MADERA, California — Verónica Mota marchó bajo un sol abrasador, ondeando un estandarte de tela de Nuestra Señora de Guadalupe sobre su cabeza a lo largo de varios kilómetros.
“Sí, se puede”, coreaba al unísono con decenas más de trabajadores agrícolas, que blandían banderas estadounidenses y mexicanas mientras caminaban por carreteras de dos carriles bordeadas por densos naranjales en el Valle Central de California.
La pancarta, las banderas y el grito de guerra (“Sí se puede”) recordaban a más de medio siglo atrás, cuando César Chávez, cofundador del sindicato United Farm Workers (UFW, por su sigla en inglés), encabezó una procesión de trabajadores agrícolas por una ruta similar para reunirse con legisladores en Sacramento.
“Somos un legado de César Chávez”, dijo Mota, de 47 años, quien, cuando comenzaron a formársele ampollas en los pies durante la caminata de 24 días en agosto, reunió fuerzas pensando en cómo la marcha de la década de 1960 condujo a reformas pioneras de los trabajadores agrícolas e impulsó a la UFW a la proyección nacional.
“Podemos lograr lo que queremos”, afirmó Mota.
Lo que los trabajadores agrícolas querían el verano pasado era que el gobernador Gavin Newsom promulgara una ley que, según ellos, haría más fácil y menos intimidatorio para los trabajadores votar en las elecciones sindicales, un paso clave, creían, para reconstruir el tamaño y la influencia de una UFW ahora mucho menos prolífica. Pero cambiar una regla no es lo mismo que cambiar el juego. La cuestión ahora es si la UFW puede demostrar que no ha perdido su poder de organización de manera irremediable y si puede recuperar la capacidad de movilizar a la opinión pública en su favor, como sucedió con Chávez.
El sindicato es una sombra de lo que fue hace décadas. El número de afiliados ronda los 5500 trabajadores agrícolas, menos del 2 por ciento de la mano de obra agrícola del estado, frente a los 60.000 de los años setenta. En el mismo periodo, el número de cultivadores con contratos de la UFW disminuyó de 150 a 22. La marcha del verano pasado supuso una especie de ajuste de cuentas para un sindicato desesperado por recuperar su relevancia.
En años recientes, la organización sindical ha repuntado en todo el país y los sindicatos ganaron elecciones en un almacén de Amazon en Nueva York y en al menos 275 tiendas de Starbucks, así como entre los trabajadores de cuello blanco de los sectores de la tecnología y los medios de comunicación. Pero en los campos de California, que suministran cerca de la mitad de los productos cultivados en Estados Unidos para el mercado nacional, estos esfuerzos han encontrado poco impulso.
Han pasado más de cinco años desde que la UFW organizó una campaña de sindicalización y una petición de elecciones en el estado, en Premiere Raspberries de Watsonville. El voto de sindicalización de la UFW tuvo éxito, pero la empresa se negó a negociar un contrato y en 2020 anunció planes para cerrar y despedir a más de 300 trabajadores.
Mota, quien ha tenido empleos estacionales en todo el estado desde hace veinte años, ha visto cómo su salario disminuía alrededor de 6000 dólares en los últimos años. Ahora gana unos 15.000 dólares al año. Ella comenta que en las granjas sin contratos sindicales a veces los patrones hacen amenazas veladas de recortar las horas de trabajo, se niegan a dar descansos a los trabajadores en condiciones climáticas de más de 38 grados Celsius y se hacen de la vista gorda ante condiciones peligrosas.
“Donde no tenemos un contrato sindical, no hay respeto”, dijo una mañana reciente desde su casa estilo rancho en la ciudad agrícola de Madera.
Pero el proyecto de ley respaldado por Mota, que Newsom convirtió en ley después de que los manifestantes llegaron a Sacramento, ha alimentado un cauto optimismo. Sus partidarios afirman que la posibilidad de organizarse con mayor libertad les ayudará a tener más influencia.
“Hay una nueva energía, una nueva legislación y atención de la gente en lo que respecta a los derechos de los trabajadores”, afirmó Christian Paiz, profesor de Estudios étnicos de la Universidad de California, en Berkeley, que ha investigado el trabajo agrícola en el estado. “Podríamos estar al frente de un renacimiento”, enfatizó.
La sombra de César Chávez
Desde hace generaciones y por regla general, los trabajadores agrícolas han estado al margen de la mano de obra estadounidense.
La Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935 excluyó a los trabajadores agrícolas y domésticos de la protección federal: una decisión, arraigada en el racismo, que impedía que los negros, latinos y asiáticos, cuyas oportunidades laborales se limitaban en gran medida a esos dos sectores, estuvieran protegidos.
Sin embargo, en la década de 1960, el cambio estaba cobrando impulso.
Chávez, quien trabajó en el campo recogiendo aguacates y chícharos antes de convertirse en organizador popular, se asoció con Dolores Huerta, una joven activista de los derechos de los trabajadores del Valle Central, y en 1962 fundaron la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, que después se convirtió en la UFW.
La ley que Newsom promulgó el año pasado, el proyecto de ley 2183 de la Asamblea, fue la mayor victoria legislativa del sindicato en años. Preparó el terreno para que los trabajadores agrícolas pudieran votar en las elecciones sindicales sin necesidad de acudir a los centros electorales. Durante años, los funcionarios de la UFW argumentaron que la disminución del número de miembros se debía a los temores de votar en persona en los sitios que a menudo se celebran en las propiedades de los cultivadores.
Los cultivadores se opusieron a esta ley por considerar que permitiría a los organizadores sindicales influir en el proceso de forma injusta. Al principio, Newsom se mostró reticente, pero promulgó la ley después de que Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, y el presidente Joe Biden lo instaron a hacerlo públicamente.
“En el estado con mayor población de trabajadores agrícolas, lo menos que les debemos es una vía más fácil para tomar una decisión libre y justa de organización sindical”, dijo entonces Biden.
Los partidarios de la medida destacan cómo ha cambiado la demografía de los trabajadores agrícolas a lo largo de los años. En la década de 1970, en tiempos de Chávez, muchos trabajadores agrícolas eran ciudadanos estadounidenses, pero la migración procedente de México y Centroamérica en las décadas siguientes generó una mano de obra compuesta en su mayoría por trabajadores sin estatus legal. Como no tienen papeles de inmigración, son muy vulnerables (los trabajadores indocumentados pueden estar cubiertos por convenios laborales).
Con la promulgación de la ley, Newsom y la UFW acordaron apoyar legislaciones que hicieran concesiones para dar seguimiento a la medida y que protegieran la confidencialidad de los trabajadores agrícolas durante las elecciones e impusieran límites a las votaciones con tarjeta, un método en el que los empleados firman tarjetas a favor de la sindicalización.
‘Nos ignoran’
El verano pasado, mientras marchaba entre viñedos y campos de mandarinas, Mota pensó en el ciclo de la cosecha que ha definido buena parte de su vida.
Reflexionó sobre la temporada de inactividad, en diciembre y enero, cuando poda pistacheros y almendros, y los meses de lluvia, cuando a veces es difícil encontrar trabajo. Pero luego vienen las prósperas cosechas de cítricos y uvas, en primavera y otoño, que siempre la hacen pensar en las familias que en algún momento brindarán con vino hecho de la fruta que ella arrancó de la vid.
“Me encanta que mis manos recojan una fruta y luego ver esas frutas y verduras en el restaurante”, comentó Mota.
También pensó en la invisibilidad y los peligros de su trabajo: las diminutas marcas de dientes grabadas en su bota de cuero por la mordedura de una serpiente, la madriguera de un topo donde sufrió un grave esguince de tobillo, la compañera de trabajo trasladada en helicóptero a San Francisco con heridas.
“Nos ignoran”, aseveró.
Sin embargo, no se sintió así durante la marcha, en la que en muchos pueblos la gente les recibió con tentempiés, Gatorade y comidas completas. Mientras el grupo estaba en Stockton, una ciudad portuaria del interior, Huerta, que ahora tiene 92 años, se puso delante de la multitud con una gorra de béisbol que decía: “Sí se puede”.
“Todos ustedes me han hecho sentir muy orgullosa”, les comentó.
Huerta, que ayudó a negociar el primer contrato de los trabajadores agrícolas con Schenley, dejó la dirección de la UFW hace más de dos décadas para dedicarse a otras causas. Pero en una entrevista, afirmó que la necesidad de sindicalización seguía siendo tan grande como cuando ella ayudó a fundar el sindicato.
“Los trabajadores agrícolas querían el apoyo y siguen queriéndolo”, dijo Huerta, que atribuyó la escasez de contratos a la negativa de los cultivadores a negociar de buena fe.
A pesar de los reveses sufridos en las últimas décadas, los funcionarios de la UFW afirman que han seguido obteniendo contratos centrados en las prestaciones médicas, los aumentos salariales y el cultivo de una cultura respetuosa entre los trabajadores agrícolas y los empleados. En Monterey Mushrooms, que lleva trabajando bajo contrato desde la década de 1980, los responsables de la UFW afirman que el salario promedio anual de un recolector de champiñones es de 45.000 dólares e incluye vacaciones y pensión (el promedio estatal de los trabajadores agrícolas oscila entre los 20.000 y los 25.000 dólares al año, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos).
“Con un contrato sindical, los trabajadores conocen sus derechos y pueden defenderlos”, afirmó Teresa Romero, presidenta del sindicato.
Los problemas varían en cada lugar, explicó Romero. “En un lugar de trabajo puede tratarse de los salarios bajos; en otro, las condiciones inseguras y en otro más la cultura laboral, como tener que pagar sobornos o soportar acoso sexual para tener trabajo, o tener un supervisor que sea racista o cruel. Entendemos los inmensos riesgos que corren los trabajadores al alzar la voz en el trabajo; hace falta valor para que los trabajadores se sindicalicen”, manifestó.
Romero dijo que confía en que la nueva ley estatal —junto con un proceso federal agilizado para proteger a los trabajadores implicados en conflictos laborales relacionados con amenazas de inmigración de los empleadores— se traduzca en más poder de negociación y más contratos.
Un nuevo espíritu de activismo
Aunque aún no se sabe cuál será el impacto de la ley, le ha levantado el ánimo de algunos trabajadores agrícolas.
Asunción Ponce comenzó a cosechar uvas en las verdes colinas del Valle Central a finales de los ochenta. A lo largo de las décadas, Ponce, de 66 años, ha trabajado en varias granjas con contratos de la UFW. Recuerda que los patrones de esas granjas parecían conscientes de que si acosaban o maltrataban a los trabajadores, el sindicato intervendría.
“Ya no se meten contigo”, dijo, “porque piensan que podría haber problemas”.
Esbozó una sonrisa discreta bajo su bigote blanco mientras hablaba del legado de Chávez, que lo inspiró a participar en varias etapas de la procesión el verano pasado.
“Marché por muchas razones. Para que no seamos tan acosados ni maltratados como ahora en los campos, para tener prestaciones y un mejor trato”, expresó.
En el caso de Mota, participar en la marcha le ayudó a despertar en sí misma un nuevo espíritu de activismo.
Relata que a lo largo de los años, sintió miedo de hablar de sindicalizarse en el trabajo, pero ahora le cuenta a cualquier compañero que quiera escucharla las ventajas que ve: la capacidad de negociar un mejor salario, prestaciones y un respeto por la antigüedad.
Su punto de vista se forjó en sus primeros años como trabajadora agrícola. “A lo largo de los años, me he dado cuenta de que estamos marginados”, afirma. “No nos valoran”.
Una vez, dijo, vio cómo un productor tomó un cuchillo utilizado para cosechar melones y se lo puso en la mejilla a otro trabajador. Este miró fijamente a los ojos del trabajador, contó, y dijo que los trabajadores eran sus esclavos.
“Te sientes humillada”, afirmó, haciendo un esfuerzo por no llorar.
Está convencida de que la única solución es un sindicato fuerte. “Nos merecemos una vida digna en este país”, concluyó.
c.2023 The New York Times Company
