a partir del decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, se ordenaron una serie de medidas restrictivas de aplicación inmediata, que también produjeron efectos simultáneos", agregaba la notificación que también hace referencia al agravamiento de esas consecuencias a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Por estas normas, Ribeiro debió aislar a todo su personal y cerrar sus sucursales durante un mes. Sólo pudo abrirlas una semana para el cobro de cuotas de operaciones ya realizadas y realizar ventas mediante e-commerce que aún no han generado fondos que permitan atender las obligaciones defaulteadas.
"Semejante restricción, en los hechos produjo la interrupción de los circuitos de venta y cobro y la consecuente y abrupta caída de las ventas y de los ingresos respectivos, tanto de operaciones nuevas como de las cobranzas pendientes de créditos exigibles, aclara Ribeiro en la nota comunicada a la CNV durante esta jornada.
"Toda esta situación es consecuencia directa de la necesaria vigencia de las restricciones operativas que constituyen un hecho impeditivo de fuerza mayor o caso fortuito, que imposibilita hacer frente a los pagos referidos y cuya notoriedad exime de acreditaciones adicionales", añadía el comunicado.
La empresa explicaba que los pocos fondos que ingresaron en la última semana se destinan estrictamente a la conservación de la sociedad y al pago de personal, seguridad y erogaciones esenciales y urgentes.
Del mismo modo, solicitó la posibilidad de reiniciar sus actividades, con los recaudos pertinentes, "que habrá de contribuir a mitigar el impacto negativo en los resultados de la sociedad, y permitirá desplegar los mayores esfuerzos para reencauzar su actividad hacia la operación regular".
