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Trajes a medida, distorsiones y señales de alarma

La producción lanera también atraviesa problemas de competitividad
La producción lanera también atraviesa problemas de competitividad - Créditos: @Gza. Ernesto Ailing

Tras el operativo del “dólar soja” que le permitió al Gobierno acumular reservas en el Banco Central y a productores aprovechar una ventana de oportunidad temporal, se renuevan los pedidos de las economías regionales para contar con medidas similares.

En la semana fueron los productores laneros quienes advirtieron al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, sobre la pérdida de competitividad que enfrentan. Explicaron que el precio internacional de las lanas tuvo caídas de entre 10% y 29% en los últimos meses mientras que sus costos aumentaron un 30%. Dijeron que enfrentan una inflación en dólares.

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En esa línea se sumó un grupo de tamberos del oeste de la provincia de Buenos Aires que le envió al ministro de Economía, Sergio Massa, una carta en la que solicitan una baja de los derechos de exportación que permitiría generar divisas por US$500 millones. El producto que aporta el mayor volumen a la exportación, la leche en polvo, tiene derechos de exportación (retenciones) de 9 por ciento.

Cerca de Bahillo explican que están reuniéndose con distintos sectores de las economías regionales para evaluar medidas específicas a cada rubro, pero que no necesariamente comprendería para todas una reducción de las retenciones. Aseguran que prefieren moverse con cautela y no adelantar posibles decisiones que después no se concretan. “Dijimos que el dólar soja terminaba el 30 de septiembre y cumplimos. Lo mismo se hará con el fin de la media res, a partir del 1ro. de noviembre próximo”, afirman y argumentan que tienen como objetivo reafirmar la credibilidad con el agro.

Es una encrucijada compleja, porque puede haber confusiones entre solucionar problemas específicos de un sector a tomar medidas que parezcan “trajes a medida”, según la producción de que se trate, que abran el camino a nuevas distorsiones.

Al respecto hay una alarma de distorsión en el proyecto de ley de Presupuesto 2023. La Fundación Barbechando alertó que en el artículo 96, el Poder Ejecutivo quiere recuperar la potestad que tenía para fijar las alícuotas de derechos de exportación. Diputados de la oposición le preguntaron al secretario Bahillo sobre el tema en su exposición ante la comisión de Presupuesto y Hacienda y el funcionario respondió: “No hay ninguna intención de subir la alícuota. Es una decisión política”.

Todavía no terminó el 2022 y el 2023 es largo; ya hay suficientes luces amarillas en el camino. La escasez de lluvias en la región pampeana, que golpea al trigo, altera las decisiones de siembra de los granos gruesos. Si el Gobierno confía en que el año que viene el campo lo va a salvar como ocurrió en 2022 por los precios en niveles nominales récord debería comenzar a tomar nota de la cuestión climática.

En ese contexto, además, tiene margen para dar señales positivas a la producción. Una de ellas sería la apertura de un cupo mayor de exportaciones de maíz al que fija el actual “volumen de equilibrio”. Sobre 36 millones de toneladas habilitadas se podrían añadir entre tres y cuatro millones de toneladas adicionales. El argumento para no abrir es que se podría provocar un incremento de costos para los consumos internos (molinería, avicultura, feedlot, tambos y otros) y, en consecuencia, provocar un impacto sobre los precios al consumidor. Sin embargo, hay evidencias que demuestran que ese efecto no es lineal.

Según un reciente informe del Grupo Lonja, integrado por productores agropecuarios, entre agosto de 2021 y agosto de 2022 mientras que el precio del trigo se incrementó un 84,9%, el de la harina aumentó 113%; en lácteos, mientras el precio al productor subió 62,7%, el de la leche fluída lo hizo en un 77,5%; en cerdos, el capón se incrementó en un 80,3%, en tanto que el jamón cocido lo hizo en un 84%, y en carnes, la hacienda subió 69%, en tanto que las hamburguesas congeladas lo hicieron en un 93 por ciento. “¿Cual es el sentido de que los productores aporten para los fideicomisos si los precios en góndola suben más que las materias primas?”, se preguntan los autores del estudio e insisten: “¿Cuál es el justificativo para tener cupos de exportación en cereales y carnes si los productos en góndola suben más que estos?”. Son preguntas que por ahora no tienen respuestas.

El péndulo de la política hoy parece estar del lado de las regulaciones más benignas, pero en un contexto tan cambiante como el argentino se puede mover rápidamente hacia la dirección contraria. Son riesgos a tener en cuenta a la hora de las decisiones.