Biden le apuesta a que la ayuda del gobierno cambie la conducta de las empresas

WASHINGTON — El plan del presidente Joe Biden de destinar miles de millones de dólares a la fabricación de semiconductores y así construir una industria única, de vital importancia, en respuesta a las acciones de China, representa un giro drástico en la política económica estadounidense. Pero las ambiciones de Biden van más allá. Planea emplear ese dinero para cambiar la conducta de las empresas.

Las fabricantes de semiconductores interesadas en ser beneficiarias de la ayuda de casi 40.000 millones de dólares que el gobierno de Biden distribuirá mediante un proceso iniciado el 28 de febrero tendrán que ofrecerles a los empleados servicios de guardería, operar sus plantas con fuentes de energía de bajas emisiones, pagarles a los trabajadores de la construcción sueldos de empleados sindicalizados, evitar la recompra de acciones y, en algunos casos, incluir al gobierno en el reparto de ciertas utilidades.

Con este plan, le apuesta a que el gobierno federal tenga suficiente poder para transformar a la industria privada. La ligera complicación es que representa un cambio notorio con respecto a la relación que el gobierno estadounidense ha sostenido a lo largo de su historia con las empresas del país. En esencia, el presidente decidió agrupar objetivos de política pública diversos en una amplia ley de gasto público que se vendió como una medida para apuntalar el abasto de semiconductores, componentes vitales para la economía y la seguridad nacional.

Este enfoque podría lograr múltiples objetivos al mismo tiempo y así amplificar los efectos de la Ley CHIPS y otros proyectos de ley en temas económicos aprobados por Biden en los últimos dos años. Funcionarios de la administración han dicho que el dinero y los lineamientos impulsarán a la industria estadounidense hacia la visión de Biden de una economía con más producción estadounidense, mejores condiciones para los trabajadores y menos emisiones de combustibles fósiles que favorecen el cambio climático.

Por desgracia, en vista de que pondrá a prueba los límites de una política industrial nueva, esta estrategia quizá conlleve riesgos significativos. Algunos economistas, incluso algunos que están a favor de un gasto federal considerable para apoyar a industrias estratégicas, opinan que Biden corre el peligro de sofocar sus principales metas económicas.

“Todos reconocen que lo que intentamos hacer con esta medida, crear en Estados Unidos una industria de semiconductores más grande y capaz de competir a nivel global, representa un reto difícil”, señaló Adam Ozimek, economista jefe del Grupo de Innovación Económica, un centro de estudios bipartidista con sede en Washington. “Al intentar alcanzar al mismo tiempo otras diez cosas sin relación alguna, solo complicamos el reto”.

“A los defensores de la política industrial debería preocuparles no solo el fracaso de este plan, sino el daño que le causará a la reputación de la política industrial por toda una generación”, afirmó Ozimek.

Miembros del gobierno de Biden aclararon que no les piden a las empresas que hagan nada ajeno a sus propios intereses comerciales y que la idea no es que los pasos que han dado sean correctivos. Están animados por la cantidad de dinero que podrán distribuir y confían en que las empresas lo acepten con las condiciones asociadas. En todo caso, según indican esos funcionarios, en esencia no les imponen cargas indebidas a las empresas; el propósito es ayudarlas a que tomen las medidas necesarias para atraer a los trabajadores y evitar que se desperdicien los dólares del gobierno federal.

En una entrevista, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, aseveró en repetidas ocasiones que la falta de acceso a servicios de guardería representa un problema económico y es un factor clave que contribuye a la escasez de mano de obra por la que con frecuencia se quejan las fabricantes estadounidenses. Debido a un arraigado sesgo en contra de las mujeres trabajadoras, las empresas y el gobierno han evitado abordar el tema, según explicó, lo que ha afectado a las empresas.

“Mi intención es pedirles que le presten atención al tema porque sé que lo necesitan para tener éxito”, dijo Raimondo.

Raimondo ha descrito las reglas financieras para las empresas receptoras de fondos federales como un medio para garantizar que no se desperdicie el dinero de los contribuyentes. Pedirles a las empresas compartir con el gobierno algunas utilidades inesperadas por una evolución al alza las alentará a ser precisas y honestas con sus perspectivas financieras, de manera que el departamento pueda canalizar dólares a las áreas en que más se necesitan. Las limitaciones a la recompra de acciones evitarán que los fondos de los contribuyentes terminen por enriquecer a los accionistas y directores ejecutivos de las empresas, explicaron algunos funcionarios del gobierno.

Sin embargo, tras una revisión de las reglas, algunos cabilderos de la industria y economistas indicaron que les preocupa que las empresas se vean forzadas a desviar dinero de los objetivos centrales de la nueva ley. Varios expresaron su decepción porque los funcionarios de la administración no coordinaron los anuncios de financiación de CHIPS con planes para reducir, en vez de ampliar, las normas ambientales y otras reglas del gobierno aplicables a los proyectos de construcción.

“Deberíamos concentrarnos en eliminar barreras regulatorias, en particular en el espacio de los permisos, y debemos evaluar con cautela si es adecuado añadir nuevos requisitos secundarios que solo aumenten los costos y demoren la entrada en producción”, comentó Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, una poderosa organización comercial en Washington.

Además, algunos congresistas republicanos acusaron al gobierno de socavar el objetivo de la ley por intentar imponerles prioridades liberales a las empresas que compiten por subvenciones.

El representante Frank Lucas, republicano de Oklahoma que preside el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología, afirmó que la administración había “insistido” en que Estados Unidos debía incentivar la producción de chips o las empresas optarían por construir en otros países que les ofrecieran políticas más atractivas.

“Por eso es ilógico que, ahora que el gobierno tiene los 52.000 millones de dólares que solicitó”, aseveró Lucas, “se preocupe menos por la necesidad urgente de producir chips y más por intentar imponerle requisitos laborales a esta industria vital”.

La escasez de chips y otros productos cruciales durante la pandemia enfatizó cuánto depende el país de fábricas extranjeras. En un contexto más amplio, la dependencia de Estados Unidos de China para obtener productos clave como vehículos eléctricos, paneles solares, acero y metales térreos escasos ha ayudado a cambiar la postura en Washington a favor de una política económica más intervencionista, además de acallar inquietudes en cuanto a la interferencia del gobierno en los mercados.

El gobierno de Biden parece confiar en que el incentivo de los 52.000 millones de dólares ofrecidos a fabricantes de chips, proveedores e instalaciones de investigación asociadas será suficiente para que las empresas decidan no darles tanta importancia a las protestas internas por las medidas de la administración que buscan influir en su conducta. Los funcionarios hacen notar que algunas fabricantes de chips ya cumplen ciertos requisitos en otros lugares: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., que en la actualidad construye una nueva planta en Arizona, ofrece servicios de guardería en varias de sus plantas en Taiwán. Las fabricantes de chips con operaciones en otros países, por ejemplo, China, quizá requieran un mayor esfuerzo para apoyar las iniciativas del gobierno o ciertos objetivos de seguridad nacional.

Aunque algunos directores ejecutivos se han quejado de las restricciones en privado, la mayoría no ha dejado de elogiar el programa en la esfera pública. La mayoría de las principales fabricantes de semiconductores ya arrancaron la construcción de costosas instalaciones nuevas en Estados Unidos. Desde principios de 2020, las empresas han expresado su compromiso de invertir casi 200.000 millones de dólares en proyectos de fabricación de chips en Estados Unidos, muchas de ellas en espera de los fondos.

Una de esas empresas, Intel, señaló en un comunicado dado a conocer el 28 de febrero que los lineamientos de la ley CHIPS publicados por el Departamento de Comercio fueron “un paso importante para que las empresas dedicadas a la industria de los semiconductores en Estados Unidos puedan competir a nivel global y ayudarán a recuperar el equilibrio en la industria global de la manufactura de chips”. La Asociación de la Industria de los Semiconductores comentó que en este momento “revisa con detenimiento” las normas, pero ve con buenos ojos las medidas del Departamento de Comercio para poner en marcha el programa.

c.2023 The New York Times Company