Una ley en contra de la comunidad LGBTQ perjudica la economía en Uganda

KAMPALA, Uganda — Sentado en un sofá de su pequeña oficina, Simon Azarwagye, propietario de la agencia de viajes Azas Safaris, muestra cifras en su computadora portátil, son recursos visuales para una historia que todavía se siente miserable al contar.

“¿Ves esto?”, pregunta, señalando una gráfica con el título: “Solicitudes de cotizaciones”. Representa a los 89 posibles clientes con los que se comunicó a principios de año. Todos ellos habían preguntado por recorridos a través de los bosques exuberantes de Uganda; las expediciones cuestan unos 15.000 dólares por pareja por 13 días de avistamiento de hipopótamos y gorilas.

Eso fue antes de que el Parlamento nacional comenzara a debatir una de las leyes en contra de la comunidad LGBTQ+ más severas del mundo. Incluía la pena de muerte para la “homosexualidad agravada”, definida como las relaciones homosexuales con personas discapacitadas, seropositivas o ancianas, entre otras categorías, y penalizaba la defensa de hombres y mujeres homosexuales en público.

La noticia del proyecto de ley saltó a los titulares internacionales. El día de su promulgación, a finales de mayo, el presidente Joe Biden y líderes de toda Europa amenazaron con imponer sanciones que Uganda, cuya economía es inferior a las de Libia y Sudán, no puede permitirse. En pocas semanas, 60 de los 89 clientes potenciales de Azarwagye, la mayoría de Europa o Estados Unidos, cancelaron sus planes o dejaron de contestar los mensajes.

“Me ignoraron”, comentó y señaló que por lo general logra concretar ventas con dos terceras partes de quienes le consultan. “Algunos de los que hablaron conmigo me explicaron: ‘No es seguro ir a Uganda por esa ley’”.

Desde que se promulgó la Ley contra la homosexualidad de 2023, que es como se llama de manera oficial, ha habido arrestos y cientos de violaciones a los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTQ+, según un informe de Convening for Equality, una coalición de grupos defensores de derechos humanos. Los arrendatarios han desalojado a personas homosexuales y transexuales, como exige la ley. Y el miedo está alejando a los pacientes homosexuales y transexuales de las clínicas de salud, que están obligadas por la ley a denunciarlos a la policía.

De manera indirecta, la ley está teniendo un costo económico funesto.

Los hoteleros afirman que la industria hotelera sufre las consecuencias. Los fabricantes de textiles dicen que compradores en Estados Unidos, el Reino Unido y Europa han cancelado pedidos, pues afirman que la etiqueta “Hecho en Uganda” en una prenda ahora es perjudicial para el negocio. Las empresas constructoras de Uganda afirman que los inversionistas occidentales están asustados.

“Nos reunimos en persona con una empresa de capital riesgo estadounidense y uno de los directivos de la empresa dejó claro que tenía un problema moral con la ley”, dijo Venugopal Rao, director ejecutivo de Dott Services, una empresa de construcción de Kampala, la capital de Uganda, que hace poco solicitó unos 100 millones de dólares en préstamos. “Podríamos conseguir dinero para nuestros proyectos en Tanzania y en la República Democrática del Congo. Pero no en Uganda”.

La animadversión hacia las personas homosexuales está muy arraigada en este país del este de África, de 49 millones de habitantes y sin salida al mar. Una encuesta realizada en 2022 por Afrobarometer, una red apartidista de investigación, reveló que los ugandeses eran muy tolerantes con las personas de diferentes etnias y religiones, pero muy intolerantes con los homosexuales. Cerca del 97 por ciento se declaraba a favor de leyes que penalizaran la homosexualidad y el 94 por ciento de los ugandeses afirmaba que denunciaría a un familiar o amigo gay a la policía.

Los líderes empresariales y los políticos atribuyen la intolerancia de Uganda hacia las personas de la comunidad LGBTQ+ a las tendencias marcadamente conservadoras del catolicismo y el evangelismo que dominan el país.

“Este es un país cristiano y los cristianos africanos en particular tienen una visión diferente sobre la homosexualidad”, comentó Herbert Byaruhanga de la Asociación de Operadores Turísticos de Uganda.

Byaruhanga explicó por qué su organización no ejerció presión para abolir la Ley contra la homosexualidad ni emitió un comunicado de prensa sobre el tema. Aseguró que no hubo tiempo para analizar la ley antes de su aprobación, pero incluso de haber tenido semanas para analizarla palabra por palabra, la resistencia habría sido inútil porque la ley es tremendamente popular.

“No podíamos estar en contra de la cultura de Uganda”, manifestó.

El presidente Yoweri Museveni, que ocupa el cargo desde hace mucho tiempo, ha ejercido una influencia impredecible en todo este asunto. Desde hace casi cuatro décadas gobierna Uganda con un control autocrático y ha sido acusado de torturar y asesinar a disidentes en las elecciones de 2021, según testimonios enviados a la Corte Penal Internacional.

De manera pública, ha argumentado que las personas homosexuales socavan la paz y la estabilidad y declaró que eran “repugnantes” en una entrevista de CNN.

Pero varios confidentes, entre ellos Andrew Mwenda, periodista que también es vocero del hijo del presidente, afirman que el presidente es ante todo un pragmático que se preocupa por el estado de la economía y odia la idea de que Uganda sea vista como un paria.

Mwenda y otros han presentado peticiones en contra de la Ley contra la homosexualidad, con la esperanza de que los tribunales determinen que es inconstitucional o la anulen por un tecnicismo. Ya ha sucedido antes. En 2014, un proyecto de ley conocido como “Matar a los homosexuales” fue anulado por los tribunales por la nimiedad de que se aprobó sin el cuórum necesario.

Un vocero del presidente no respondió a los mensajes de este diario.

El lunes pasado, el Tribunal Constitucional de Uganda celebró una audiencia sobre la Ley contra la homosexualidad y algunos observadores creen que el fallo podría llegar antes de fin de año o principios de enero de 2024.

“Esta es la mejor ley que el Parlamento podría haber aprobado”, comentó Mwenda. “¿Sabes por qué? Porque es tan mala que ningún tribunal podría defenderla”, concluyó.

Rumores infundados

Más de la mitad de los 54 países del continente africano tienen leyes contra la homosexualidad. Quienes promueven estas leyes las consideran una manera de deshacerse de un vestigio de la dominación colonial y combatir lo que consideran las costumbres decadentes de Occidente. El día de la votación de la Ley contra la homosexualidad, la presidenta del Parlamento, Anita Annet Among, proclamó: “El mundo occidental no vendrá a gobernar Uganda”.

Aunque Uganda recibe anualmente miles de millones de dólares en ayudas y exenciones fiscales de diversas fuentes, algunas de estas anunciaron medidas de represalia tras la aprobación de la Ley contra la homosexualidad. El Banco Mundial declaró que no iniciaría nuevos proyectos en el país y afirmó en un comunicado de prensa que quería “proteger a las minorías sexuales y de género de la discriminación y la exclusión en los proyectos que financiamos”.

A fines de octubre, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió sobre los riesgos a la reputación derivados de hacer negocios en el país. En fechas recientes, amplió una lista de funcionarios ugandeses considerados personas no gratas en Estados Unidos.

Estados Unidos redujo la ayuda directa al país y el 1.° de enero está previsto que Uganda quede excluida de la Ley de crecimiento y oportunidades para África, que proporciona a los países subsaharianos acceso libre de aranceles a los mercados estadounidenses.

Las repercusiones de la Ley contra la homosexualidad ya afectan a la economía ugandesa, aunque el alcance de las consecuencias se conocerá en los próximos meses.

Según Corti Paul Lakuma, investigador principal del Centro de Investigación de Política Económica de Uganda, el país ha crecido a un ritmo constante en los últimos años. El producto interno bruto creció dos dígitos en la década de los años 2000 y un seis por ciento entre 2010 y 2019.

Lakuma cree que el éxito se deriva de las mejoras en la infraestructura y las medidas para privatizar la industria bancaria. Además, el país es más seguro.

“En los años ochenta, tenías que estar en casa a las siete de la tarde porque si no, te podían matar”, narró Lakuma. “Ahora es un país abierto las 24 horas”.

A largo plazo, Lakuma se muestra optimista sobre Uganda, en parte porque cree que los tribunales anularán la Ley contra la homosexualidad. Otros creen que la amenaza de sanciones y penas ha dificultado que los jueces deroguen la ley sin que parezca que cedieron ante la presión extranjera.

En cualquier caso, es posible que el país ya sirva de advertencia para otros países africanos que están considerando la posibilidad de promulgar leyes contra los homosexuales. Un legislador de Kenia propuso una ley draconiana, pero los observadores políticos afirman que es poco probable que el Parlamento la apruebe o que pueda superar al poder judicial que tiene una independencia relativa.

Además, las tendencias generales en África apuntan hacia la tolerancia. En la última década, seis países africanos legalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo.

Uganda corre el riesgo de convertirse en un caso atípico.

c.2023 The New York Times Company