La UTA paraliza este viernes el servicio de colectivos por salarios: la negociación para levantarlo y qué se sabe hasta ahora

Con la campaña electoral al rojo vivo, el pulso social y gremial afecta considerablemente al oficialismo, con protestas de los piqueteros y reclamos de aumentos de diferentes sindicatos. Después de los cortes en la 9 de Julio, ahora se suma el cese de actividades anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para este viernes, que paralizará el servicio de colectivos de corta y media distancia en todo el país.

En estas horas, los funcionarios del ministerio de Transporte corren contra reloj para buscar una solución que no solo tiene como actor al gremio que encabeza Roberto Fernández, sino también a las empresas, que presionan al Gobierno para que les giren los fondos de los subsidios (y hasta los aumenten). Caso contrario, no pueden hacer frente al acuerdo salarial ya pactado.

En tanto, el ministerio de Trabajo también está abocado al tema, pero sin poder encauzar el conflicto, ya que se vencieron todos los plazos legales para dictar la conciliación obligatoria. Por lo tanto, la UTA está liberada de aplicar las medidas de fuerza que crea convenientes.

El sindicato reclama que se cumpla con el acuerdo paritario

El sindicato de choferes de colectivos reclamo tanto a las patronales como al Estado que cumpla los compromisos asumidos en la firma de los acuerdos paritarios que "se encuentran en plena vigencia. Amplió que la Resolución Conjunta firmada por las carteras de Trabajo, Transporte y los empresarios (FATAP) debe ser cumplida en los plazos y tiempos estimados.

En un comunicado, señaló que "aquellas diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación resulta completamente ajenas e independientes de los salarios de trabajadoras y trabajadores representados, quienes no pueden ni deben esperar de disposiciones reglamentarias, convenios, rendiciones, etcétera para percibir sus haberes. No admitiremos que se ponga a los trabajadores como rehenes de la problemática del servicio".

En su momento, el gremio informó que se había pactado un salario total conformado de 262.000 pesos a partir del 1 de abril; de 284.000 pesos a partir del 1 de mayo y de 320.000 pesos a partir del 1 de junio, tanto en los servicios de corta y media distancia del AMBA y del interior. Y también se acordó un el siguiente trimestre: 346.000 pesos a partir del 1 de julio, de 374.000 pesos a partir del 1 de agosto y de 404.000 pesos a partir del 1 de septiembre.

La UTA paralizará el servicio de colectivos de corta y media distancia en todo el país: reclaman aumentos

Intervención del ministerio de Trabajo para evitar el cese de tareas

En el marco de las discusiones salariales con las cámaras patronales, el 19 de mayo pasado la UTA había dispuesto un paro nacional que la cartera laboral que dirige Raquel "Kelly" Olmos evitó aplicando la conciliación obligatoria. Al finalizar el encuentro, Fernández sostuvo que "nuestra posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente".

También hay que señalar que el gremio vive una dura interna donde la Agrupación Juan Manuel Palacios, que lidera Miguel Angel Bustinduy, también había anunciado una huelga porque no les permitían asumir autoridades en unas cinco seccionales. Dicha fracción levantó la protesta pero la UTA la ratificó por la demanda salarial, aunque finalmente acató la resolución ministerial.

¿Los empresarios empujar a la UTA al conflicto?

Por su parte, los empresarios ratificaron que no tienen los fondos para pagar el aumento salarial. Voceros del sector admite que el cese de actividades "va a hacer visible la problemática" de la actividad. En el Gobierno, en tanto, admiten que hay "una especie de trabajo de pinzas, donde se presiona desde las patronales para que se les suba los subsidios, y así hacer frente al pago de salarios.

De hecho, las amenazas de huelga de la UTA y la reducción de servicios de las empresas han sido moneda corriente en los últimos años, aunque las cámaras corren con ciertas desventajas a la hora de recurrir a las protestas ya que sigue vigente la norma que establece la posibilidad de suspenderle la licencia a las operadoras de colectivos que realicen paros y darle, de forma temporal, el recorrido de las líneas afectadas a otras firmas para garantizar la continuidad del servicio. Esta sanción solamente se puede aplicar cuando la protesta es convocada por la patronal y no por un gremio.

El malestar del Ministerio de Transporte es latente, ya que confirmaron que en las última dos semana se transfirió el dinero de los subsidios a las empresas; pero sin ningún tipo de aumento, por lo que consideraron que el conflicto es entre el sindicato y las empresas.

Las patronales exigen la actualización de los subsidios

Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) sostienen que "el persistente atraso en los cálculos de los mismos (que cubren el 85 por ciento de los costos), debido a la erosión inflacionaria". Los empresarios agregaron que, ante la falta de ingreso del dinero de parte del Gobierno "no hay posibilidad de avance" en las negociaciones salariales y exhortaron "a la responsabilidad de las autoridades de Transporte para que den cumplimiento a su propio marco normativo, para que la continuidad de los servicios y fuentes laborales sea posible".

Los empresarios del transporte piden al Gobierno una actualización de los subsidios

Fuentes gremiales consultada por iProfesional remarcaron que "este conflicto se debe a la exclusiva responsabilidad del sector empresario, las máximas autoridades del ministerio de Transporte de la Nación, los responsables del Transporte en las Provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la falta del acuerdo salarial".

El sindicato subrayó además que "la medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos "dañosos" que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 Millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública".