Tensa reunión entre panaderos y el secretario Matías Tombolini por un fondo estatal

Después de que trascendiera que el Gobierno modificará el fideicomiso creado originalmente para subsidiar a la industria molinera por la bolsa de harina de 25 kilos que entregan a las panaderías, los panaderos fueron convocados a una reunión con el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini. Allí, según pudo saber este medio, se les anunció el nuevo destino de las compensaciones. Sin embargo, en el sector hay malestar por el redireccionamiento del fideicomiso, por lo que lo consideran “inviable” y pidieron una propuesta “superadora”.

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“Nos enteramos de la finalización del fideicomiso para que la harina tenga un subsidio, para que no aumentara, cosas que en estos meses se evitó con este mecanismo”, expresó el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (Fippba), Raúl Santoandré, a LA NACION. La reunión se dio ayer, después de que esa cartera decidiera redireccionar las compensaciones del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) a las panaderías, en lugar de otorgar el dinero a las industrias molineras participantes, como ocurría hasta ahora. De esta forma, irían directamente a los comercios de venta al público.

“No pudieron controlar 10 molinos, menos van a controlar 11.000 panaderías en la provincia de Buenos Aires y otras 60.000 en el país. La reunión fracasó y la insensibilidad del secretario de Comercio al escuchar a la industria panadera es tremenda. Nos dijo: ‘esto se terminó’. Le dijimos: ¿qué pasaría con el precio del pan? Él es economista y nos dijo que no estaba para controlar precios”, agregó Santoandré sobre los pormenores del encuentro.

Durante la reunión, los panaderos le comunicaron al secretario de Comercio Interior que el precio por el kilo de pan sin el subsidio en la harina se dispararía de $340 a $450. Incluso, en algunos casos superaría ese valor.

En esto coincidió el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda 27 de Abril, Gastón Mora, quien agregó que es “inviable” que las compensaciones vayan a parar a los panaderos. “Si no pudieron resolver la situación de los molinos dentro de un fideicomiso, menos van a poder la de 60.000 panaderías de todo el país. Al margen de eso, la mayoría de las panaderías, la que no está inhibida está embargada, porque venimos de una situación anterior en la que el panadero no tiene espaldas para aguantar que el Gobierno le pague un subsidio”, puntualizó.

En ese sentido, remarcó que al Gobierno le resulta “lo mismo” que se compense a los molinos o las panaderías y criticó que en este caso se le “de la derecha” a los empresarios de la industria molinera. “A Tombolini le planteamos la situación social que presenta el pan en la gente y nos dijo: a mí no me hablen de cuestiones sociales, sino de economía. Entonces, no tenemos nada que hablar, si no entiende la sensibilidad que representa en los sectores más vulnerables...”, deslizó e insistió en que se continúe con el mismo mecanismo que ha tenido hasta ahora.

“Lo que nos quisieron decir es que se termina de una manera sutil. Lo vemos inviable porque no hay personal administrativo que sea capaz de llevar adelante semejante labor desde la Secretaría de Comercio. No es que hay falta de voluntad, sino que no se puede”, argumentó. Ambos representantes de la industria panadera señalaron que “el Secretario no quiere firmar el pago a las molinerías por las denuncias que tuvieron sus antecesores”.

El FETA fue impulsado por el entonces secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja con unos US$400 millones para subsidiar la harina que llega a las panaderías. Meses después Feletti y su sucesor, Guillermo Hang, quedaron imputados en una causa penal por supuestas irregularidades en la administración de ese fideicomiso.

Fuentes oficiales aclararon a LA NACION que se está armando una hoja de ruta con molineros, por lo que le plantearon el proyecto a algunas cámaras del sector panadero para la modificación de la herramienta. La idea es que las compensaciones del fideicomiso lleguen a las panaderías y no a los molinos, como se venía haciendo. Si bien explicaron que todavía está en proceso de análisis y conversación entre las partes, los panaderos recibirían la compensación contra factura.

Esto no cayó nada bien en el sector, donde aseguraron que “es inviable” que las compensaciones se tengan que otorgar contra factura ante la Secretaría para que el Gobierno los habilite a cobrar el subsidio. “Vamos a llevar adelante un plan de lucha y si nos tienen que tener en la calle, lo van a hacer, pero no vamos a ser cómplice de la locura que están planteando, sino que lamentablemente se terminará el subsidio y la gente va a terminar pagando las consecuencias por un funcionario que tiene poco compromiso con la sociedad por miedo a un fallo judicial”, advirtió Mora.

La decisión del Gobierno de continuar con el FETA estaría motivada para contener los precios de la bolsa de 25 kg de harina, que ahora ronda entre los $2000 y $2300, sin la compensación. Si el Estado sostiene el beneficio, más panaderías obtendrían la bolsa de harina subsidiada a $1600.

La misma fuente oficial agregó que la procedencia de los fondos del fideicomiso “es una herramienta temporaria”, que tiene vencimiento en diciembre próximo y, por lo que se pudo observar, presenta dificultades en su operatoria actual, además de estar judicializada. Por ese motivo es que trabajan en su modificación. En tanto, en la industria molinera aclararon que la harina subsidiada hasta ahora es muy poca, ya que hay solo 11 molinos de 150 adheridos a esta herramienta.

Por otra parte, la Mesa Agropecuaria de la Coalición Cívica ARI exigió la eliminación del FETA y expresó, a través de un comunicado, su preocupación ante el intento de Tombolini “de tapar las maniobras de corrupción denunciadas sobre la administración del Fondo con un nuevo esquema de subsidios que esconda los desembolsos millonarios en favor de Molino Cañuelas [firma que más compensación recibió en función de su abastecimiento]”.

“El FETA, creado en marzo de 2022 por el exsecretario Roberto Feletti fue un gran agujero negro de fondos públicos que solo generó corrupción, distorsiones en el mercado harinero en favor de una empresa en particular y no benefició en nada a los consumidores. De modo opuesto, el precio del pan subió de los 200 pesos en marzo 2022 a más de 400 pesos por kilogramo en el actual mes de agosto. Mientras que, por ejemplo, el precio del trigo en julio volvió a valores de febrero, cayendo un 40%. Es por ello que exigimos al Gobierno que lo elimine y evite cualquier otro esquema intervencionista, ya sea a través de compensaciones a los grandes molinos o por vía de subsidiar a las panaderías, como ha dejado trascender Tombolini ahora”, aseveraron.