Los tributaristas dudan del alcance del intercambio automático de información financiera con EE.UU.

Conocida la noticia de que finalmente mañana el ministro de Economía, Sergio Massa, firmará el acuerdo de intercambio automático de información financiera entre la Argentina y los Estados Unidos, distintos tributaristas celebraron el avance que implica, pero relativizaron los efectos en el corto plazo, ya que la herramienta no permitiría acceder a toda la información que busca el Gobierno ni lo habilitaría a recaudar en el corto plazo los US$100.000 millones que estima encontrar.

“Hay que esperar a conocer la letra chica del acuerdo, pero, en principio, si seguimos el modelo de acuerdo IGA1, que habitualmente firma Estados Unidos con otros países, no se recibiría toda la información que se indicó que se va a recibir. No se recibiría información de beneficiarios finales de sociedades del exterior que tengan cuentas abiertas en Estados Unidos ni información de saldos de cuentas bancarias de argentinos, y se recibiría información de intereses cobrados en cuentas solo si superan los US$10″, detalló el consultor tributario y CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

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Por otro lado, dijo que la información que brinda Estados Unidos habitualmente es por año calendario, motivo por el cual tampoco sería habitual que brinde datos desde el 30 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de ese mismo año, como anunció Massa. “Siguiendo los estándares habituales, en septiembre de 2023 se recibiría la información de 2022 y en la medida en que se cumplan todos los procesos necesarios para que así sea. La firma de mañana implica un acuerdo, pero no asegura que, en septiembre de 2023, la Argentina vaya a recibir la información. Por ejemplo, Estados Unidos suspendió el envío a México y, durante el gobierno de Mauricio Macri, tampoco se materializó si bien se había incluido una cláusula al firmar el acuerdo de intercambio de información”, puntualizó.

En tanto, en el eventual escenario de que se recibiera finalmente la información en septiembre de 2023, la AFIP debería procesarla, realizar cruzamiento de datos y detectar residentes argentinos que presumiblemente no hubieran declarado cuentas en los Estados Unidos. Esto implicaría que los eventuales ajustes fiscales y la recaudación que podría generar esa información recién tendrían efectos durante el siguiente gobierno.

En el mismo sentido, opinó el abogado tributarista e integrante de Expansión Holding, Diego Fraga. “La firma de este tipo de acuerdos es un hito que implica la posibilidad de que Estados Unidos envíe información de manera automática a la Argentina, pero, desde lo práctico, no significa que, de manera inmediata, se detecten evasores, ni mucho menos que se los pueda hacer cumplir con sus obligaciones adeudadas, como declara entusiastamente día a día el Gobierno. La firma del acuerdo no quiere decir que el intercambio se ponga en marcha a la brevedad. Ello dependerá de cuestiones técnicas y políticas”, afirmó, e hizo hincapié en las manchas reputacionales de las reiteradas filtraciones de datos y el uso político de la información fiscal intercambiada, particularmente con dirigentes de la oposición.

A estos escollos se suma la potencial negativa de los contribuyentes a brindar los extractos bancarios, lo que generaría una demora relevante en cualquier procedimiento para la determinación de oficio de los tributos que correspondan. Es este contexto lo que motivaría el anuncio de Massa de la presentación de un proyecto de blanqueo para recaudar ahora, en la medida en que la gente tenga temor por la información que se recibiría en septiembre próximo.

“El proyecto de ley debería ingresar por la Cámara de Diputados, ya que creará un impuesto especial. Hay que ver si el Gobierno consigue realizar acuerdos políticos para poder darle la media sanción en esa Cámara. Y si lo consigue, para analizar si el blanqueo puede llegar a tener éxito se deberán conocer las condiciones y la confianza que genere”, opinó Domínguez.

Por último, Fraga dijo que, la aprobación de este tipo de amnistías es un recurso para la obtención de fondos de los nuevos gobiernos, por lo que es difícil que la oposición -frente a la concreta posibilidad de asumir a fines de 2023- le entregue a esta gestión la posibilidad de recaudar fondos frescos en un año electoral.