Crimen del ministro en Catamarca: la Justicia citó a declarar a Barrionuevo y culpó al entorno

El 24 de marzo, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, inició una gira por Oriente. Visitó China, Japón y Corea del Sur. Subió al avión con sueños comerciales, en busca de inversores para la industria del litio, un sector que lo ocupa personalmente. Ese mineral no sólo es la apuesta de la provincia sino la suya y la de sus intereses comerciales. Volvió ayer, 20 días después y la provincia que encontró ya no es la misma que dejó cuando partió sonriente al otro lado del mundo.

Las consecuencias de la denuncia de encubrimiento del crimen de quien fuera su ministro de Desarrollo Social y secretario general del gremio de gastronómicos, Juan Carlos Rojas, cambiaron la agenda provincial mientras el número uno del poder político y económico de la provincia deambulaba por Oriente. De hecho, hoy, uno de sus socios en el poder, el líder gastronómico, Luis Barrionuevo, se tuvo que sentar frente a un fiscal a dar explicaciones. Sucede que hace días apuntó contra la familia de su excolaborador -Rojas era su mano derecha en el sindicato al punto que tenía el cargo de Secretario General en la provincia- y no quedó más remedio que llamarlo a que cuente lo que sabe, o dice saber, en sede judicial y no en los medios.

Barrionuevo, fiel a su estilo, dijo después de declarar que “el crimen es pasional y que a Rojas lo estaban amenazando por un tema así”. Además, insistió que no es político ni tiene nada que ver Desarrollo Social, el ministerio que tenía a cargo el asesinado. Dijo que Jalil tiene que echar a los “inútiles de la policía” e insistió en que nada tiene que ver Desarrollo Social en la muerte y, una vez más, negó que hubiera problemas en el ministerio. “Yo hablaba todos los días con Rojas. El crimen no tiene nada que ver con la política. La hipótesis mía es que está dentro de un entorno”, finalizó.

Siempre en ausencia de Jalil, desde que los hijos de Rojas mostraron fotos de su padre mutilado en una conferencia de prensa y le gritaron al pueblo que aquella había sido una muerte violenta, la política local se conmovió. El martes 4 de abril, un día después de aquella presentación, la familia convocó a una marcha. Durante varias cuadras pidieron justicia a los gritos por el crimen de “Rojitas”, como lo apodaban en Catamarca. Además de allegados, había entonces varios políticos de la oposición.

Pero al otro día, Barrionuevo dijo en Radio Mitre, que al asesino había que buscarlo en el entorno íntimo. Apuntó sin piedad contra uno de sus hijos, Fernando, justamente uno de los impulsores de la marcha, además de ser quien mostró con sus brazos en alto las fotos de su padre mutilado. Aquellas palabras, sin aportar pruebas más que sospechas al aire, fueron un combustible en una sociedad que empieza juntar piezas de un rompecabezas con forma de encubrimiento. Verborrágico como siempre, aquel cultor de la frase “hay que dejar de afanar por dos años”, tiró kerosene al fuego. Hoy, después de su declaración, reforzó esa hipótesis cuando insistió en que es llamativo que el hijo Fernando no haya llamado a la policía, ni pedido ayuda a los vecinos cuando lo encontró muerto al padre.

De acuerdo a las constancias de la causa, el hijo encontró en cuerpo y, en medio de la desesperación, llamó a un colaborador del gremio de gastronómicos, un hombre muy cercano a su padre. Esa persona, apellido Vega y que llegó al lugar en minutos, fue quien llamó a la policía.

El martes pasado, una semana después de aquella marcha, los carteles pidiendo esclarecer el asesinato volvieron a verse por las calles céntricas de Catamarca. En una semana, la gente que acompañó el reclamo se multiplicó al menos, por tres. Pero hubo un dato saliente: además de políticos de la oposición que pidieron justicia, se reconocieron algunos oficialistas que caminaron junto a los familiares.

Dos presencias llamaron la atención. La primera, la del ascendente Gustavo Saadi, el intendente de la capital que no oculta sus aspiraciones a llegar a la gobernación dice, en el próximo turno. “Hay que ser muy responsables y muy serios a la hora de opinar. hay que tener elementos para eso, tener conocimiento del expediente, no se puede andar tirando hipótesis y opiniones. Estoy aquí para pedir justicia por Juan Carlos para acompañar a la familia y por la memoria de una gran persona”, dijo a la prensa entonces.

Otro de los actores impensados en la marcha fue el ministro de Gobierno provincial, Juan Cruz Miranda. “Hemos transmitido que desde el Gobierno estamos a disposición para que se pueda esclarecer. Juan Carlos Rojas era un compañero nuestro y una persona muy querida”, declaró frente a la Catedral, donde culminó la marcha, mientras Jalil aterrizaba de regreso desde Oriente.

Claro que cuando los ánimos están caldeados, cualquier cosa puede irritar. De hecho, en su cuenta de Twitter, la diputada provincial Silvana Carrizo (UCR- Juntos por el Cambio) subió a su red social una foto del ministro y el intendente en la marcha. “Que fotografía tremenda la del Intendente, la de funcionarios de Raúl Jalil, del Ministro de Gobierno, marchando y pidiendo justicia, mientras que quienes no dan justicia son los mismos que el Gobernador Raúl Jalil designó por decreto, a dedo, sin rendir concurso”, se lee.

Rubén Manzi, un médico que es diputado nacional por la Coalición Cívica, apuntó contra la Ministra de Seguridad, Fabiola Segura. “[La ministra] Le tiene que dar una explicación a la Justicia y a la sociedad catamarqueña ¿Qué se hizo? ¿Qué se instrumentó? ¿Cómo se preservó la escena del crimen? ¿Cómo se preservaron las oficinas del Ministerio de Seguridad? Porque estamos centrados en la casa de Rojas, pero acá hay que investigar la función que Rojas tenía”, se preguntó el legislador.

Pasada la declaración de Barrionuevo, Manzi también fue duro con el sindicalista: “Barrionuevo, llamativamente insiste en dirigir la investigación al ámbito íntimo de Rojas. Lo dice como si supiese algo que no termina de decir. Se erige en supra poder provincial: le dice que hay que auditar y a quien hay que despedir. Jalil no quiere hablar. La degradación y la falta de credibilidad que el generó en la Justicia, le exploto en la cara. No tiene argumentos serios para defenderse.”

Semejante secuencia de hechos sacudieron la modorra judicial que se instaló desde diciembre, cuando Rojas apareció muerto y mutilado en el patio de su casa. La ministra de Seguridad y el exjefe de Policía, Ángel Ignacio Agüero, también fueron llamados a declarar, junto con algunos profesionales médicos que hicieron la autopsia.

Siempre en ausencia de Jalil, el gobierno local acusó un impacto fuerte. Pese a una enorme red de contención que había tejido, tuvo que entregar al primer fiscal que intervino en la causa, Laureano Palacios. Su desconcertante accionar al inicio de la causa, llegó a encarcelar 8 días a la única imputada Silvina Nievas con una orden de detención que estaba sin firmar, determinaron un jury de enjuiciamiento para destituirlo del cargo. Pero, corporativos al fin, el fiscal Miguel Mauvecín, que debía acusarlo en esa instancia, dijo que el accionar de Palacios fue tan prolijo que ni siquiera presentó cargos contra el colega. Consideró improcedente la acusación.

El juicio se extinguía cuando los hijos mostraron aquellas fotos que dejaron perpleja a una sociedad que se resistía a ver en esa muerte un crimen horrendo. Las imágenes calaron profundo en un poder político que se mantiene de la mano de un pacto entre Jalil y Barrionuevo. Entonces, agobiados por las evidencias, el tribunal enjuiciador decidió seguir adelante pese a la falta de acusación. Maravillas catamarqueñas.

No sólo eso. Ante la brutalidad de las pruebas que circularon como flecha en los Whatsapp de miles de catamarqueños, que tenían en la palma de la mano la imagen de un ministro destrozado por la violencia, el Gobierno dejó trascender que ofrecería una recompensa para quienes aporten datos del asesinato. Toda una sobreactuación después de 4 meses donde cada movimiento oficial se pareció más a la confección de una red de encubrimiento que a una verdadera investigación por la verdad.

Jalil llegó de Oriente a una provincia distinta. Unas fotos detonaron el orden feudal con el que se maneja el poder en Catamarca. Las calles de la capital volvieron a ser el escenario de movilizaciones, como sucedió en 1990 cuando la sociedad se conmovió por el crimen de María Soledad Morales. Nadie sabe cómo terminará este caso donde la palabra encubrimiento se escucha cada vez más. Es imposible pasar de largo el paralelismo en ambos casos que empezaron con marchas a las que se sumó gente y hartazgo. No es para menos aquel reflejo. Un dato, en 1990, el gobernador era apellido Saadi y el intendente de la capital, Jalil. Pasó el tiempo y en 2023, el gobernador se apellida Jalil y el intendente, Saadi.