Yahoo Finanzas Revés judicial para la concesionaria del Acceso Norte
Autopistas del Sol (Ausol), una de las dos compañías del grupo español Abertis a cargo de las operaciones de la autopista Panamericana y el Acceso Norte, acaba de recibir una mala noticia en la disputa que lleva con el Gobierno por la extensión del contrato de concesión de ambas rutas.
Como parte del controversial proceso judicial iniciado por la gestión de Alberto Fernández para anular el contrato que le fue extendido en el 2018 por el ex presidente Mauricio Macri, acaba de recibir una notificación que anticipa que, más allá de quién gane las elecciones de este domingo 22 de octubre, la causa continuará resolviéndose en los tribunales federales.
Ocurre que la resolución dictada el 19 de octubre pasado por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mantiene en favor de la competencia del fuero contencioso administrativo federal para entender en el llamado Proceso de Lesividad.
Además, el dictamen confirmó las medidas cautelares dictadas contra AUSOL del 9 de noviembre de 2022 y 4 de julio pasado, que le dieron al Gobierno la potestad de nombrar un veedor y controlar las cuentas de la compañía.
Todo esto, en el marco de los incidentes de apelación formados en el proceso judicial caratulado "EN-DNV c/ AUTOPISTAS DEL SOL SA s/PROCESO DE CONOCIMIENTO" (Expte. N° 56892/2022), que es promovido por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en relación con el Acuerdo Integral de Renegociación Contractual aprobado por el Decreto N° 607/2018.
En un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa solamente responde que "se encuentra analizando las vías recursivas y cursos de acción a seguir frente a lo resuelto por la Cámara de Apelaciones, y mantendrá informado al mercado de cualquier nuevo hecho relevante sobre esta cuestión".
La justicia seguirá investigando la demanda del Gobierno contra la concesión de Ausol en el Acceso Norte
Defensa internacional
Cuando el año pasado el Ministerio de Obras Públicas presentó la demanda para que se declare nulo el llamado Acuerdo Integral de renegociación con Ausol, la sociedad presentó un pedido de medida de emergencia ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), tal como estaba previsto en las cláusulas de los acuerdos renegociados.
En la presentación a la CCI, que la hizo junto a Grupo Concesionario del Oeste (GCO) por también estar acusada por el gobierno de haberse favorecido en la extensión de la concesión del Acceso Oeste, ambos concesionarios pedían que se reconociera la validez del contrato y se condenase a la Argentina a cumplirlo y pagar las sumas adeudadas.
A fines de octubre de 2022, el árbitro de emergencia designado por la CCI hizo lugar al pedido de Ausol y GCO y le ordenó al Gobierno desistir en sus pretensiones de anular el contrato renegociado.
Luego, el grupo Abertis, que también es controlante de (GCO), presentó una demanda contra la Argentina en el Centro Internacional de Arreglos de Disputas sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, considerando que el país violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina de 1991.
No se trata del primer reclamo de Abertis ante el Ciadi si se tiene en cuenta que, para poder renovar los contratos con el ex gobierno de Cambiemos debió desistir de una demanda por u$s1.135 millones contra el país por los daños causados por la pesificación de los contratos en el 2001.
Origen de la controversia
El año pasado, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 633/2022 y en los términos del artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549 y de los artículos 319, 330 y ccdtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, presentó a la justicia una demanda con carácter urgente para que se dicte una medida cautelar inaudita parte (conf. art. 16 de la Ley No 26.854) a fin de que el Estado Nacional se haga cargo de la gestión del Acceso Norte.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, fue quien presentó el pedido para anular la extensión de los contratos
En este sentido, la denuncia recayó en el Juzgado N 6 a cargo de Enrique Valerio Lavie Pico, quien a partir de ahora tendrá a su cargo la acción judicial de lesividad que el Ministerio de Obras Públicas que comanda Gabriel Katopodis presentó por orden directa del presidente Alberto Fernández.
La avanzada del Gobierno en la justicia en contra de las dos empresas de Abertis tiene como objetivo que se declare nulo el decreto del 2018 firmado por el entonces gobierno de Cambiemos para renegociar el contrato con la empresa que, según las actuales autoridades nacionales, "comprometía al Estado con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios y cuya existencia no se encuentra comprobada".
El acuerdo, que lleva la firma del ex presidente Mauricio Macri, también establecía una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años. Además, para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos aplicaba subas de trifas, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte.
En cuanto a la concesión de GCO, que tiene a cargo el Acceso Oeste, el Gobierno también interpuso una acción similar de lesividad que permita modificar el convenio de renegociación con la empresa.
Las demandas apuntan a anular los acuerdos que tanto Ausol como GCO acordaron con la anterior gestión que son considerados "contrarios al interés nacional" por parte del gobierno del Frente de Todos por entender que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) algo mayor a los u$s813 millones, de los cuales u$s540 millones corresponden a Ausol y los otros u$s272 millones a GCO.
